Emilio Pradilla Cobos
Reforma fiscal para el DF
Hoy parece necesario reformular la política de ingreso y gasto para el DF, desde la izquierda, con visión de largo plazo y de cambio estructural, y criterios de justicia y equidad social, sin sujetarla a metas de popularidad o beneficio electoral inmediato. Es una responsabilidad conjunta de los poderes Ejecutivo y Legislativo locales y federales.
Debe reforzarse la demanda al Congreso y al gobierno federal, hecha desde 1997, de asignar en el presupuesto federal un monto equitativo de participaciones y transferencias, que se acerque al aporte que hace la ciudad al erario nacional, manteniendo el criterio redistributivo hacia las entidades más pobres y atrasadas. Hay que negociar la retribución al DF de los costos de ser una metrópoli mediante un Fondo Metropolitano de Desarrollo, con aportes proporcionales de la federación, las entidades y los municipios y delegaciones, aplicando el criterio de compensación por el grado de desarrollo socio-económico; incluir la demanda de que la federación asuma la deuda contraída por el antiguo Departamento del Distrito Federal para financiar obras de interés metropolitano; solicitar el pago de los costos de ser la capital, mediante la eliminación de las exenciones fiscales y del pago de servicios a los poderes federales asentadas en el DF, y la entrega de un fondo compensatorio por los sobrecostos derivados de esta presencia.
Hay que lograr consenso social y político para una reforma fiscal local cuyos ejes sean: a) combatir la evasión fiscal y del pago de tarifas, sobre todo de los sectores empresariales y de altos ingresos; b) establecer escalas más progresivas de impuesto predial, según el valor comercial, la dimensión de la propiedad y el uso reproductivo o mercantil rentable del suelo, y el ingreso de los propietarios; en ese marco podrían darse mayores exenciones a los sectores empobrecidos; c) fijar tarifas progresivas de agua potable y drenaje, siguiendo criterios de progresividad por lo consumido, el uso dado y el nivel de ingreso de los usuarios, para que en conjunto se pague el costo real del suministro; d) en el transporte público, establecer subsidios a sectores específicos que lo ameritan, reduciendo el subsidio generalizado y recuperar en el conjunto el costo del servicio prestado; y e) introducir un sistema de rentas por el uso del espacio público aéreo y subterráneo por las empresas mercantiles.
Por el lado del gasto, hay que cambiar las prioridades de inversión y gasto corriente del actual gobierno. Proponemos: a) orientar el gasto social hacia la garantía universal de derechos sociales esenciales, sustentados en leyes e instituciones públicas; b) buscar fuentes alternas de financiamiento para la política compensatoria y asistencial de ayudas monetarias, para que no graven a los sectores populares en igual situación de pobreza que los beneficiarios; esto es crucial si consideramos el envejecimiento de la población y el agravamiento de los procesos sociales a cuya compensación se orientan los apoyos, lo que puede llevar a su inviabilidad presupuestal; c) modificar la política restrictiva del bando 2, para eliminar la situación de monopolio que eleva el costo del suelo, y realizar más acciones de vivienda, de mayor calidad, con los recursos disponibles; d) suspender la construcción de nuevas vialidades, sobre todo el segundo piso a Periférico y Viaducto, y reorientar los recursos al mantenimiento, mejoramiento y ampliación de los sistemas de transporte público -Metro, trolebuses y camiones-, y la infraestructura que los sustenta; e) hacer prioritaria la inversión para atender la cuestión hidráulica -servicio de agua potable y drenaje- en el DF y la Zona Metropolitana; f) orientar el gasto a la solución de las causas socio económicas de la pobreza, la informalidad y la violencia, y no hacia el combate a sus efectos, sobre todo la delincuencia; en vez de aumentar el presupuesto para seguridad, mejorar su eficiencia mediante cambios de fondo en sus aparatos; g) revisar la política de estímulos y exenciones a inversionistas en proyectos urbanos, y de inversión pública de apoyo a estos, estableciendo con ellos contratos transparentes que garanticen el retorno del gasto público y/o la derrama de beneficios a las áreas y sectores empobrecidos en los ámbitos en los que se desarrollan; y h) revisar la política de austeridad para no desmantelar el aparato estatal o acentuar su ineficiencia por falta de recursos para operación, mantenimiento, reposición de equipo y modernización, y establecer una relación adecuada entre inversión, gasto de mantenimiento y de operación eficiente de los servicios públicos.
El debate sobre estos temas no debe ser coyuntural, cuando hay que aprobar el presupuesto anual; debe plantearse como un proceso democrático de participación ciudadana sin límite de tiempo, hasta llegar a consensos sociales que garanticen alternativas viables y progresivas de solución y lograr las reformas legales correspondientes.
