Cuando parecía que las acciones de hostigamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) contra reporteros de La Jornada y otros medios podrían explicarse en razón del descontrol y la ineficacia de esa dependencia, el secretario general del PAN, el diputado Manuel Espino, dio un inopinado espaldarazo a los abusos contra los informadores, minimizó los episodios de acoso, se manifestó en contra de la naturaleza crítica de la prensa y consideró natural y lógico que los informadores se conviertan en auxiliares de los procuradores de justicia. En similares términos se expresó, en la tribuna del Senado de la República, el legislador blanquiazul Juan José Rodríguez Prats.

Semejantes conceptos, vertidos a contrapelo de las manifestaciones de condena y repudio a los actos de intimidación contra la libertad de expresión y el derecho de información reseñados en días recientes en estas páginas, podrían tomarse como meras expresiones de la ignorancia de Rodríguez Prats en materia de periodismo y de la ultraderecha cavernaria de la que procede Espino --quien admitió en entrevista con este diario haber sido miembro del membrete ultramontano y fascistoide Desarrollo Humano Integral (DHIAC)--; pero no, son posturas oficiales de la fracción senatorial panista y de la segunda posición jerárquica en la directiva del partido en el gobierno. Con esos datos en mente, resulta obligado replantearse la actitud de la PGR no como un conjunto de torpezas y extralimitaciones de funcionarios individuales sino como un probable lineamiento del actual gobierno blanquiazul.

El episodio debiera obligar al presidente nacional de ese instituto político, Luis Felipe Bravo Mena, a reconocer que el menosprecio al secreto profesional periodístico y la idea de convertir a los informadores en soplones obligados de la policía son posturas oficiales del PAN, o bien, a desautorizar las palabras de su segundo de a bordo y de Rodríguez Prats. Para los medios y los informadores del país, así como para su público, resulta fundamental esclarecer si realmente existe un compromiso del actual grupo gobernante con la libertad de expresión y el derecho a la información, o si el gobierno panista simplemente simula el apego a tales principios, consustanciales e irrenunciables para cualquier ideario democrático.

En esta perspectiva, resulta esclarecedora la advertencia de Carlos Payán Velver, director fundador de La Jornada, quien alertó sobre la regresión que vive el país en lo que se refiere a "las persecuciones y asechanzas del poder" hacia los periodistas. Es también oportuna la exhortación de Payán al público de los medios --lectores, televidentes, radioescuchas-- para que se manifieste en contra del angostamiento de los márgenes de la libertad expresiva, toda vez que ese fenómeno, de persistir, resultaría nefasto para los anhelos de democracia, transparencia, rendición de cuentas y legalidad que han animado los movimientos sociales de las décadas anteriores. Sería intolerable y vergonzoso que el grupo que llegó al poder hace dos años, capitalizando los reclamos democráticos de la ciudadanía, pretendiera ahora restringir, acotar o cancelar, en provecho propio, las conquistas en materia de libertad de expresión que tantas vidas y sufrimientos han costado al país.