Piden declarar al agro en emergencia económica, social y ambiental

Repudian el TLCAN miles de campesinos

Se reúnen con diputados de PRI y PRD; los del PAN, ausentes

MATILDE PEREZ U.

Sin gritos ni consignas, pero con documentos en los que demostraron la crisis en que está la producción de alimentos, cerca de 3 mil campesinos de 14 organizaciones del movimiento El campo no aguanta más y del Congreso Agrario Permanente exigieron a diputados y senadores declaren al agro en emergencia económica, social y ambiental, y decreten la suspensión por tres años del Tratado de Libre Comercio.

Los representantes de los campesinos se reunieron en la explanada del helipuerto de San Lázaro con el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Erick Villanueva; el presidente de la Junta de Coordinación Política, Martí Batres, y los presidentes de las comisiones de Agricultura, Jaime Rodríguez; de Ganadería, Arturo de la Garza, y de Desarrollo Rural, Oliverio Elías Cardona.

Allí, ante los legisladores de PRI y PRD -los panistas no asistieron- los manifestantes expusieron la devastación en la que está el agro y entregaron su documento Seis propuestas para la salvación y revalorización del campo mexicano.

Mitin frente a embajada de EU

La jornada de ayer incluyó un mitin frente a la embajada de Estados Unidos, en donde entregaron el Comunicado de suspensión provisional de las disposiciones más lesivas del apartado agropecuario del TLCAN a partir del 1Ɔ de enero de 2003, dirigido al presidente George W. Bush, a la titular del Departamento de Agricultura, Ann M. Veneman, y a los líderes de los partidos Demócrata y Republicano. Casi al anochecer, un grupo de campesinos de cuatro organizaciones se dirigieron a la Secretaría de Agricultura, donde fueron atendidos por el titular de la dependencia, Javier Usabiaga.

Los acuerdos fueron: establecimiento del mecanismo de precios objetivo para granos y oleaginosas para los próximos cinco años e inicio de las reuniones técnicas para definir el nivel de los costos respectivos conforme a la tasa inflacionaria y al índice nacional de precios al consumidor; liberación de recursos para 127 proyectos productivos y apoyos a la comercialización de los productores de los estados del centro y Chiapas.

Mientras, integrantes del Frente Nacional para la Defensa de los Productores Agropecuarios llegaron con 20 vacas al Palacio Legislativo, donde las ordeñaron y regalaron la leche bronca a los ciudadanos. Al grupo se sumarán productores de piña y cañeros.

''No venimos a pedirles puntos de acuerdo exhortando al presidente Vicente Fox para que declare la moratoria del TLCAN a partir de enero de 2003; queremos que ejerzan sus facultades constitucionales y reviertan el sacrificio al que está sometido el campo por ese acuerdo comercial que ha causado un grave daño a la agricultura mexicana y amenaza con transformarse en una catástrofe de graves consecuencias para la seguridad y viabilidad de la nación'', dijo Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo.

''Ejerzan sus facultades constitucionales, de lo contrario Ƒpara qué peleamos ustedes y nosotros (en 2001) por la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, si será letra muerta?'', preguntó Suárez.

Agregó que no se puede mantener la miseria ni la política de entrega de un tercio de la economía a las grandes corporaciones trasnacionales, ni el sacrificio de 25 por ciento de la población. ''No tiene sentido responsabilizar al Ejecutivo federal de esa falta de decisión política en torno a la moratoria del TLCAN; ustedes tienen el poder para revertir el sacrificio del campo, por eso les exigimos que asuman de frente ese compromiso''.

El dirigente puntualizó que el gobierno se puede acoger al capítulo ocho del TLCAN, referente a las medidas de emergencia, así como al capítulo 31 de las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio, que otorga a un país el derecho a interrumpir sus compromisos de desgravación por causas de seguridad nacional.

Después, cada uno de los dirigentes desglosó las propuestas: asignación de 1.5 por ciento con respecto al PIB de presupuesto para el desarrollo productivo e igual porcentaje para el desarrollo social y ambiental; reorientación de las políticas internas a través de un programa emergente para el agro con una visión de 20 años; una reforma financiera rural que incluya a la mayoría de los productores; leyes y normas que controlen el ingreso de productos transgénicos, y reconocimiento a los acuerdos de San Andrés.

Correspondió al líder de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos puntualizar que están pidiendo más presupuesto para impulsar el desarrollo productivo, pues el país no puede seguir importando más de 6 millones de toneladas de granos y oleaginosas para satisfacer la demanda nacional. La crisis en varias ramas de la economía campesina se debe a un libre comercio inequitativo y a la falta de medidas para resolver con justicia viejas demandas.

Por el CAP, su coordinadora, Guadalupe Martínez, dijo: ''Se habla mucho de que la marginación y miseria se recrudecieron a partir de la firma del tratado; lo cierto es que ya existían, porque nunca se han establecido programas colaterales para atenderlos''.

Después, Isabel Cruz Hernández, directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, insistió en que la nueva financiera rural atienda principalmente a los pequeños y medianos agricultores. Hay 32 millones de habitantes rurales a quienes no se ha resuelto su demanda de acceso a financiamiento y esa política de favorecer a unos y marginar a otros no debe seguir, asentó. Propuso la integración de una comisión revisora de las finanzas de Banrural para que detecte si la deuda de 48 mil millones de pesos se concentra en pocas manos. Sugirió que el consejo directivo sea electo mediante un mecanismo similar al de los consejeros del Instituto Federal Electoral.

Los diputados dijeron que el documento será analizado y en 10 días habrá una respuesta. El perredista Martí Batres aseguró que el PRD había presentado en tribuna la propuesta de moratoria del TLCAN, pero para su aprobación se requería del consenso de todas las fracciones parlamentarias y en ello -aseguró- ''estamos trabajando''. Pero puntualizó: ''México tiene todos los argumentos para decir que no puede haber libre comercio (agropecuario) con Estados Unidos. Si el presidente Fox no ha mostrado rapidez es porque no está evaluando los riesgos de ingobernabilidad y de sometimiento de la soberanía alimentaria y social''.

Al atardecer, los campesinos se dirigieron a la embajada de Estados Unidos, en Paseo de la Reforma, donde entregaron su documento al segundo secretario de política sectorial de esa instancia, Alberto Rodríguez.