Necesario, implantar planes de desarrollo comunitario

Suicidio político, cualquier desalojo violento en la reserva: investigador

ROSA ROJAS/

Cualquier intento de desalojar por la fuerza los poblados asentados en la selva lacandona "es una política suicida", porque no es posible hacer conservación sin desarrollo comunitario sustentable, señaló Víctor M. Toledo, investigador de la UNAM y Premio al Mérito Ecológico 1999.

Planteó que se requiere hacer una propuesta de modernidad alternativa, en la que se tomen en cuenta los intereses de los habitantes. Las versiones más avanzadas del conservacionismo no sólo buscan proteger la biodiversidad, sino también la diversidad cultural. Cualquier intento de usar la fuerza será una política suicida, subrayó Toledo. Mencionó que hay ejemplos en México de que se puede lograr el desarrollo comunitario con conservación, como ocurre con las reservas de la biosfera de Manantlán, Jalisco, o la de Calakmul, Campeche.

Por su parte, Martín Longoria, asesor de la Asociación Rural de Interés Colectivo Independiente y Democrática (ARIC-ID), a la que están afiliadas las 12 comunidades que podrían ser desalojadas de la reserva de la biosfera Montes Azules, indicó que para reanudar las negociaciones en la mesa ambiental -que nunca se han roto- con los gobiernos federal y estatal es necesario que sean "para que la gente se quede, que el marco sea integral, se hagan compromisos y se vaya con la intención de dar oportunidad de que las comunidades se desarrollen".

Longoria, ex diputado federal perredista y ex miembro de la Secretaría de Pueblos Indios de ese partido, comentó: "Los asesores de la ARIC-ID desearíamos que no se siga presionando a la gente, que se establezca un pacto de no desalojo y de no meter más familias a la selva, así como dar un margen de tiempo para ver si es posible que pueda haber desarrollo sustentable". Incluso podría pensarse en un reacomodo. "No sería la primera vez que la gente se reconcentre en algún pueblo, pues se dio en el siglo XVII y luego en el XX, cuando se crearon Frontera Corozal y Palestina", indicó.

Subrayó que la destrucción de la selva no es atribuible a los indígenas, sino a las acciones oficiales. La idea de "no tocar y de sacar a la gente es poco realista, pues se requiere un trabajo intenso de ayuda a la naturaleza para el renacimiento de la selva. Por ejemplo, proyectos silvipastoriles, manejo de especies silvestres y agricultura ecológica son alternativas que mediante proyectos concretos que las comunidades están iniciando ayudarían a rehacer la riqueza ambiental.

"A través del acuerdo y la negociación debe quedar claro que las comunidades actuales, tal como están, no deberán moverse. Debe suspenderse cualquier crecimiento exógeno, que no se permita que llegue más gente. El endógeno son 300 familias en 30 poblados, 12 de la ARIC Independiente, 12 de zapatistas y otros seis sueltos. Puede ser soportado si nos diéramos la oportunidad de iniciar un desarrollo sustentable, con granjas de lagartos, armadillos y venados. De ahí saldría para repoblar el acahual y para hacer sostenible la vida de las comunidades.

A su vez, el vocero de Maderas del Pueblo del Sureste, Luis Miguel Robles, manifestó que a menos de que el gobierno federal pretenda militarizar las riberas de todos los ríos de la región, como el Usumacinta, Perlas, Lacantún y Tsendales, para evitar que siga llegando nueva población a la selva, es necesario que la gente que ya está ahí cuide ese frágil ecosistema, que cambie su forma de vida y se convierta en cinturón que evite que otras personas y narcotraficantes se introduzcan. "El problema es que hay que solucionar las causas que han llevado al desplazamiento de la gente", como el conflicto con el EZLN y la violencia que se ha ejercido contra sus bases, apuntó.

Nadie puede ser excluido: Toledo

Toledo, autor del libro La paz en Chiapas. Ecología, luchas indígenas y modernidad alternativa, editado en 2000 por la UNAM y Ediciones Quinto Sol, enfatizó: "La salida es el consenso, nadie puede ser excluido. Hoy día la propuesta de desarrollo sustentable es multisectorial. Tienen que participar investigadores, organizaciones no gubernamentales, gobiernos federal y estatales, instituciones patrocinadoras y pueblos indios.

Cualquier actitud unilateral de cualquier sector es inadecuada".

Mencionó que el modelo mexicano de conservación sí toma en cuenta la alianza que debe haber entre los sectores más avanzados del conservacionismo y las organizaciones y pueblos indios para lograr el desarrollo comunitario inteligente y la preservación de la biodiversidad con uso conservacionista de los recursos naturales.

Advirtió que los avances comunitarios no tendrán éxito si no tienen equivalencia en los consumidores, con un mercado ecológico y una economía solidaria, que de hecho se está empezando a dar con la creación de cadenas -desde lo productivo hasta los consumidores- para comercializar los productos orgánicos que se produzcan en las zonas de preservación ecológica, con una filosofía de comercio justo.

No habrá dinero que alcance

Robles Gil comentó que quizá habría que hacer reacomodos de algunos asentamientos en Montes Azules, "pero ahí mismo", porque hay algunos integrados por cuatro o cinco familias, pero no bajo el esquema mediante el cual se crearon Palestina y Frontera Corozal -ambas, consideradas subcomunidades, están exigiendo el desalojo-, porque, por ejemplo, en Palestina se reubicaron 16 poblados que ahora son barrios. "Es toda una ciudad que está en la orilla de la reserva, pero sus trabajaderos se adentran en la reserva. Ahora tienen 800 solicitantes de tierra, porque a pesar de ser una subcomunidad de bienes comunales ellos se deslindaron como si fuera un ejido aparte, los derechos se parcelaron, desmontaron, hicieron puros potreros y a sus hijos no les permiten aprovechar esas parcelas."

Enfatizó que en el esquema comunal "cada quien aprovecha lo que necesita pero no acapara. Estas son parcelas de 50 hectáreas, individuales, casi como propiedad privada, porque ahora los de Nueva Palestina están exigiendo separarse de la comunidad y constituirse en ejido, como establece la ley agraria, y después meter el Procede para que sean propiedad individual. En este proceso no tienen cabida los 800 solicitantes, que son sus hijos. Ese es otro factor de inestabilidad, porque se van a meter a la selva pero eso no lo dicen ni la Reforma Agraria ni la Semarnat. Muchos son potreros abandonados que están siendo invadidos por la grama que está desplazando los pastos finos. Por el mismo rumbo va Frontera Corozal. En Palestina había selva alta y se está convirtiendo en sabana. Es un ecocidio", indicó el vocero de Maderas del Pueblo.

Comentó que en la línea oficial de sacar a la gente de la selva, suponiendo que encontraran algunos que vendan sus tierras, ocurrirá lo que con El Jardín, asentado en la selva desde 1969, que tiene solicitud de ampliación, 120 solicitantes de tierras hijos de ejidatarios. A raíz del levantamiento zapatista, en 1994, ellos invaden Nahá, que "en ese tiempo estaba fuera de la comunidad lacandona. Pero es hasta 1998 cuando la Reforma Agraria regulariza Nahá. Ponen un pequeño asentamiento en 90 hectáreas y siembran. Interviene el gobierno, llegan a un acuerdo de que se salgan, de que las van a comprar tierras, pero ese acuerdo no se cumple y en el 2001 vuelve El Jardín al lugar que había ocupado en 1994. Interviene Pablo Salazar, los convence de que se salgan, les dice que él va a solucionar el problema. El Jardín acepta la reubicación, pero pone como condición que sea en Ocosingo y que ellos escojan la tierra.