Jenaro Villamil
CNI-Tv Azteca, la mordaza al revés
La madrugada de hoy viernes se cumple una semana de la confiscación de la señal de CNI-Canal 40 por Tv Azteca. Durante este lapso, el silencio oficial se ha convertido en la auténtica "nota", al grado de que 2003 se inaugura con un nuevo fenómeno del estilo foxista de gobernar: la ley mordaza aplicada al revés. Es decir, la autocensura de los funcionarios federales, que demuestran así el temor de ejercer su función pública frente a los intereses de un poderoso consorcio televisivo que, como en sus mejores épocas, se apropia de una señal concesionada, emprende un linchamiento televisivo y construye una versión antijurídica y antiperiodística de los hechos.
Basta observar el inaudito espacio "informativo" que entre el miércoles 1o. y el jueves 2 de enero aplicaron los distintos segmentos de Fuerza Inforativa Azteca para acusar a Javier Moreno Valle, accionista mayoritario de Canal 40, de "secuestrar" la señal de Tv Azteca, de vivir "al margen de la ley" y de ser un "profesional de la invasión", como subrayó en su peculiar estilo el conductor Javier Alatorre, quien pareció responder a un guión prestablecido, que incluyó el montaje de escenas con invasores de predios, declaraciones fuera de contexto de Moreno Valle a Ciro Gómez Leyva y "sondeos" de opinión con televidentes que apoyan al canal de Ricardo Salinas Pliego. La intimidación mediática y jurídica también es el fuerte de la televisora del Ajusco: ya anunció demandas por difamación contra el periodista Gómez Leyva y contra los siete trabajadores de Canal 40 que denunciaron ante la PGR los delitos de daño en propiedad ajena, intimidación y amenazas.
El más elemental derecho de obtener información veraz, ponderada e imparcial se ha visto absolutamente rebasado. El litigio que originalmente debió resolver un juez mexicano se ha transformado en una batalla mediática en la que el pudor no cabe.
El noticiario de CNI-Canal 40, del pasado lunes 30 de diciembre, con Denisse Mercker a cuadro, abundó sobre las declaraciones de los siete trabajadores del cerro del Chiquihuite que operaban la señal de esta televisora. Curiosamente, estas declaraciones y los desplegados de Tv Azteca coinciden en algo fundamental: nunca existió una orden judicial mexicana que le permitiera a la televisora del Ajusco utilizar fuerzas privadas para apropiarse de la señal de CNI.
Este hecho incontrastable no ha merecido ningún comentario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a pesar de que la Ley Federal de Radio y Televisión, aún vigente, estipula las responsabilidades de esta dependencia en materia de otorgamiento de concesiones, vigilancia del espectro radioeléctrico, evaluación del buen uso de las concesiones, vigencia y refrendo de las mismas, en los artículos 13 al 39. El propio reglamento que avalaron los concesionarios el 10 de octubre pasado, subraya en su artículo 13 que corresponde a la SCT evaluar "el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los títulos de concesión". ƑAcaso en algún lugar señala que alguien puede apropiarse de una concesión con sólo un laudo arbitral de una corte internacional?
Tampoco la Secretaría de Gobernación ni su Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía han considerado digno de una opinión o de una acción el hecho inaudito de la apropiación de una señal televisiva por otra televisora. El reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión establece en los artículos 51 y 53 que corresponde a RTC imponer las sanciones a quienes violen las disposiciones de la ley.
El recién instalado Consejo Nacional de Radio y Televisión también ha mantenido silencio. Según el reglamento, este órgano "debe constituirse en un instrumento de orientación de la política pública y de asesoría del Ejecutivo federal en materia de radiodifusión, capaz de satisfacer las necesidades de los concesionarios, del público, de los anunciantes y de la sociedad civil, a la cual se otorga participación de dicho consejo". Su "orientación" no se ha visto por ningún lado.
En sus considerandos, el reglamento en vigor desde el famoso decretazo subraya que uno de los objetivos en el régimen de televisión y radio privadas es lograr "certeza jurídica", así como "transparencia y seguridad en el otorgamiento y refrendo de concesiones y permisos". Hasta ahora lo único transparente en el litigio de CNI y Tv Azteca es el silencio ominoso del gobierno, y la mayor "certeza jurídica" es que quien ose criticar la explicación de Tv Azteca puede ser condenado a la invisibilidad o a una demanda por difamación.
El silencio oficial ha sido condenado solamente, a nivel de dirigencia partidista, por el Partido de la Revolución Democrática. Rosario Robles emitió un comunicado en el que emplaza a las autoridades a dar una explicación sobre los hechos y condena la apropiación irregular de un bien nacional. A nivel individual, Javier Corral, senador del PAN, una vez más aparece a contracorriente de las posiciones de la dirigencia de su partido y del propio gobierno federal, quienes alimentan con su autocensura infinidad de especulaciones y suspicacias.
