El propósito es no crear otra dependencia como prevé la ley en la materia

Busca la procuraduría fortalecer su área de reparación de daños a víctimas

Al tercer trimestre se habían recabado $13 millones por ese concepto: Espino del Castillo

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal analiza la conveniencia de fortalecer las instancias que trabajan en la reparación de daños a las víctimas de delitos, para no crear otra nueva dependencia, en el marco de la ley que sobre el tema prevé el nuevo Código Penal del DF.

Margarita Espino del Castillo Barrón, subprocuradora jurídica y de Derechos Humanos de la dependencia, indicó que diferentes instancias están trabajando en dicha legislación, como el Tribunal Superior de Justicia y los diputados de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

Recordó que incluso algunos legisladores presentaron una propuesta de ley de responsabilidad patrimonial, para los casos de delitos cometidos por servidores públicos y la reparación del daño.

La PGJDF, explicó, está revisando distintas leyes internacionales en esta materia, así como las normas de algunos estados de la República y la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado que acaba de ser enviada a la Cámara de Diputados.

Explicó que dentro de la dependencia, la subprocuraduría de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad es la que se encarga de buscar la reparación del daño para los agraviados, negociando directamente con los responsables, y el objetivo es que continúe ejerciendo esta función.

Precisó que al tercer trimestre del año, la PGJDF había logrado recuperar alrededor de 13 millones de pesos por ese concepto en beneficio de las víctimas, independientemente de los gastos por atención médica.

El artículo 41 del nuevo Código Penal establece la creación del fondo para la reparación del daño a las víctimas del delito y fue necesario que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, luego de que el nuevo ordenamiento entró en vigor el pasado 13 de noviembre, modificara el artículo tercero transitorio.

Esto, señaló la subprocuradora Espino del Castillo Barrón, se lleva más tiempo para discutir el tema, porque "se trata de un problema muy importante que hay que atender de una manera seria", pero considerando los recursos presupuestales de que dispone el gobierno de la ciudad de México para cumplir con esa obligación.

"Estamos revisando esa ley y vamos a ver cuál sería el mejor mecanismo, sin crear más instancias, sino aprovechar lo que ya tenemos", señaló.