El dictamen deja en el Ejecutivo la decisión de permitir la extradición de mexicanos
Con candados, comisión del Senado ratifica reconocimiento a la CPI
Se espera acalorado debate en el pleno por las limitantes impuestas
ANDREA BECERRIL Y VICTOR BALLINAS
Después de un año de discusiones, finalmente el Senado de la República decidió ratificar el reconocimiento de la Corte Penal Internacional (CPI), pero con limitaciones, ya que deja al Ejecutivo federal la posibilidad de decidir si acepta o no que se juzgue a un mexicano en esa instancia internacional, y en caso afirmativo, ello tendrá aún que ser aprobado en la casona de Xicoténcatl.
En ese sentido, se presentó ayer el dictamen, que hoy será llevado al pleno y se y para el que se prevé una fuerte discusión, ya que incluso dentro de la fracción del PRI hay resistencia a los candados que se introdujeron para la aprobación de la vigencia de la CPI, asimismo a muchos panistas y perredistas tampoco les parece adecuado aprobar en esos términos el Estatuto de Roma.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Sadot Sánchez Carreño, quien tuvo a su cargo la elaboración del dictamen, dijo que el texto presentado -por el que se reforma el artículo 21 de la Carta Magna- fue el que más se acercó a la posibilidad de ser aprobado por todas las fuerzas políticas, sobre todo porque al tratarse de una reforma constitucional, se requieren los votos de las dos terceras partes de los legisladores.
El senador priísta aclaró además que las restricciones impuestas han sido también adoptadas por otras naciones, entre ellas Francia, Brasil, y otros países, como Australia y Alemania, establecieron candados aun más fuertes.
Es, argumentó, un asunto de gran trascendencia, ya que se trata de permitir la extradición de mexicanos, para que sean juzgados por un tribunal internacional, y para ello "era necesario defender sus garantías individuales".
Por ello, en el dictamen se establece que "el Ejecutivo federal mexicano podrá, con la aprobación en cada caso del Senado", reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional".
En la iniciativa propuesta por el gobierno foxista se proponía el texto: "el Estado mexicano reconocerá la jurisdicción", y también, "se someterá a tal jurisdicción".
El cambio propuesto por las comisiones dictaminadoras deja a la decisión del Presidente de la República aprobar en cada caso si acepta o no que se extradite a un mexicano acusado de genocidio o crímenes de lesa humanidad a petición de la CPI. Para ello, además, deben darse una serie de supuestos jurídicos, entre otros, que en territorio nacional los cargos en su contra sean ya cosa juzgada, es decir, que no pueda intercederse otro recurso.
Una vez que el Ejecutivo hubiera aceptado la solicitud de la CPI, no tiene tampoco libertad para entregar al ciudadano mexicano, ya que antes debe pasar por la aprobación del Senado. Al respecto, Sánchez Carreño explicó que el Poder Legislativo tiene facultades legales para ello.
Es una situación similar a la que tiene el Senado en el caso de los juicios políticos, en los que tiene competencia jurisdiccional para determinar "no sobre la culpabilidad de quien pretenda juzgar la CPI", sino sobre la existencia de elementos para que proceda la extradición.
Además, insistió, si el Senado tiene facultades para intervenir en aquellos casos en que los mexicanos estén sujetos a una situación en que puede intervenir una jurisdicción interna, como son otorgar permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas en el exterior o recibir condecoraciones de gobiernos extranjeros, con mucha mayor razón en el caso de connacionales que serán juzgados fuera del país.
Se espera hoy un debate intenso, algunos priístas, como David Jiménez, señalaron que en esos términos "mejor que ni se apruebe". En el PRD la mayoría de la fracción está en contra.
