Miguel Concha
Declaración de la FIDH
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), fundada en 1922, es una respetada organización de utilidad pública reconocida, de carácter no gubernamental, apolítica, no confesional ni lucrativa, que promueve la aplicación de todos los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales que los protegen. Con estatuto consultivo ante la ONU, la Unesco y el Consejo de Europa, reúne en la actualidad a 115 organizaciones de derechos humanos en 90 países. Como parte de su mandato, lleva a cabo misiones de investigación y observación judicial para proveer a la opinión pública y a las organizaciones internacionales elementos de juicio sobre violaciones a los derechos humanos, contribuir a mejorar sus estándares de observancia, proteger a las víctimas y fortalecer la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos. Como parte del convenio de cooperación técnica con sus afiliadas en México (la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos), entre el 25 de noviembre y el 7 de diciembre de 2001 envió una misión especial a Oaxaca, Veracruz, Chiapas y el Distrito Federal, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de los pueblos indígenas. De dicha misión emanó un informe que comentamos en su oportunidad. Antes, entre el 30 de agosto y el 1Ɔ de septiembre de 2000, esa organización había celebrado en nuestro país un taller de trabajo sobre el marco legal internacional de los derechos humanos y la normatividad interna y, con ocasión de esa misión especial, un seminario nacional sobre pueblos indígenas y DESC, entre el 5 y el 7 de diciembre del año pasado. Entre el 2 y el 5 de octubre de este año llevó a cabo un seminario regional sobre los procesos de integración económica que se impulsan en Anérica Latina, en el que participaron organizaciones de derechos humanos de México y otros países de la región. Con base en todas esas actividades, la FIDH elabora recomendaciones generales y específicas a cargo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de la sociedad civil, pues está convencida de que los derechos humanos deben ser objeto de todo Estado moderno que se precie de ser realmente democrático, justo y participativo.
Entre el 1Ɔ y el 12 de diciembre pasados la FIDH hizo otra visita a los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, como parte de una misión de seguimiento a la misión especial del año pasado. Luego de entrevistarse con autoridades gubernamentales, comisiones de derechos humanos, funcionarios encargados de programas de desarrollo y organizaciones sociales y de derechos humanos, emitió una declaración contundente sobre la situación que actualmente guardan los derechos humanos en esas entidades, así como sobre la situación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en México. La FIDH vuelve a constatar el malestar generalizado que produjeron las reformas en materia de derechos y cultura indígenas publicadas el año pasado, y muestra su preocupación por que predomine en las autoridades la voluntad de no introducir reformas legislativas para revertir esta situación y por el contrario se refieran al desarrollo legislativo estatal de la reforma, "donde existe una manifiesta disparidad de criterios a la hora de garantizar los derechos de los pueblos indígenas y su condición de sujetos de derecho público". La organización muestra también su preocupación sobre los graves efectos que tendrá la eliminación de los aranceles y la apertura del mercado mexicano a una amplia variedad de productos de Estados Unidos, "todo ello en el contexto de una agresiva política de subsidios que garantizará a granjeros y agricultores de ese país 190 mil millones de dólares en los próximos seis años", sobre los DESC de la población mexicana y, en particular, sobre el campo. La FIDH lamenta que se mantenga el carácter predominantemente reservado de las negociaciones dirigidas a establecer, a partir de enero de 2005, el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y que entre los borradores de las mismas se subordine el acceso universal, igualitario y no discriminatorio de todas las personas a los DESC, al interés y beneficio de las multinacionales.
Por ello, la FIDH pide al Poder Ejecutivo facilitar información acerca de esos procesos, reconocer la supremacía de los derechos humanos sobre los acuerdos económicos, y regular las actividades de las empresas multinacionales. Y a la sociedad civil, fortalecer las redes contra el ALCA y procesos de ese tipo, así como proponer alternativas, lo cual, como se sabe, ya está en marcha en América Latina y México.
