Néstor de Buen

El misterio de la nueva ley

La reunión, temprano el pasado martes, de la Mesa Central de Decisión que viene preparando desde hace largos meses la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) tiene que haber sido muy divertida. Cuentan algunos de los presentes que se inició, más o menos, con la entrega de dos únicos ejemplares de un producto acabado de elaborar de madrugada al parecer por Juan Moisés Calleja, abogado muy distinguido, representante de la CTM, y por Tomás Natividad Sánchez, un connotado y exitoso abogado del sector empresarial. Los destinatarios de las únicas copias: el Consejo Coordinador Empresarial y el Congreso del Trabajo.

El secretario Abascal, al parecer, solicitó la aprobación de la propuesta, pero el grupo representativo de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) exigió una copia. No tuvieron suerte, y el conjunto de preciosos rebeldes encabezados por Francisco Hernández Juárez tomó la heroica decisión de abandonar la sala, sin reverencia alguna para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Se dice que el argumento de la autoridad fue que de entregarles la copia a los de la UNT, la difusión inmediata del documento sería la consecuencia negativa. No está mal como argumento, pero no parece nada consistente. Habrá que esperar a que aterrice en la Cámara de Diputados, y ya habrá algún diputado generoso que facilite a los opuestos la copia. Cuestión de días. Pero da la impresión, sin duda, de que la STPS se estaría lavando las manos declarando ajena a su proyecto la modificación que sufra. Un poquito la idea de que yo ya terminé y allá ustedes con lo que pase de ahora en adelante.

Desde principios del año pasado, han circulado mil borradores que de alguna manera parecerían reflejar las ideas conjuntas de esa Mesa Central de Decisión, que en el primer año alcanzó la muy valiosa suma de dos artículos aprobados. La renuncia del subsecretario B, Rafael Estrada Sámano, hombre preparado y con sentido político, parecería ser consecuencia de las enormes dificultades para que los sectores llegaran a acuerdos. Su sustituto, Francisco Xavier Salazar, ha culminado la tarea sin faltar problemas, pero echándole mano al proyecto de código de procedimientos laborales que bajo la inteligente dirección de Javier Moctezuma Barragán, subsecretario del Trabajo durante todo el sexenio anterior, se fue formalizando. Pero ahora no habría separación procesal sino el aprovechamiento de un buen número de artículos de ese proyecto que se mantendrían dentro de la ley.

Se habla de que cerca de 280 artículos habrían sido propuestos bajo nuevas ideas. En el orden individual, evidentes flexibilizaciones de las relaciones de trabajo en busca de la productividad, lo que está de moda. Los aspectos administrativos se mantendrían al viejo estilo: comisión de salarios mínimos y de participación en las utilidades con el clásico esquema tripartita. Por supuesto que las juntas de conciliación y arbitraje conservarían su participación protagonista en el corporativismo, con reglas procesales más inclinadas a favorecer a los patrones. Es natural, si se piensa que los principales autores del proyecto son abogados empresariales.

En donde el problema se manifiesta en todo su esplendor es, por lo visto, en el derecho colectivo. Sus instituciones fundamentales: libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga, junto con los trámites para los juicios de titularidad, se han reforzado confirmando la vieja estructura fascista de los tiempos de la primera LFT (1931), obvia expresión del dominante sistema de Mussolini, modelo evidente de Calles y que confirmó la ley vigente (1970 y 1980). Si las propuestas son las mismas que han venido circulando, tendrán que tener mucho cuidado los diputados y los senadores.

No hay que olvidar, por otra parte, que el Convenio 87 de libertad sindical de la OIT es hoy, gracias a la Corte, norma de superior jerarquía a la de la ley, y que cualquier medida que limite la libertad sindical, como las que se proponen, será anulable.

El procedimiento no ha sido sólo tortuoso sino un poco tonto. Nadie en su sano juicio firmaría sin leer. Ahora la duda principal estará en la representación del PRI en el Congreso, donde no faltan los corporativos. En el PAN habrá quien no vote a favor y el PRD rechazará la iniciativa y tratará de imponer el proyecto de la UNT.

En estos tiempos, los diputados andan de cabeza con los números del presupuesto. Seguramente será en abril del próximo año cuando se inicie la discusión. Será sabrosa. No se la pierda.