Martí Batres Guadarrama

ƑDónde está el gobierno?

Seguramente en la confrontación entre Televisión Azteca y CNI-40 hay intereses económicos de ambas empresas. Sin embargo, no es sólo una disputa que se circunscribe a dicho jaloneo. Más allá de intereses económicos, publicidad, espacios u otros recursos que estén en juego entre ambas televisoras, hay un conjunto de problemas de fondo, gravísimos, y que atañen al país.

Por ejemplo, CNI-40, la empresa afectada directamente al salir su señal del aire y ver reducida su difusión exclusivamente a las televisoras locales de cable, es uno de los espacios televisivos más críticos e independientes. El perfil de sus noticiarios y de otros programas de análisis producidos en años recientes no lo encontramos con frecuencia en otros canales de la televisión. Canal 40 se ganó un espacio en el mundo de los medios electrónicos con su propia personalidad. Su estilo, su calidad periodística, forman parte de la incipiente diversidad televisiva. La ausencia de su programación en el Distrito Federal y área metropolitana es un golpe a la pluralidad del país.

Pero más allá de esta apreciación sobre el valor y la calidad de contenido en CNI-40, cuestión en la que otros podrían tener opiniones distintas a la nuestra, lo más preocupante es la ausencia del gobierno en tal litigio. Al parecer un grupo privado, por su cuenta y riesgo, asume las funciones del Estado. Se arroga el derecho de intervenir, sustituyendo a la fuerza pública, para hacer valer la resolución judicial de un órgano jurisdiccional internacional.

El uso de la fuerza para la ejecución de una resolución judicial es monopolio del Estado. Sólo éste puede obligar a un particular al cumplimiento de la ley. Adicionalmente tendría que determinarse si las resoluciones de la Corte Internacional de Arbitraje realmente favorecen a la televisora del Ajusco. Y si tal fuera el caso, todavía estaría por verse que dichas resoluciones puedan ser coercibles y estén por encima de las resoluciones del Poder Judicial mexicano. Es decir, que pueda utilizarse la fuerza para su cumplimiento.

Más allá de este litigio particular existe un fondo jurídico aún más profundo. Las concesiones de televisión no son artículos de comercio que puedan mercantilizarse entre particulares libremente. Las concesiones las otorga el Estado, pues el espacio aéreo por el que se trasmiten la señales televisivas es propiedad originaria de la nación. Así, sólo el Estado puede retirar una concesión a un particular para entregarla a otro.

El silencio y la pasividad del gobierno federal en este caso lo exhibe como un poder público que se niega a sí mismo, que abdica de sus atribuciones, que cede sus funciones a los particulares, que renuncia a expresar el interés general para hacer cumplir la ley. Para este caso no hay gobierno y no hay Estado.

No parece casual que así sea, más bien contrasta la actitud del gobierno si la comparamos con muchas otras situaciones. Así, por ejemplo, si se trata de privatizar el sector eléctrico nacional el gobierno aprieta aquí y allá. Presiona, invierte recursos, moviliza a sus funcionarios, paga publicidad, se entrevista con las fuerzas políticas, invita a mandatarios extranjeros a hablar sobre el tema, difunde en el mundo su propósito. Pero para el caso concreto al que nos referimos en este texto no hay gobierno.

Pareciera que asistimos a una suerte de gobierno electrónico privado, en el que la poderosa esfera mediática se sobrepone al espacio formal de la representación popular en el que está depositada la voluntad de la ciudadanía. De igual forma, pareciera que priva la ley de dejar hacer a quien tiene cercanía con este gobierno.

Por lo pronto, al momento de escribir estas líneas han pasado ya muchos días como para que la Procuraduría General de la República determine si hay una orden judicial que debe ser aplicada por la fuerza o no. También han pasado muchos días, suficientes, para saber si la fuerza utilizada el pasado 27 de diciembre provino de alguna corporación del Estado o se encomendó a particulares hacerla. Mientras tanto el gobierno federal brilla por su ausencia, silencio y omisión. Ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni la propia Secretaría de Gobernación se han manifestado al respecto. Entonces, Ƒdónde está el gobierno?