El gobierno "emprende acciones directas", asegura

Denuncia el Centro Pro ataque oficial a derechos

ALMA E. MUÑOZ

El gobierno de Vicente Fox no sólo "incumple con su obligación de garantizar el respeto a los derechos humanos", sino que "emprende acciones directas" de ataque a esas garantías, denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Las violaciones, informó, provienen de autoridades laborales, agrarias, sanitarias y municipales, además de empresas particulares, escuelas públicas y privadas, y de las dependencias de seguridad nacional.

En su informe anual, el organismo lamenta que el actuar del gobierno afecte sobre todo a indígenas, sindicatos, mujeres -especialmente embarazadas-, homosexuales y personas con VIH/sida, ya que con el "pretexto de dejar atrás el proyecto populista que dio origen al modelo económico imperante", se desentiende cada vez más de la política social, "reduciendo dramáticamente su participación en el suministro de los servicios básicos".

A lo largo del año, señala el documento de más de 70 cuartillas, se ha constatado que las violaciones en la materia constituyen una práctica cotidiana del Estado, afectando directamente a miles de personas. Prueba de ello es el registro de 32 casos que vulneran los derechos colectivos de los pueblos indios; 32 más violando la libertad de asociación para la defensa de las garantías laborales, afectando a más de 30 mil trabajadores; 22 contra el derecho a la salud, ya sea por negligencia médica, suspensión de seguro social, dilación o desabasto de fármacos; 53 sobre el apartado de la no discriminación, y 49 más en los que se atentó contra las garantías durante operativos policiacos.

La situación de los indígenas requirió de un apartado especial en el informe, pues el Centro Pro considera que "pese al cambio de gobierno y a que el actual Presidente ofreció, durante su campaña como candidato, solucionar el conflicto chiapaneco en 15 minutos, la estrategia gubernamental en la materia no cambió: hay un discurso público de reconocimiento y voluntad política, acompañados de acciones oficiales en sentido inverso", como es la aprobación a una reforma indígena "con ciertos retrocesos" respecto a la propuesta de la Comisión de Concordia y Pacificación, además de que hubo un manejo inadecuado de la consulta organizada por la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado para legislar en la materia.

También cita esta organización no gubernamental el Plan Puebla-Panamá, proyecto que "pone en riesgo la supervivencia" de los grupos étnicos; la persistencia de conflictos agrarios; la militarización en Chiapas, y la negativa del gobernador de ese estado, Pablo Salazar, a aceptar la existencia de paramilitares, así como el nulo reconocimiento a la cultura indígena en casos como la producción e ingesta de bebidas alcohólicas con fines sagrados, la celebración de fiestas y ceremonias rituales y el consumo ritual de plantas sicotrópicas.

El organismo considera que si el Estado mexicano "no abre pronto canales para procesar el conflicto chiapaneco y se cierra ante la demanda indígena de reconocimiento, se corre el riesgo de que los pueblos indios se replieguen sobre sus poblaciones y su diferencia cultural para crear, de manera voluntaria, una comunidad mediante la eliminación de quienes pertenecen a otra cultura o de quienes no aceptan el poder de la elite dirigente".

Dentro del terreno laboral, el organismo encontró que el gobierno federal no proporciona las condiciones necesarias para que los trabajadores se reúnan o expresen sus intereses sin que esto provoque represalias -ya sea mediante la actuación judicial, el despido o cierre de fuentes de trabajo-, y tampoco les da la posibilidad de asociación.

Respecto a las violaciones al derecho a la no discriminación, detectó que los ataques más frecuentes los sufrieron las embarazadas y las indígenas, sobre todo en cuestiones de trabajo, educación, salud reproductiva y justicia, mientras que en personas del sexo masculino las víctimas más usuales fueron homosexuales, travestidos, indios y seropositivos.

Aquí engloba los casos de Ciudad Juárez y enfatiza sobre la tendencia oficial a "criminalizar la pobreza", refiriéndose a la persecución, condicionamiento y exclusión de que son víctimas cientos de niñas y niños en situación de calle.