Aprobarla representaría el peor atentado de la vida moderna al derecho laboral: expertos

Perversa, la propuesta de reforma a la LFT

El proyecto fortalece el control del Estado sobre los sindicatos, advierte Néstor de Buen

FABIOLA MARTINEZ

El proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) -entregado en la Cámara de Diputados como propuesta de los sectores productivos- "es un fraude y una engañifa, y su aprobación representaría el peor atentado de la vida moderna al derecho laboral", advirtieron abogados especialistas en la materia.

Señalaron que esa propuesta no sólo tiende a flexibilizar las condiciones de trabajo; va más allá, refuerza las estructuras que dan vida al corporativismo y afecta los derechos colectivos, en especial la huelga. Criticaron también la forma en que "mañosamente" los autores del anteproyecto de iniciativa eliminaron el voto secreto para la elección de dirigentes y el Registro Nacional de Sindicatos.

Litigantes y académicos en la materia, encabezados por Alfonso Bouzas, Néstor de Buen, Arturo Alcalde, Rosalbina Garavito y Saúl Escobar, entre otros, analizaron los efectos de la eventual reforma que esta misma semana podría ser llevada a la tribuna de la Cámara de Diputados por la fracción obrera del PRI.

El martes pasado, dirigentes del Congreso del Trabajo (CT) y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dieron por concluido el proyecto y lo enviaron al Congreso de la Unión. Sin embargo, hasta anoche los abogados referidos tuvieron acceso al documento de modificación a la LFT, "gracias a que un funcionario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)" les filtró una fotocopia del compendio, celosamente vigilado hasta ahora por las autoridades laborales.

Esa fue la única manera de que los abogados y académicos -así como los reporteros- tuvieran una copia del proyecto que contiene, según versión de los propios autores, enmiendas que van de leves a integrales en casi 50 por ciento de los mil 10 artículos de la actual LFT.

"Trampas" en materia de huelga

De forma particular se refirieron a las "trampas" en materia de huelga. En los artículos 387, 920 y 923 de lo que se pretende hacer ley se hace "una triangulación" para que la autorización de un paro -herramienta para exigir la firma de contrato colectivo- quede en manos de las juntas de conciliación en las que participan los propios empresarios demandados. "La verdadera manzana de la discordia está en la negociación colectiva. Es decir, de aprobarse esa modificación, los gremios tendrían que pedir permiso al patrón o al sindicato charro para demandarlo.

Luego del análisis, la conclusión de los abogados fue unánime: "de aprobarse el documento enviado al Congreso de la Unión se consumaría el peor atentado al derecho laboral de la era moderna, porque no sólo aumenta el nivel de precariedad del trabajo individual, sino que genera un cerco infranqueable en favor de los sindicatos tradicionales y de los contratos colectivos de protección".

Los académicos convocaron ayer a una mesa de análisis, punto de partida de lo que será una estrategia de información a la opinión pública, en la que los abogados e investigadores, algunos de ellos vinculados desde hace varias décadas al mundo laboral, buscarán frenar desde su ámbito la reforma "perversa y absolutamente empresarial".

Néstor de Buen, autor de la iniciativa de reforma a la LFT que el PAN presentó al Senado en 1995, señaló que el proyecto referido fortalece el control estatal sobre la vida de los sindicatos, con las características fascistas y empresariales que privan desde 1931.

Además, hace ver algunos aspectos como "la gran novedad", cuando en realidad éstos ya existen en la ley. Ejemplo de lo anterior son el contrato por temporada o el de capacitación inicial, mientras que la prohibición para despedir a una mujer embarazada o con hijos menores a su cuidado los convierten en "pura demagogia".

Arturo Alcalde, abogado litigante y asesor jurídico de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) dijo que el proyecto en vías de convertirse en ley representa un "vil engaño grotesco", a cuyos artículos se endosaron frases que cortan de tajo el carácter tutelar de la legislación y los espacios para la libertad sindical.

El asunto medular es que ahora será necesario pedir autorización a la autoridad laboral para iniciar una demanda por titularidad de contrato colectivo o de emplazamiento a huelga por esta causa. Lo grave aquí, agregó, es que los tribunales están integrados por los propios demandados, es decir, por los representantes patronales y del gobierno.

Aseveró que en el proyecto de reforma de CT y CCE sólo se incorporaron dos propuestas "de tipo declarativo" elaboradas por la UNT y correspondientes a los artículos dos y tres, relativas a distribuir los beneficios de la productividad.

Rosalbina Garavito consideró que el Pemexgate y la reforma a la LFT se han convertido en puntos de negociación del gobierno del presidente Vicente Fox ante presiones internas y externas, en particular para "legalizar el desmantelamiento de la jornada de ocho horas".