Angel Guerra Cabrera

Venezuela: hora de definiciones

Lo que ocurre en Venezuela es presentado por la maquinaria mediática como la lucha contra un gobierno autoritario de la "sociedad civil" que intenta reinstaurar la democracia. La verdad es que el gobierno actual de Caracas es auténticamente democrático porque responde a los intereses nacionales y no a los de la oligarquía y el capital. Surgió de un movimiento de masas nacido de la sublevación militar nacionalista de 1992, y con las arrolladoras victorias posteriores de Hugo Chávez en las urnas consolidó su orientación antioligárquica, antineoliberal, latinoamericanista, favorable a la multipolaridad en los asuntos mundiales frente a la unipolaridad que siguió al fin de la guerra fría.

El gobierno de Chávez ha utilizado el petróleo como instrumento de soberanía: revitalizó a la alicaída Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y se unió al recate del Grupo de los 77 y del tercermundismo. Esto lo singulariza en una América Latina cuyos gobernantes son dóciles, en su inmensa mayoría, a los dictados de Washington, y le da mayor relieve que Venezuela sea el quinto exportador mundial de petróleo y esté ubicado en una zona en la que se vigoriza la rebeldía popular contra el neoliberalismo, de la que son expresión las victorias electorales de Lula da Silva, Lucio Gutiérrez y Evo Morales. Por eso, Chávez y el torrente popular que lo acompaña son un obstáculo fundamental a la estrategia de dominio mundial adoptada por la administración Bush después del 11 de septiembre de 2001, que concibe a América Latina como un coto privado donde la mínima oposición a sus planes depredadores es intolerable.

El movimiento bolivariano desalojó del gobierno a los dos partidos de la oligarquía (Acción Democrática y COPEI, totalmente desprestigiados por tres décadas de corrupción, desgobierno y represión), que en connivencia con los grandes medios de comunicación, los burócratas sindicales, los jerarcas católicos y los tecnócratas de la industria estatal de hidrocarburos sostenían el régimen de explotación imperialista en Venezuela. A cambio se les permitía repartirse la parte del botín petrolero dejada por las trasnacionales. El régimen que Estados Unidos ponía como ejemplo democrático a seguir por los latinoamericanos perdió toda legitimidad cuando Chávez y sus seguidores lo derrotaron en las urnas para más tarde adoptar una Constitución reivindicadora de la soberanía nacional, la justicia social, la igualdad y los derechos de los pobres y los pueblos indios. La oposición en Venezuela, por consiguiente, se aglutina en torno a las clases sociales y los sectores desplazados por el chavismo, que siempre se han subordinado a los intereses de Washington, su ideología y modo de hacer política. Mayoritariamente blancos y dominados por la ideología racista de la oligarquía, para ellos es absolutamente inconcebible que el país sea gobernado por un sambo como Chávez. Todo lo anterior explica su actuación antidemocrática y antipatriótica, inserta en la doctrina bushiana de seguridad nacional, resumida en "los que no están con nosotros están contra nosotros", que en Venezuela se traduce en el golpismo de corte fascista y el odio a los pobres y a los negros.

Lo que más preocupa a los líderes opositores en Venezuela no es lo que ya han perdido, que no es poco, sino el riesgo explícito de que la profundización del proceso de cambio liderado por Chávez termine por privarlos del enorme poder económico que conservan, algo que consideran inminente con la próxima entrada en vigor de leyes como la de hidrocarburos -que completaría la nacionalización del petróleo- y la de tierras, que da inicio a la reforma agraria. Como la derrota de la asonada de abril alejó la posibilidad de una nueva aventura golpista y el lock out patronal de las últimas semanas naufragaba, recurrieron a la parálisis de la industria petrolera. El gobierno ha respondido con la remoción de los gerentes golpistas, medida valiente que hasta puede significar el fracaso momentáneo de la ola subversiva, aunque de haberse llevado a cabo en abril, habría evitado el alto costo político y económico de la caída actual de la producción. Pero esta medida es insuficiente si no va unida a definiciones de más calado, como la expropiación de los patronos y medios de comunicación participantes en la escalada golpista y la estructuración de una dirección política de las fuerzas populares. Posponerlas puede llevar, más tarde o más temprano, a la derrota del movimiento bolivariano.

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