Gobierno y lacandones los acusan de delitos ambientales

Veinte demandas contra indios de Montes Azules

En los próximos días se reactivarían los juicios

JUAN BALBOA CORRESPONSAL

San Cristobal de Las Casas, Chis., 5 de enero. Los pobladores de unos 40 asentamientos ubicados en la reserva de la biosfera Montes Azules, uno de los últimos reductos de bosque tropical, comenzaron este año acorralados y amenazados por unas 20 denuncias judiciales. La comunidad lacandona los acusa de despojo y dependencias del gobierno federal de delitos ambientales. Los juicios podrían ser reactivados en los próximos meses, para posteriormente dar paso a los desalojos.

La comunidad lacandona presentó en meses recientes las denuncias de despojo ante autoridades judiciales de la federación y del estado, pues considera que le pertenecen las tierras a partir de decretos emitidos durante el gobierno del presidente Luis Echeverría. A las demandas de los lacandones se suman cuatro de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Documentos de la Dirección Nacional de Areas Naturales Protegidas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) confirman que la comunidad lacandona presentó al menos 16 denuncias por despojo y las averiguaciones previas han sido integradas. Señalan que 31 asentamientos de pobladores provenientes de las cañadas y Altos de Chiapas -muchos están vinculados con el EZLN- se encuentran dentro de las tierras de los lacandones.

La Dirección Nacional de Areas Naturales Protegidas asegura que la tasa de deforestación en Montes Azules ha sido de 593 hectáreas por año, principalmente en el periodo 1970-1993, pero destaca que desde 1994 les ha sido difícil el acceso a la zona para evaluar los daños y presentar otras denuncias por delitos ambientales.

Los gobiernos estatal y federal mantienen una relación casi de complicidad con la comunidad lacandona, a la que le dan a conocer cada una de las acciones que realizarán contra los asentamientos irregulares de Montes Azules. Las pequeñas chozas que abandonaron cuatro familias a finales de diciembre del año pasado en el asentamiento conocido como San Pablo o Lucio Cabañas fueron destruidas inmediatamente por los lacandones, quienes estaban informados del desalojo.

De acuerdo con testimonios recabados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), las cuatro familias desalojadas y trasladadas por funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a la ciudad de Comitán, con la promesa de entregarles 20 hectáreas por familia, perdieron todos sus utensilios, porque fueron destruidos por los lacandones.

Las familias dejaron sus pertenencias y fueron trasladadas a un albergue en Comitán. Una de las personas entrevistadas por los promotores del CDHFBC declaró:

"Ya que estábamos aquí nos trajeron nuestras ollas y otras pertenencias que dejamos, pero llegaron rotas. Ya no sirven. Los policías nos dijeron: 'los lacandones entraron y destruyeron los utensilios'. Para qué queremos así nuestras cosas, si ya no sirven. Aquí estamos pobres, jodidos, desplazados."

Y se preguntan:

"¿Por qué los lacandones tienen más derechos que nosotros? Nosotros también somos indios, mexicanos y chiapanecos, y no tenemos tierras. En cambio, los lacandones tienen mucha. ¿Ellos tienen más derecho que nosotros? ¿Valen más que nosotros?"

El CDHFBC hizo una investigación de la dramática historia del primer grupo que fue desalojado de Montes Azules por la Profepa. Integrado por indígenas choles, el grupo ha sufrido cuatro desplazamientos sin que hasta la fecha el gobierno haya atendido su derecho a la tierra.

Son originarios de Tontiepá, municipio de Tila. Por falta de tierras, en 1992, se fueron de Tila a la zona de Marqués de Comillas, donde fundaron la comunidad Río Salinas. El segundo desplazamiento lo realizaron el 2 de noviembre de 2000, asentándose en la comunidad Absalón Castellanos, en la zona de Marqués de Comillas.

El tercer desplazamiento lo efectuaron el 5 de marzo de 2002, cuando se trasladaron a la comunidad Agua Dulce. Finalmente, el 29 de octubre pasado se internaron en Montes Azules, instalándose en la comunidad Arroyo San Pablo, de donde fueron desalojados por las autoridades en diciembre pasado.

"El problema central es el desplazamiento forzado, sin reparación del daño por parte de autoridades. En consecuencia, se vieron obligados a ocupar tierras. Entonces, de ser víctimas pasan a ser delincuentes, por haber despojado al gobierno de tierra para luego sufrir nuevamente otro hecho: el desalojo sin una verdadera solución. Este hecho forma parte de la amplia realidad del conflicto armado irresuelto", subraya el organismo.

Se privilegia la lógica de la inversión económica: CDHFBC

El CDHFBC asegura que el verdadero interés de los gobiernos estatal y federal de desalojar a los indígenas de Montes Azules es para apropiarse recursos naturales, con el propósito de formar zonas reservadas al sector privado e impulsar proyectos de bioprospección.

En una investigación, el CDHFBC considera que la dimensión de la guerra contra los habitantes de la reserva es económica y las víctimas serán una vez más los indígenas desplazados por la falta de tierras. "Se privilegia la lógica de la inversión económica", asegura.

Señala que con la aprobación del proyecto neoliberal el gobierno estatal que preside Pablo Salazar Mendiguchía se comprometió a darle continuidad a la implementación del Plan Puebla-Panamá, para posibilitar zonas reservadas, proyectos de bioprospección, reubicación de comunidades y limitar derechos agrarios.

El CDHFBC precisa que los argumentos oficiales son que la gente representa un peligro ecológico, que están violando las leyes de reserva y, por tanto, merecen castigo.

"Consideramos que el verdadero interés de varios funcionarios de los gobiernos estatal y federal radica en los recursos naturales, pero excluyendo a la población indígena y privilegiando la lógica de inversión económica. Por tanto la guerra es económica."