Se cita a reporteros de La Jornada como testigos, bajo pretexto de desahogar pesquisas

Presiona la PGR a periodistas para que revelen fuentes informativas

El Pemexgate y el caso Raúl Salinas desataron las acciones de Ministerio Público Federal

DE LA REDACCION

En un hecho inédito, la Procuraduría General de la República (PGR), bajo el argumento de desahogar investigaciones internas, ha citado como testigos a reporteros de esta casa editorial para que revelen sus fuentes informativas, en diligencias que se tradujeron en intentos de coartar las libertades de expresión, de opinión y derecho al trabajo. También ha cuestionado el profesionalismo, la capacidad académica e incluso la jurisprudencia nacional e internacional que amparan la confidencialidad de las investigaciones periodísticas.

Por lo anterior, reporteros de La Jornada interpusieron quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el procurador general de la República (PGR), Rafael Macedo de la Concha; el visitador general de la PGR, Angel Buendía Buendía, y el fiscal especial encargado de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos.

Además, contra el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR, Miguel Angel Campos Ortiz, y el agente del Ministerio Público de la Federación titular de la mesa 4 de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR, Víctor Manuel González Pérez.

En las quejas se solicita la intervención de la CNDH para que terminen las presiones, que van encaminadas a limitar la libertad de expresión y de opinión. También se pidió que, una vez concluida la investigación, emita la recomendación correspondiente para la protección de los derechos referidos.

Este asunto se inició cuando La Jornada destapó el 19 de enero los avances que la PGR llevaba en torno a lo que se conoció entonces como Operación Crudo y que hoy se denomina Pemexgate. Seis reporteros han sido notificados para que comparezcan ante el Ministerio Público Federal. Incluso, en una ocasión se pidió al primer subcomandante Roberto Huerta García, coordinador del grupo especial de la Agencia Federal de Investigación (AFI), adscrito a la visitaduría general, que notificara personalmente a dos de ellos que debían presentarse a declarar.

Los citatorios a reporteros comenzaron a girarse el 9 de marzo de este año. La agente del Ministerio Público Isabel Hernández Bargas (sic), titular de la mesa 9 e la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución (Fespi), requirió mediante el oficio 1219 a la directora general de este diario, Carmen Lira Saade, para que presentara a dos reporteros ante la autoridad.

La estrategia de acoso de la PGR hacia los periodistas de este diario concierne también a otros medios.

La presión ejercida de manera recurrente pretende pasar por encima la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, mecanismos a los que se han acogido los reporteros de La Jornada al presentarse ante las autoridades correspondientes.

De marzo a la fecha han sido citados Enrique Méndez, Gustavo Castillo, Rubén Villalpando (corresponsal de La Jornada en Ciudad Juárez), Andrea Becerril, Ciro Pérez y Roberto Garduño. Algunos han sido requeridos en más de una ocasión.

Los casos en que los representantes de la PGR han pretendido conocer con nombre y apellido las fuentes de información han sido Pemexgate y Raúl Salinas de Gortari.

En las indagatorias que la PGR tiene en la Fespi, las notas informativas y reportajes aparecidos en este diario sobre ambos asuntos se mezclan en los expedientes respectivos con otros temas.

Durante las diligencias, de las cuales incluso se negó hasta copia simple de las actuaciones, los agentes del Ministerio Público rechazaron informar el asunto central de la comparecencia, bajo el argumento de que la presencia del reportero en el lugar sólo era para responder lo que se le preguntara.

En la comparecencia de Gustavo Castillo por el expediente de Raúl Salinas de Gortari, Isabel Hernández Bargas preguntó en repetidas ocasiones la fuente de las informaciones y advirtió que sus cuestionamientos se debían responder sin argumentar el secreto profesional, porque el citatorio había sido en calidad de testigo. Además, aun cuando en el oficio estableció "presentarse con abogado para lo que asista", Hernández Bargas negó a éste el derecho a asesorar al declarante.

Al final de la diligencia amenazó con no devolver la copia de la cédula profesional del abogado Francisco Muñoz Covarrubias si no firmaba la actuación ministerial. El abogado y el reportero firmaron el documento bajo protesta.

Además de los citatorios, el 3 de octubre pasado dos elementos de la AFI se presentaron en las instalaciones de La Jornada. Pretendieron obtener declaraciones "a manera de apoyo para una investigación" en las que se revelaran las fuentes informativas respecto de una nota.