Emilio Pradilla Cobos
Reforma fiscal para el DF
Hoy parece necesario reformular la política de ingreso y gasto para el Distrito Federal desde la izquierda, con visión de largo plazo y de cambio estructural, criterios de justicia y equidad social, sin sujetarla a metas de popularidad o beneficio electoral inmediato. Es una responsabilidad conjunta de los poderes Ejecutivo y Legislativo locales y federales.
Debe reforzarse la demanda al Congreso y al gobierno federal, hecha desde 1997, de asignar en el presupuesto federal un monto equitativo de participaciones y transferencias que se acerque al aporte que hace la ciudad al erario nacional, manteniendo el criterio redistributivo hacia las entidades más pobres y atrasadas. Hay que negociar la retribución al Distrito Federal de los costos de la metropolidad mediante un fondo metropolitano de desarrollo socioeconómico, incluir la demanda de que la Federación asuma la deuda contraída por el antiguo Departamento del Distrito Federal para financiar obras de interés metropolitano, solicitar el pago de los costos de la capitalidad, mediante la eliminación de exenciones fiscales y de pago de servicios a los poderes federales asentados en el Distrito Federal, y la entrega de un fondo compensatorio por los sobrecostos derivados de esta presencia.
Hay que lograr consenso social y político para una reforma fiscal local, cuyos ejes sean: a) combatir la evasión fiscal y del pago de tarifas, sobre todo de los sectores empresariales y de altos ingresos; b) establecer escalas más progresivas de impuesto predial, según el valor comercial, la dimensión de la propiedad y el uso reproductivo o mercantil rentable del suelo y el ingreso de los propietarios; en ese contexto podrían darse mayores exenciones a los sectores empobrecidos; c) fijar tarifas progresivas de agua potable y drenaje, siguiendo criterios de progresividad por lo consumido, el uso dado y el nivel de ingreso de los usuarios, para que en conjunto se pague el costo real del suministro; d) en el transporte público, establecer subsidios a sectores específicos que lo ameritan, reduciendo el subsidio generalizado, y recuperar en el conjunto el costo del servicio prestado; e) introducir un sistema de rentas por el uso del espacio público aéreo y subterráneo por las empresas mercantiles.
Por el lado del gasto, hay que cambiar las prioridades de inversión y gasto corriente del actual gobierno. Proponemos: a) orientar el gasto social hacia la garantía universal de derechos sociales esenciales, sustentados en leyes e instituciones públicas, b) buscar fuentes alternas de financiamiento para la política compensatoria y asistencial de ayudas monetarias, para que no graven a los sectores populares en igual situación de pobreza que los beneficiarios; esto es crucial si consideramos el envejecimiento de la población y el agravamiento de los procesos sociales a cuya compensación se orientan los apoyos, lo que puede llevar a su inviabilidad presupuestal; c) modificar la política restrictiva del Bando 2 para eliminar la situación de monopolio que eleva el costo del suelo, y realizar más acciones de vivienda, de mayor calidad, con los recursos disponibles; d) suspender la construcción de nuevas vialidades, sobre todo el segundo piso para Periférico y Viaducto, y reorientar los recursos al mantenimiento, mejoramiento y ampliación de los sistemas de transporte público -Metro, trolebuses y camiones-, y la infraestructura que los sustenta; e) hacer prioritaria la inversión para atender la cuestión hidráulica -servicio de agua potable y drenaje- en el Distrito Federal y la Zona Metropolitana; f) orientar el gasto a la solución de las causas socioeconómicas de la pobreza, la informalidad y la violencia, y no hacia el combate a sus efectos, sobre todo la delincuencia; en vez de aumentar el presupuesto para seguridad, mejorar su eficiencia mediante cambios de fondo en sus aparatos; g) revisar la política de estímulos y exenciones a inversionistas en proyectos urbanos y de inversión pública de apoyo, estableciendo con ello contratos transparentes que garanticen el retorno del gasto público y/o la derrama de beneficios a las áreas y sectores empobrecidos en los ámbitos en que se desarrollan, y h) revisar la política de austeridad para no desmantelar el aparato estatal o acentuar su ineficiencia por falta de recursos para operación, mantenimiento, reposición de equipo y modernización; establecer una relación adecuada entre inversión, gasto de mantenimiento y operación eficiente de los servicios públicos.
El debate sobre estos temas no debe ser coyuntural cuando hay que aprobar el presupuesto anual; debe plantearse como un proceso democrático de participación ciudadana sin límite de tiempo, hasta llegar a consensos sociales que garanticen alternativas viables y progresivas de solución y lograr las reformas legales correspondientes.
