León Bendesky
Estancados
Los resultados económicos de los dos primeros años de este gobierno son muy malos, lo que contrasta con las apreciaciones generalmente positivas que ahí mismo se hacen sobre las condiciones que prevalecen. Hay que reconocer cuando menos que la voluntad no ha menguado, aunque sus rendimientos ya son claramente decrecientes. El año pasado la economía creció a una tasa de menos 0.3 por ciento y en éste sólo podrá aumentar alrededor de 1.1 por ciento, y así, aunque en 2003 se alcanzara la meta de 3 por ciento fijada en el programa económico que presentó Hacienda, el promedio de la expansión en la primera mitad del sexenio no llegaría ni a 3 por ciento, bastante abajo de las metas originales planteadas a fines de 2000.
En la falta de crecimiento radica el principal problema de la economía mexicana, pues los resultados favorables que se consiguen de manera episódica o en periodos que son insostenibles, no alcanzan a superar el letargo de largo plazo en que está sumida. Del crecimiento duradero y de mejor calidad depende la posibilidad de empezar a revertir las grandes deficiencias sociales, económicas y financieras que hoy caracterizan al país. Un programa político con un mínimo sentido práctico tiene que empezar por enfrentar esta traba del desarrollo. La situación actual sólo beneficia a unos cuantos dentro y fuera del país, lo cual hace que la gestión económica sea sólo continuación de todo lo que rechazó la oferta del PAN para llegar al gobierno. El Presidente y su partido son hijos legítimos de su tiempo, y en este sentido cualquier crítica que hagan de sus antecesores es una trivialización de lo que ocurre.
Los resultados de la evolución económica del tercer trimestre del año confirman la incapacidad de crecer y la ausencia de estímulos a la actividad productiva que marca a la política económica. El producto total creció en ese periodo 1.8 por ciento (medido con respecto al mismo lapso del año anterior), y entre enero y septiembre ha crecido únicamente 0.6 por ciento, por lo tanto, su expansión en los últimos tres meses del año deberá ser sobresaliente para alcanzar la cifra de 1.7 por ciento que aun estima el gobierno, aunque los indicadores disponibles no validan tal escenario.
Hay dos sectores especialmente relevantes que están estancados: uno es el de las manufacturas, que representa una quinta parte del total y que aumentó sólo 0.2 por ciento mostrando que no tiene fuerza para moverse y en el año registra una tasa de crecimiento de menos 1.1 por ciento. Otro es el del comercio con menos 1.5 por ciento y en el que se advierte que el consumo privado ha perdido su impulso y no contiene la caída general, como ocurrió al principio de la recesión en 2001. Llama la atención el aumento de los servicios financieros con la expansión más favorable de 4.4 por ciento. Esto es notorio en una situación en la que los bancos comerciales no prestan, como se ha quejado recientemente el Banco de México, y que finca su condición en los arreglos creados por el Fobaproa luego de la crisis de 1995, sin contribuir en nada a la operación del sistema económico. Esto equivale a la concesión de una renta al sector financiero, que es insostenible en un entorno de estancamiento y extensión de la pobreza.
Pasan los meses y la economía no se mueve, siempre en espera de que vuelva el jalón de la demanda por exportaciones desde Estados Unidos. Los incentivos internos para renovar la actividad productiva son insuficientes y, al parecer, infructuosos. Los responsables de la conducción de la economía no han sido capaces desde que prepararon el proyecto de gobierno y ahora, luego ya de dos años de ejercerlo, de darse cuenta de que la demanda externa no sostendrá permanentemente la expansión, que hay signos claros de que la dinámica interna está agotada y requiere un planteamiento radicalmente distinto. Este no puede sustentarse en las medidas tradicionales que ponen todo el énfasis en las fuerzas de un mercado sin aliento y en unas reformas que caducaron sin rendir los resultados esperados.
México no tiene hoy una capacidad de utilizar la política fiscal como estímulo para una mayor actividad productiva, como hacen los países más desarrollados con los que comparte asiento en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Al contrario, el presupuesto recién entregado al Congreso es explícito en cuanto a la estrechez de los márgenes con los que opera. Tampoco tiene una política monetaria que contribuya al proceso de crecimiento, pues la atención única en la inflación ha llegado a su límite en cuanto a los beneficios que puede dar a la certidumbre de la inversión privada que no se materializa y a los ingresos salariales que ella misma contiene. Ya no hay congruencia entre ambas políticas y ello compromete más la gestión general de la economía. Este año no se cumplieron las metas de crecimiento ni las de inflación, y las que se han fijado para 2003, y que para ambas es de 3 por ciento, están en cuestionamiento desde el momento mismo en que han sido planteadas.
Este es un momento propicio para repensar la gestión técnica y política de la economía por parte del gobierno y de los partidos al debatirse el presupuesto. Cuando menos debería aprovecharse para empezar a abrir espacios que hoy están artificial y tercamente cerrados.
