En San Lázaro insisten que se graven prestaciones a trabajadores al servicio del Estado

Disputa entre senadores y diputados por exenciones fiscales a burócratas

CIRO PEREZ SILVA Y ROBERTO GARDUÑO

La Cámara de Diputados insistió ayer en mantener su postura de terminar con el régimen especial de exenciones tributarias en materia de impuesto sobre la renta (ISR) que impide gravar las prestaciones de los burócratas, mientras que el Senado, en su carácter de órgano revisor, pretende revocar este punto de la Ley de Ingresos.

De aprobarse en los términos que busca el Senado, el ingreso del gobierno federal se vería reducido en alrededor de "25 mil millones de pesos", manifestó el diputado panista Manuel Minjares, debido a las modificaciones de los senadores a la Ley de Ingresos previamente aprobada por la Cámara de Diputados.

Esta cantidad puede incrementarse, ya que la medida que intenta mantener el Senado abre la posibilidad de que cualquier persona se ampare y consiga evadir el pago de ISR.

El principal elemento que obliga a disminuir el monto previsto por los diputados es la oposición de los senadores a que las prestaciones de los burócratas se graven con el ISR, como aplica para el resto de los mexicanos. Esta exención a primas vacacionales y aguinaldos, entre otros, sólo mantiene el "boquete" recaudatorio y permite que cualquier trabajador no adscrito a un sindicato y que preste sus servicios a una entidad distinta del gobierno se ampare y evite también enterar el ISR.

Incluso se espera que poco más de 150 diputados interpongan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional por la medida que adoptaron los senadores, adelantó el priísta Jorge Chávez Presa, quien destacó que los diputados aprobaron la terminación del trato preferencial a los trabajadores al servicio del Estado, no sólo por una lógica de equidad, sino porque existe ya una determinación de la SCJN al respecto.

"Hay un gran resentimiento de los diputados y de la sociedad en general que nos preocupa muchísimo, porque estamos creando regímenes de excepción, que nos alejan de los principios de una República, en la cual no hay exenciones, en la que a todo mundo se le da un trato igual. Nos queda una oportunidad a los legisladores que buscamos defender los intereses de la República para presentar una acción de inconstitucionalidad en enero", insistió el priísta.

En tanto, su compañero de bancada, Enrique de la Madrid Cordero, calificó la determinación de los senadores como "irresponsable y demagógica", ya que no sólo reduce el monto de recursos para el gobierno federal, sino que evidencia el discurso inconsistente de quienes impiden una mejor recaudación y al mismo tiempo demandan mayores presupuestos para educación, salud o infraestructura.

De acuerdo con algunas estimaciones, esta decisión de los senadores podría eventualmente llegar a costarle al gobierno 25 mil millones de pesos.

Además de este diferendo, el diputado priísta César Augusto Santiago alertó a la asamblea sobre las inconsistencias legales con las que el Senado remitió de vuelta la Ley de Ingresos a la Cámara de Diputados, que también podrían abrir la puerta para una cascada de amparos.

Al cierre de la edición se discutía en la Cámara de Diputados este punto y se espera que esta mañana se entregue nuevamente al Senado, que tiene la facultad de mantenerse en su postura en beneficio de los burócratas. De no resolverse este problema entre ambas cámaras, existe la posibilidad, aunque remota, de que no haya un acuerdo en materia de Ley de Ingresos y el país se vea imposibilitado de cobrar impuestos.

Otra de las observaciones que hicieron los senadores al dictamen de Ley de Ingresos aprobado por la Cámara de Diputados fue la deducibilidad en el consumo en restaurantes. Los diputados aprobaron terminar con dicha medida, mientras que los senadores devolvieron la Ley de Ingresos proponiendo que ésta fuera de 50 por ciento y, finalmente, enviaron a San Lázaro una comunicación en la que aceptan que quede en 25 por ciento.

Por otra parte, ayer continuaron las negociaciones entre las distintas bancadas para acordar las reasignaciones que se harán al Presupuesto de Egresos. De acuerdo con los responsables de estos trabajos, se prevé que el paquete económico se apruebe en algún momento del domingo.

Las reasignaciones son por un monto cercano a 40 mil millones de pesos. Las prioridades para estos recursos son el Programa de Fortalecimiento a las Entidades Federativas (Pafef) y los sectores agropecuario, salud y educación.