En el DF se han aplicado programas anticrisis, pese a la política económica federal
Con la ley Abascal aumentaría la economía informal: Mirón Lince
Llama el funcionario del gobierno capitalino a impedir que pase la propuesta de reforma
La venta callejera, una de las formas más comunes y crecientes de ese fenómeno en el país
LAURA GOMEZ FLOREZ
En la ciudad de México un millón 750 mil personas trabajan en la economía informal, aunque esta tasa crece anualmente entre 4 y 6 por ciento, porque "la gente no sólo no encuentra opciones para incorporarse al mercado laboral, sino que carece de percepciones remuneradoras, y una prueba es que 70 por ciento de la población vive con uno o dos salarios mínimos", afirmó el subsecretario del Trabajo, Benito Mirón Lince.
Mencionó que una de las formas más comunes de este fenómeno es el ambulantaje, que ha adquirido dimensiones considerables en la capital y a nivel nacional, donde representa 12.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) y 19.5 puntos porcentuales del total de la actividad comercial, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
"No resulta extraño encontrar en las calles de la ciudad vendedores de todo tipo de productos, como forma de subsistencia ante los niveles de desempleo que se registran, producto de la política económica impulsada por las autoridades federales y de la cual no estamos exentos, aun cuando tenemos inversiones nacionales o extranjeras importantes que han reactivado la economía local", argumentó Mirón Lince.
Por ello la importancia de impedir que pase la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la que se habla de pago por hora, de derechos laborales renunciables y pactos con los patrones para jornadas de por lo menos diez horas, "sin ser infrahumanas", aunque nunca se especifica cuál es el rango para recibir esta denominación, todo lo cual representaría la pérdida de cientos de conquistas alcanzadas en la materia.
El funcionario del gobierno capitalino reconoció que los programas de autoempleo, entrega de créditos y apoyos a los sectores vulnerables, así como el compromiso de otorgar el año próximo un aumento a los trabajadores del gobierno capitalino dos puntos por arriba de la inflación, han permitido "paliar" esta situación, aunque el problema crece y tenderá a hacerlo de manera acelerada de aprobar el Congreso de la Unión esa propuesta.
La economía informal es un fenómeno generalizado en la mayoría de los países, cuyos efectos no sólo se sienten en los aspectos económicos, sino en el bienestar social y en la seguridad pública. Por ello la determinación de crear nuevas fuentes de empleo mediante el impulso de proyectos productivos, como cooperativas, y la posibilidad de incorporar a este universo a otras plazas o corredores comerciales.
En la actualidad, de una población económicamente activa de 4 millones de personas, sólo 2 millones 250 mil están inscritas en el Seguro Social, y un millón 750 mil se ganan la vida en la informalidad, donde "no hay prestaciones sociales y las condiciones laborales son bastante negativas en cuanto a seguridad y salario, por lo que debemos hacer algo para frenar esta situación, aunque las políticas macroeconómicas siempre nos van a pegar", señaló.
La falta de oportunidades y la inexistencia de un salario remunerador "han fomentado que la tasa de desempleo abierto se ubique arriba de 3 por ciento y 70 por ciento de la población mexicana viva con un salario mínimo, dos o menos, y muchas de las violaciones en el mercado formal no se denuncien por temor de la gente a quedar en el desamparo. Sin embargo, de aprobarse las reformas laborales, esta situación se acrecentaría", advirtió.
Por otra parte, el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco), Juan Manuel Arriaga, mencionó que en 1994 el número estimado de ambulantes era de 180 mil y ahora es de 294 mil, aunque este problema tiende a crecer por la falta de oportunidades en el mercado formal o porque encuentran, en el comercio ilegal, pingües ganancias que no se asemejan en nada a las de los dueños de los establecimientos.
Tan sólo en el Centro Histórico, a raíz de la apertura de las calles remodeladas, las ventas de los negocios formales han caído 70 por ciento, debido a que avenidas como Eje Central, 20 de Noviembre, Pino Suárez y Uruguay, que tradicionalmente permanecían libres de ambulantes, han sido invadidas, lo cual no sólo imposibilita el libre tránsito vehicular, sino también el peatonal, lo que facilita la proliferación del asalto a transeúntes.
Ante ello, demandó a las autoridades capitalinas el desalojo inmediato de estas arterias, dado que cuentan con el soporte legal para actuar contra el comercio ilegal, "lo mismo el de la vía pública que el de la cadena de distribución, el del contrabando o el de la producción pirata, para garantizar el libre tránsito en las calles del centro, frenar la piratería, el robo y el contrabando, y generar opciones laborales viables para que menos personas ingresen a la informalidad".