Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Lunes 6 de enero de 2003
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Deudos aseguran que las autoridades municipales y estatales no los han ayudado

Obispo: hubo responsabilidad social y oficial en el incendio en Veracruz

Familiares y autoridad eclesiástica coinciden en que no haya impunidad en el caso

ANDRES T. MORALES Y GUADALUPE LOPEZ CORRESPONSALES

Aproximadamente 5 mil personas asistieron a una ceremonia religiosa que presidió el obispo Luis Gabriel Cuara Méndez, realizada en homenaje luctuoso a las 28 víctimas de la explosión ocurrida el 31 de diciembre en la zona de mercados del puerto de Veracruz

En su homilía, el prelado sostuvo que en el siniestro hubo "responsabilidad social y oficial". Además pidió a las autoridades "no dejar en el olvido a la tragedia".

Por su parte, deudos de las víctimas aseguraron que al momento no han recibido el apoyo que les prometieron las autoridades, y exigieron que "no prive la impunidad en el siniestro ni que los responsables evadan la justicia porque entonces será insoportable el dolor".

Concentrados en el cruce de las calles Juan Soto y Miguel Hidalgo, miles de porteños, entre deudos, locatarios, vendedores ambulantes, efectivos de Bomberos y de Protección Civil, funcionarios de distintos niveles, así como ciudadanos en general, participaron en la ceremonia religiosa con la cual se recordó a las personas fallecidas en el mismo sitio, donde el último día de 2002 explotaron puestos ambulantes que expendían juegos pirotécnicos.

Cuara Méndez exhortó a la sociedad a "unirse a la pena que embarga a los hogares veracruzanos y solidarizarse para que se alcance el consuelo necesario". Sin embargo, en entrevista posterior, el obispo porteño apuntó que "si bien no se trata de emprender una cacería de brujas, también es insoslayable el deslinde de responsabilidades para impedir que la tragedia no quede en el olvido ni en la impunidad".

Sin referirse directamente a funcionarios o dependencias gubernamentales, pero en clara alusión a la indiferencia que guardaron el ayuntamiento y otras instancias que conocieron del riesgo en la venta de explosivos en la vía pública y no hicieron nada, el obispo subrayó, al ofrecer su sermón, que "sería imperdonable dejar impune tal situación".

Al referirse el prelado a los cuerpos de socorro, la multitud aplaudió a los brigadistas y sonaron las sirenas de patrullas, ambulancias y vehículos oficiales que participaron en la movilización para controlar el siniestro del 31 de diciembre.

Por su parte, familiares de las 28 víctimas y de las personas lesionadas durante la explosión dijeron en entrevista que a la fecha no han recibido el apoyo económico prometido por los gobiernos estatal y municipal.

En tanto, el empresario Carlos Gutiérrez de Velasco, padre del alcalde del puerto de Veracruz, Ramón Gutiérrez de Velasco, negó que los locales comerciales de su propiedad, ubicados cerca del mercado Miguel Hidalgo, se usaran como almacenes clandestinos de explosivos, como se manejó en medios locales.

Confirmó que en una de sus propiedades, los baños El Edén, la Policía Intermunicipal realizó diversos cateos, pero no localizó cargamento alguno de productos pirotécnicos, como afirmó la prensa local.

Carlos Gutiérrez de Velasco dijo además sentirse "tranquilo y sin temor alguno" a ser requerido por las autoridades como posible responsable de la propiedad de depósitos de pólvora.

Mientras tanto, el coordinador de la Iglesia evangélica en la entidad, Ricardo Aquino Alfaro, recordó que las autoridades municipales de Veracruz son responsables de controlar los comercios en la vía pública, a los cuales "toleran por medio de un sistema de corrupción que se da en diferentes niveles". De esta forma, no descartó que el ayuntamiento porteño fuera responsable de la explosión. Aquino Alfaro pidió asimismo que no haya impunidad respecto al siniestro y se castigue a los culpables, "ya que cuando sucede este tipo de desgracias no hay a quién culpar".

Por su parte, el sacerdote Quintín López Cessa, párroco de la catedral de Jalapa y vocero de la diócesis de la capital de Veracruz, consideró que las autoridades deberían reglamentar la venta de juegos pirotécnicos "para evitar desgracias" como la ocurrida en el puerto jarocho.

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