Asegura Martínez Bullé-Goyri que funcionarios de la dependencia son "cómplices"
Denuncia visitador de la CNDH omisión de la SEP en casos de abuso sexual
VICTOR BALLINAS
El primer visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Víctor Manuel Martínez Bullé-Goyri, denunció "la actitud omisa de las contraloría interna de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de complicidad por parte de funcionarios de esa dependencia para no sancionar a profesores que han violado, agredido y maltratado a menores".
La CNDH, precisa el funcionario, ha girado en los dos últimos años cuatro recomendaciones a la SEP, dos por abuso sexual de menores y dos por maltrato físico y emocional. "Fueron aceptadas, pero por parte de Educación Pública tienen cumplimiento parcial y por parte de la contraloría hay omisión o sanciones leves a los responsables; con ello se fomenta la impunidad".
Martínez Bullé-Goyri advierte: "No sabemos en realidad cuál es la situación del respeto a los derechos humanos de los menores en las escuelas. A raíz de la última recomendación por abuso sexual -la 39/2002-, la subsecretaria de Servicios Educativos para el Distrito Federal, Sylvia Ortega Salazar, comentó que tienen otros 60 casos reportados, pero 'por supuesto -nos dijo-, ninguno de esta gravedad', pero no nos explicó de qué tipo, si es por abuso sicológico, maltrato o agresiones. Es inquietante para la CNDH que la funcionaria no haya precisado la información; ojalá dé a conocer públicamente de qué casos se trata".
El primer visitador dijo a La Jornada que "es necesario que la SEP dé a conocer cada uno de esos casos, para saber la gravedad del problema y si tenemos competencia para investigar las violaciones a derechos humanos que se hayan cometido contra menores, porque las agresiones dañan mucho a los niños y si no se informa a la opinión pública se puede estar generando impunidad".
Molesto por la actuación de autoridades de la SEP ante las agresiones a menores, abunda: "Los funcionarios y los directores de los planteles escolares donde se han comprobado ultrajes a menores no actúan con diligencia, le restan importancia a la gravedad del caso", y en su mayoría se limitan a cambiar a los acusados de adscripción.
El último caso, correspondiente a la recomendación 39/2002, por abuso a varios menores por sus maestros, refiere, "es aberrante e indigna la actuación de funcionarios de la SEP y la actuación de funcionarios de la propia Procuraduría General de Justicia. La queja nos llegó de rebote, porque en la PGJ les dijeron a los papás que habían puesto la denuncia que el caso se iba a tardar hasta tres años, y por parte de la SEP se minimizaba el problema, se ocultó a los padres lo ocurrido y los niños estaban amenazados por sus maestros para que no dijeron nada. Esto no puede ocurrir, no puede tolerarse".
La primera recomendación por violación que la SEP recibió fue la 16/2001, de fecha 11 de julio. Se acusó a un prefecto de la Secundaria Técnica 14, de 50 años de edad, de violar a una niña de 12 años. "No obstante que directivos y empleados de esa escuela supieron del ultraje no actuaron en consecuencia. Por el contrario, hasta que los padres de la menor denunciaron el hecho al empleado se le cambió de adscripción y se le exhortó a que 'siguiera desempeñando sus funciones con el mismo esmero y eficiencia', lo que denota claramente una actitud de protección", asevera el visitador.
"Sin ninguna investigación, le cambiaron la adscripción al violador sin sancionarlo, y con ello se puso en peligro la integridad de las alumnas del centro escolar al que esa persona fue trasladada", señala Martínez Bullé-Goyri. Sin embargo "en este caso, es el único, se nos informó que el prefecto fue inhabilitado por 10 años".
La segunda recomendación a la SEP fue porque un maestro de educación física agredía física y verbalmente a educandos del quinto grado en la escuela primaria Profesor Caritino Maldonado Pérez. "En lugar de llamarlos por su nombre, el maestro ponía calificativos a los menores, les decía 'marías', 'tontos' y 'retrasados mentales' y los amenazaba con aventarles agua fría para despertarlos.
"El tono que usaba para referirse a las niñas era ofensivo, les decía que no abrieran mucho las piernas porque se les iba a romper una telita e iban a sangrar y los hombres ignorantes pensarían que ya no eran señoritas.
"Y a la niñas más grandes les decía que se quitaran la sudadera porque tenían mucha pechonalidad."
Primero, añade el visitador, "la directora del plantel referido dijo a los padres de las menores que la SEP había investigado y no encontró nada al respecto. Y no fue sino hasta que hubo una actuación de la CNDH cuando se cambió de adscripción al maestro. Se pidió sanción administrativa al profesor y se informó que fue sancionado con 60 días sin sueldo".
La tercera recomendación de la CNDH a la SEP fue la 27/2002, por "toqueteos de un maestro contra dos de sus alumnos en la Secundaria 147, turno matutino".
En este caso, señala Martínez Bullé-Goyri, se constató la complicidad del director del plantel, del supervisor y de otros maestros, pues en lugar de poner al inculpado a disposición del área que investiga, "actuaron de forma negligente y no dieron cuenta a las autoridades competentes sino hasta 54 días después de ocurridos los hechos. Y tratando de arreglar el asunto internamente, los menores fueron careados con el maestro, quien aceptó que les agarraba el cuerpo, y prometió que eso no volvería a suceder". En este caso no se tienen pruebas de cumplimiento.
Respecto a la última, la 39/2002, "la SEP está en tiempo de contestar". Sin embargo, insiste el funcionario, "el proceder de funcionarios de la SEP ante violaciones y agresiones a niños es esconder al agresor, solaparlo y cambiarlo de adscripción. Incluso, hemos detectado casos en que los directivos y maestros saben de los hechos y actúan de manera negligente".
Sin embargo, reconoce el hecho de que "al menos en un caso, la contraloría interna impuso una sanción ejemplar: al prefecto que violó a una menor lo inhabilitaron 10 años, pero en el resto de los casos su conducta es omisa".
