Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Sábado 14 de diciembre de 2002
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Política
Leyó el documento que le entregó la CNTE

Confirma Paredes querella por irrupción en la Cámara

Piden mentores vías para plantear demandas al Congreso

ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ

Al leer en la tribuna de la Cámara de Diputados el documento que le entregaron dirigentes de la CNTE la madrugada del viernes, la presidenta de la mesa directiva, Beatriz Paredes Rangel, desató los reclamos de un grupo de legisladores priístas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes le demandaron que usara la tribuna para hacer del conocimiento de la asamblea su postura en torno a la irrupción de mentores ocurrida el martes pasado.

Paredes aceptó la impugnación de sus correligionarios e inició la lectura del documento, en el que los profesores afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) manifiestan que "los dueños del poder económico y político" continúan despojándolos de sus derechos individuales y colectivos, como son educación, salud pública, seguridad social, empleo, vivienda, cultura y recreación. También los acusan de saquear el erario y el patrimonio nacional, "tal como ahora lo pretende el gobierno federal con sus iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos".

La presidenta de la Cámara leyó de corrido el documento, que incluye una crítica al alineamiento del gobierno mexicano con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esa dependencia, refieren los profesores, arroja como resultado el empobrecimiento de 70 millones de mexicanos.

En cuatro puntos, la CNTE exige a la Cámara de Diputados la asignación de 8 por ciento del producto interno bruto a las tareas educativas a partir del presupuesto de 2003; cancelación del Compromiso Social por la Calidad de la Educación y todas sus derivaciones, "porque no refleja las auténticas aspiraciones del pueblo mexicano"; defender el carácter público, laico, gratuito y obligatorio de la educación; detener el hostigamiento y la represión administrativa del SNTE contra los integrantes de la coordinadora, y construir mecanismos de atención para las organizaciones sociales que deseen plantear sus demandas y problemáticas ante el Congreso de la Unión. Los maestros advierten que estarán "vigilantes" del cumplimiento de lo anterior.

La inconformidad priísta

Al concluir con la lectura a la que se comprometió la madrugada del viernes, Paredes escuchó los reclamos de Cutberto Cantorán, su compañero de bancada, quien le exigió una explicación ante la asamblea en torno a si la mesa directiva había presentado la denuncia penal correspondiente a los acontecimientos ocurridos el martes.

"Efectivamente, ciudadano Cantorán, la dirección jurídica está examinando los elementos para precisar exactamente el rubro de las acusaciones. Esa precisión tiene que ver con el hecho de que hay precedentes y la fundamentación de los cargos, por la experiencia que se tuvo en el Senado antes, requiere una serie de elementos de prueba. En el momento en que se presenten las denuncias estarán al alcance de los diputados que deseen obtenerlas."

Mientras Paredes confirmaba que habrá por parte de la Cámara de Diputados una denuncia contra los responsables de la irrupción del martes, en la tribuna superior del recinto de San Lázaro un grupo de maestros de la CNTE comenzó a gritar consignas. En ese momento los agentes encargados de vigilar la seguridad en el salón de plenos conminaron a los mentores a retirarse, y éstos respondieron a la solicitud.

La presidenta de la mesa daba por concluido el tema, pero su compañera Lorena Beauregard solicitó la palabra. Le dijo que la lectura que había hecho tradicionalmente le correspondía a la secretaría de la Cámara.

Enojada, Paredes respondió que había leído el documento por una solicitud del presidente de la Junta de Coordinación Política, y para cerciorarse de que todo entrara en el marco de la legalidad, consultó a los integrantes de la mesa directiva, quienes la autorizaron para el hecho.

"He tenido que asumir una actitud en correspondencia a quienes son los responsables formales de la negociación política. Reitero que los diputados interesados tendrán copia de las denuncias y que mi criterio es que no puede haber impunidad."

La presidenta de la Cámara autorizó entonces al priísta Enrique Meléndez -representante del SNTE- a utilizar la tribuna. El legislador hizo una defensa a ultranza de su organización gremial y arremetió contra la CNTE.

"La coordinadora ha elegido la violencia y el chantaje; hemos sido testigos de una demostración de intolerancia que nada tiene que ver con cuestiones gremiales o reivindicaciones sociales. Lo que hemos visto aquí es una escalada de violencia que atenta contra nuestro estado de derecho. Los integrantes de la CNTE ignoran de manera irresponsable los avances alcanzados por esta legislatura en materia educativa. ¡Esos maestros no representan al magisterio de México!"

La perredista Hortensia Aragón criticó la actitud de Paredes al permitir la intervención del representante del SNTE, cuando ya existía acuerdo con los de la coordinadora para leer el documento.

Paredes trataba de cambiar el rumbo de la sesión y abundar en los temas previstos en el orden del día. En su apoyo, el vicecoordinador panista Alejandro Zapata solicitó al pleno que se iniciara el debate sobre los asuntos agendados, moción que apoyó el coordinador del PRD, Martí Batres.

Por último, Paredes solicitó al pleno que votara si continuaba o no el seguimiento al orden del día. El pleno en su mayoría dijo que sí, y para completar, la diputada tlaxcalteca aclaró que el texto leído por ella sólo es responsabilidad de la CNTE, porque no hubo consenso de los coordinadores sobre su contenido.

De inmediato Batres precisó: "Lo que hizo la Junta de Coordinación Política fue solicitar a la presidenta la lectura del documento, lo cual no significa coincidir o discrepar de él, ese es otro asunto; como resultado de la mesa de diálogo que se tuvo ayer, se turnó ese documento para su lectura a la presidencia de la mesa directiva".

La sesión prosiguió con la aprobación de la Ley de Responsabilidad Civil por Daño y Deterioro Ambiental, cuya finalidad es el fortalecimiento del marco jurídico de conformidad con las obligaciones que el Estado mexicano ha adquirido en el ámbito internacional en esa materia.

También el pleno aprobó en lo general y en lo particular la modificación a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

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