Hoy inaugurará Fox la séptima
cumbre iberoamericana de presidentes de cortes
Preciso, impulsar el acceso de indígenas a la
justicia: ministra Olga Sánchez
JESUS ARANDA ENVIADO
Cancun, QR., 26 de noviembre. La
expansión del Poder Judicial es un proceso "innato e irreversible"
en todas las democracias modernas, pero se debe "comenzar a pensar" la
forma de controlar posibles consecuencias negativas de la judicialización
de la política, afirmó Olga Sánchez Cordero, ministra
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En la víspera de la séptima cumbre iberoamericana
de presidentes de cortes supremas y tribunales de justicia, Sánchez
Cordero destacó la reciente inserción de la judicatura mexicana
en el plano internacional. Señaló que entre los temas que
serán tratados por los representantes de los 22 países participantes
está el acceso de los indígenas a la justicia.
Recordó que cuando la SCJN dictaminó las
321 controversias que se interpusieron contra la reforma en materia indígena,
los ministros no se pronunciaron sobre el fondo de esta problemática,
sólo respecto del procedimiento de reforma.
En esta cumbre podrían alcanzarse consensos en
la materia, que quedarían plasmados en una declaración final
que sirva de base para que los presidentes de cortes y tribunales iberoamericanos
propongan a los congresos de sus países proyectos legales que impulsen
un efectivo acceso de las comunidades indígenas a la justicia.
Comentó que la declaración, que será
adoptada el próximo viernes cuando concluyan los trabajos de este
evento -el cual será inaugurado este miércoles por el presidente
Vicente Fox y por el titular de la SCJN, ministro Genaro Góngora
Pimentel-, será producto del consenso al que lleguen las naciones.
"Hay dos posiciones muy importantes en materia de derecho
y acceso de justicia para las comunidades: respetando sus usos y costumbres
y que los indígenas se vayan integrando poco a poco a la estructura
dominante de los estados. La segunda posición es respetar sus usos
y costumbres hasta el punto de que los pueblos indios no lleguen a integrarse,
sino que sean respetados como comunidades autóctonas y autónomas",
dijo en entrevista realizada en el hotel sede de este encuentro.
Cabe señalar que en los trabajos previos de esta
cumbre quedó de manifiesto que en países como Venezuela,
Bolivia, Colombia, México, Chile, Perú y Guatemala el porcentaje
de población indígena va de 1.5 a 48.6 por ciento del total
de los habitantes. El reto es conciliar la justicia ordinaria oficial con
el derecho consuetudinario indígena y, de manera específica,
con los poderes judiciales que enfrentan el desafío de administrar
justicia en los términos que impone la ley, pero siendo sensibles
a los usos y costumbres de las comunidades étnicas.
Por otra parte, durante los tres días que durará
la cumbre, los presidentes de las cortes también analizarán
temas como el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables;
acceso a la información pública y medios de comunicación,
globalización y seguridad jurídica.
Respecto a la creciente inserción de la SCJN en
eventos internacionales, Sánchez Cordero comentó que, a diferencia
del liderazgo que ha consolidado el máximo tribunal del país,
en el plano mundial "antes no se daba esta participación". Realmente
México había estado "un poquito ajeno" a todos los eventos
internacionales que se llevaban a cabo, que generalmente eran promovidos
por España, Argentina, Chile o Brasil. Pero "hoy por hoy" México
está participando activamente y eso es muy importante, porque nuestra
nación se está abriendo al exterior en materia de justicia.
Por otra parte, durante una conferencia magistral que
dictó en la Universidad La Salle plantel Cancún, la ministra
afirmó que la reforma constitucional de 1994 otorgó "un nuevo
papel" a la Suprema Corte como poder del Estado, "en su más estricto
sentido político", pero también una función determinante
como órgano de máximo control de la constitucionalidad y
legalidad de las normas generales y los actos sujetos a su competencia.
En el pasado, indicó, los problemas políticos
del país se resolvían de "miles de maneras" pero no mediante
un procedimiento jurisdiccional, lo cual trajo consigo dos consecuencias
de gran importancia: la opción por hacer vigente en nuestro país
el principio de supremacía constitucional y el establecimiento de
un órgano encargado de velar por la aplicación de este principio.
En cuanto al "control jurídico" que ha adquirido
la Corte, comentó que el carácter que tiene de "intérprete
privilegiado" para controlar la regularidad jurídica podría
tener "una connotación política", lo cual también
podría generar efectos en el sistema jurídico nacional.
