Propone al Congreso modificar esas medidas
Pierde Hacienda $328 mil millones por estímulos fiscales y devoluciones
ANTONIO CASTELLANOS
La Secretaría de Hacienda reconoció que por concepto de estímulos fiscales, tasas diferenciadas y otros rubros, como devolución de impuestos, dejan de ingresar a la Federación cada año más de 328 mil millones de pesos. Frente a este panorama, propuso al Congreso una serie de modificaciones legales que cierren esos espacios y terminen con esa pérdida de recursos que podrían ser canalizados a gasto social e inversión.
Por lo pronto anunció que se intensificará la acción conjunta del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal de la Federación para reducir la evasión al fisco. El titular de esta última, Juan Carlos Tamayo, afirmó que el problema de la evasión es muy grave. Ha lacerado las arcas del gobierno federal y ha generado un costosísimo mecanismo de control.
Las autoridades hacendarias tratan de establecer mecanismos que permitan el combate efectivo a la evasión fiscal; se trata también de evitar que los procesos legales se pierdan. Para tal fin se propuso una modificación en el Código Fiscal de la Federación, concretamente en el artículo 22, para que las devoluciones de impuestos se hagan de manera directa a quien generó o a quien cubrió el impuesto correspondiente.
El vocero de la secretaría de Hacienda, Raúl Martínez-Ostos, manifestó al respecto que la evasión fiscal no es por ineficiencia del SAT. Se habla de cientos de miles, y eso es cierto, pero no es por falta de eficacia del sistema tributario; los recursos que dejan de entrar a la federación superan el 5 por ciento del producto interno bruto y que serían superiores a 328 mil 670 millones de pesos.
Al Congreso, precisó, se entregó un documento sobre gastos fiscales, en los que se admite que dejan de ingresar a la Federación por concepto de estímulos fiscales y tasas diferenciales, varios cientos de miles de millones de pesos, pero no por ineficiencia de la vigilancia fiscal, sino por disposiciones legales que es necesario cambiar.
No se cuestiona la labor de fiscalización de la Secretaría de Hacienda, recalcó Martínez-Ostos, sino que se busca cerrar esos espacios y las ineficacias asociadas, por ejemplo, a tasas diferenciadas que tienen un impacto significativo sobre las finanzas públicas.
El subsecretario de Ingresos, Rubén Aguirre, manifestó por su parte que la instrucción del Ejecutivo federal es mantener una lucha contra la corrupción; no debe ser facultad exclusiva de la Secretaría de la Contraloría.
Como resultado de lo anterior se tienen presentadas 218 denuncias ante la Procuraduría General de la República; 10 por ciento de estas se hicieron a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Todas son en contra de funcionarios deshonestos que han propiciado la evasión fiscal.
Aguirre informó que se han removido 222 servidores públicos a quienes se comprobó situaciones irregulares y no se admitió el ingreso de otras 234 personas, que no reunieron el perfil que exigen las autoridades fiscales.
De manera permanente, concluyó, se busca a servidores públicos bajo sospecha de enriquecimiento ilícito. En la práctica se han encontrado a funcionarios con fortunas inexplicables para sus percepciones salariales y por ello se ha decidido removerlos del cargo.
