Emilio Pradilla Cobos
Austeridad obsesiva y apoyos discrecionales
Los proyectos de presupuesto de egresos del actual Gobierno del Distrito Federal se han caracterizado por su naturaleza contradictoria. En nombre de una austeridad obsesiva, el GDF ha cerrado dependencias y debilitado la estructura de la administración pública, recortándole presupuesto sin considerar que la calidad y eficacia de la infraestructura y los servicios públicos exigen inversión adicional, mantenimiento, recursos de operación y personal calificado para su gestión y atención a la población. Es bueno cortar el despilfarro y el gasto suntuario, pero debilitar la administración y afectar los servicios públicos no lo es. Con igual justificación ha propuesto debilitar al Instituto Electoral de la capital, restar recursos a las campañas electorales y, junto con el PAN, reducir el número de legisladores federales, sin reparar en que se trata de conquistas de la lucha democrática.
Ha aumentado el gasto en seguridad pública y procuración de justicia para atender las manifestaciones violentas de la crisis social, a costa de reducir el destinado a resolver los problemas estructurales, económicos y sociales, que determinan su agobiante presencia. Orientó la política social hacia el reparto de apoyos monetarios compensatorios para diversos sectores vulnerables, discrecionales y sin base legal de permanencia, insuficientes y sólo paliativos para su situación, pero muy populares; no hacia la garantía de derechos sociales universales, sustentada en leyes e instituciones públicas sólidas y eficientes, con recursos suficientes para su operación. El gasto creciente de esta política no está garantizado por una reforma fiscal que ubique su financiamiento en los sectores con capacidad y responsabilidad para cubrirlo y no en todos los contribuyentes, incluidos los demás pobres no beneficiados.
La política de vivienda, acierto de su gestión, entró en contradicción con el bando 2 y sus restricciones, que han elevado excesivamente el costo del suelo para vivienda en las áreas permitidas y acentuado la competencia por él con otras actividades más rentables, lo que reduce la calidad y cantidad de acciones posibles en el marco presupuestal. El programa de preparatorias y la Universidad de la Ciudad de México, válido conceptualmente, se puso en marcha sin evaluar su pertinencia y necesidad, sin tiempo para formular los programas y formar los maestros adecuados, ni recursos suficientes.
Los megaproyectos como la recuperación del Centro Histórico, el desarrollo de los corredores religiosos, financieros y turísticos y la creación de parques industriales, plaza Mariana, Plaza Juárez, renovación de infraestructura en Reforma, el corredor financiero del Centro Histórico y el parque industrial de Ferrería se asignaron a actores privados específicos con relaciones privilegiadas con el gobierno, involucrando exenciones y estímulos fiscales e inversiones cuantiosas, sin establecer convenios de responsabilidad compartida ni de distribución de beneficios a otros sectores sociales, sobre todo populares, los cuales no tienen voz en estos programas.
Para resolver el problema de la saturación vial generalizada y la contaminación que produce, el GDF tomó el camino equivocado de la construcción de grandes obras de vialidad como el distribuidor Zaragoza y el segundo piso de Periférico y Viaducto, para uso del automóvil privado -19 por ciento de los usuarios, de altos ingresos- a un costo sexenal multimillonario, en lugar de dar prioridad al deteriorado e insuficiente transporte público para la mayoría de la población de bajos ingresos.
Estas prioridades, de alto impacto publicitario, han desplazado la inversión y el gasto corriente en otros campos menos visibles pero de mayor prioridad estructural: solución del déficit de agua potable y drenaje, alternativas para la recolección y disposición de residuos sólidos, ampliación y mantenimiento del transporte público colectivo, mantenimiento y adecuación de la red vial existente, acceso del transporte a las colonias populares y mejoramiento estructural de ellas, ampliación y mejoramiento de la infraestructura y los servicios de salud, reparación de las escuelas de educación básica, apoyo integral a la economía popular, focalizado en sus implantaciones, etcétera.
Esta política de equilibrio, entendida como repartir fondos o partes de ciudad a todas las clases y sectores sociales, pone en duda la validez de la consigna electoral: "Por el bien de todos, primero los pobres", que suponíamos tenía sentido de cambio estructural desde una posición de izquierda. Su pragmatismo privilegia lo visible y suscita popularidad inmediata en todos los estratos sociales, y desplaza lo esencial, lo estructural, menos visible, que beneficia a todos los habitantes pero sobre todo al sector mayoritario: los trabajadores empobrecidos. Desde la izquierda democrática pedimos una reflexión crítica sobre el tema al gobierno mismo, al PRD y a los ciudadanos.
