Ministros de la SCJN se comprometen a coordinar derecho vigente con tradiciones

Proponen jueces considerar valores e idiosincrasia indígenas en litigios

Presentan mañana la Declaración Cancún, relativa a la justicia para comunidades

JESUS ARANDA, JUAN M. VENEGAS Y DAVID SOSA ENVIADOS Y CORRESPONSAL

Cancun, QR, 27 de noviembre. El respeto a los indígenas en lo relativo a su cultura, formas de organización social y costumbres debe concretarse para así posibilitar la resolución de sus conflictos de acuerdo con sus tradiciones, consideró la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El máximo tribunal planteó que cuando las comunidades accedan a los servicios jurisdiccionales se tomen en cuenta sus usos, costumbres, tradiciones orales y valores.

Al signar la Declaración Cancún de la séptima Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Superiores de Justicia -la cual se hará oficial este viernes-, los 10 ministros del máximo tribunal que asisten al encuentro apoyaron la iniciativa de promover la coordinación entre ''el derecho oficial'' y el sistema normativo practicado por las autoridades indígenas.

El ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia apoyó la creación de tribunales especializados en la materia y que las comunidades indígenas sean reconocidas como grupos vulnerables con la finalidad de que reciban un tratamiento jurídico preferencial.

Precisó que no hay ninguna prohibición en la Constitución para que puedan establecerse tribunales especializados en asuntos indígenas -tal como los que ya existen en Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo-, y subrayó que cada estado de la República tiene la responsabilidad de emitir su propia ley sobre usos y costumbres de pueblos y comunidades indígenas, "porque en esto la Constitución federal impone sólo ciertos lineamientos generales"; al desarrollarlos, ''los estados podrían dar un matiz distinto hasta donde llega la tutela de los derechos indígenas''. La carta magna solamente da bases elementales para que, a partir de ahí, pueda desarrollarse una nueva rama de derecho destinada exclusivamente a esta finalidad.

En México, dijo, hay un trato diferencial de acuerdo con la situación cultural y económica de grupos vulnerables que tienen una desigualdad social manifiesta. En materia laboral, para los trabajadores, y en procedimientos de amparo, para los campesinos, reconocidos como grupos vulnerables. Si se establecen tutelas especiales para núcleos indígenas o sujetos individuales de esta condición no habrá ningún problema en los resultados de un buen proceso judicial, consideró en entrevista.

Los 21 países participantes en la cumbre consideran en sus conclusiones que los estados no pueden ignorar la realidad cultural de la población y soslayar el reconocimiento y la protección de grupos vulnerables, "como las comunidades indígenas", al impartir justicia.

El reconocimiento y respeto a la población indígena implica que cuando los servicios jurisdiccionales tengan conocimiento de sus problemas, se debe tomar en cuenta su organización y valores tradicionales y orales, "teniendo como límite el respeto a las normas y los principios constitucionales, y el acatamiento de tratados y convenios sobre derechos humanos reconocidos por los estados".

Se comprometen a evitar la discriminación cultural, emprender un programa de acciones positivas destinado a lograr la igualdad de los indígenas ante la justicia estatal, concretar la posibilidad de usar su propio idioma ante la administración de justicia y garantizar la acreditación y contratación de intérpretes.

También fomentar el recurso del peritaje cultural o el estudio socioantropológico como instrumento idóneo para que los jueces cuenten con mayores elementos al resolver asuntos de este tipo, así como sensibilizar a juzgadores y funcionarios judiciales sobre cultura y derecho indígenas.

Tribunales y medios de comunicación

Al iniciar los trabajos de la séptima cumbre, los ministros participantes reconocieron que ''los niveles de credibilidad y confianza'' en la justicia están relacionados en gran medida con las políticas de educación judicial, la difusión de resoluciones judiciales, las relaciones con los medios de comunicación y el acceso a la información pública

En este sentido, se comprometieron a impulsar una mayor apertura hacia los medios en lo que respecta a la administración de justicia y manejo de recursos, así como ''potenciar'' el derecho a la información en el marco del derecho vigente en el país.

Los presidentes de los tribunales supremos de Iberoamérica coincidieron también en que los servicios de asistencia legal y defensa pública gratuitas deben prestarse de forma autónoma y con independencia.