La investigación incluiría a funcionarios de la administración de Espinosa Villarreal

Presenta el GDF denuncia penal por posible fraude con el 080

"Totalmente irregular", el contrato de operación del servicio telefónico de emergencia, afirma López Obrador

Anticipa que el gobierno local revisa otras concesiones otorgadas en el pasado

ELIA BALTAZAR Y LAURA GOMEZ

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) interpuso una denuncia penal por posible fraude, debido a las irregularidades detectadas en el contrato de operación del servicio de emergencias 080, que dejará de funcionar a partir de hoy.

El jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, no descartó que las investigaciones involucren a funcionarios de la administración del ex regente Oscar Espinosa Villarreal, pues el primero de diciembre de 1997 el priísta modificó las condiciones del contrato con la empresa dedicada al mantenimiento técnico de la base de datos del 080, sólo tres días antes de entregar la administración capitalina a Cuauhtémoc Cárdenas.

Espinosa Villarreal amplió de uno a 12 años el contrato y la revisión de las condiciones del mismo, mediante la entrega de un permiso administrativo temporal revocable, que aseguraba a la firma no sólo la contratación exclusiva de su servicio por parte del fideicomiso 080, sino también ganancias que significaron más de la mitad de los recursos obtenidos por el cobro del servicio telefónico de emergencias.

Juan Manuel Alvarez Haro, director del fideicomiso 080, explicó que de los 5 millones de pesos mensuales obtenidos por el cobro del servicio, 2.7 millones se destinaban al pago de mantenimiento técnico de la empresa que instaló el equipo. Espinosa Villarreal, sostuvo, permitió además que en el contrato se estipulara que el pago del servicio se cubriría en dólares, al tipo de cambio vigente, por las líneas contenidas en la base de datos, que actualmente suman 3 millones.

Alvarez Haro señaló que en el mercado el costo de mantenimiento de la base de datos del servicio 080 es de 2 millones de pesos, pero anuales, no mensuales, como lo cobra la empresa.

"Se trató de una operación totalmente irregular -afirmó López Obrador-, pues el convenio que se firmó en 1991 se renovaba anualmente. Pero en 1997 decidieron que la concesión se otorgara por 12 años".

El jefe de Gobierno aclaró que en estas irregularidades nada tiene que ver Teléfonos de México, pues no tiene participación en estos fondos. "Telmex lo que hace es cumplir con el convenio original y cobrar y entregar los recursos al fideicomiso".

A pesar de esta situación, precisó, el Gobierno del DF no podía cancelar el contrato de manera unilateral, pues corría el riesgo de enfrentar una demanda y un proceso judicial, por la existencia del permiso administrativo temporal revocable, que lo obligaba a cumplir los compromisos suscritos.

Por eso las autoridades decidieron recurrir a la vía penal y presentar también denuncias civil y mercantil, con lo cual se justifica la decisión de cancelar el contrato, dado que las condiciones son "más que onerosas" para la administración del fideicomiso, que terminó pagando más de lo que recibía, cuando el objetivo de su creación fue obtener recursos para la adquisición de equipo de emergencia, como ambulancias, explicó Alvarez Haro.

Publicidad en el Metro, otro caso

Como en el caso de la concesión de los espacios para publicidad en el Metro -y de "muchos más" que ya investiga el gobierno capitalino-, fue la entrega discrecional de un permiso administrativo temporal revocable (PATR) lo que permitió la operación irregular del servicio 080, dijo López Obrador, quien hizo un llamado a quienes cuentan con un PATR para que se acerquen a las autoridades con el propósito de regularizar su situación, de ser necesario.

Indicó que quienes tengan una concesión del gobierno pueden acudir con sus documentos, para informarles si se mantendrán los permisos y convenios o se revocarán. Ahora, dijo, vamos a poner orden en este tema, en espera de un gesto de buena voluntad de quienes se benefician con los permisos, porque son muchos los PATR que se entregaron; incluso para inmuebles y usos de suelo, como en Chapultepec, donde dueños de predios particulares tienen concesiones para extender su propiedad sobre áreas públicas.

La revisión incluirá todos los PATR que se dieron para espacios de diversión, como el Palacio de los Deportes, el Foro Sol, la Feria de Chapultepec y Six Flags. "Se trata, en general, de convenios muy irregulares en los que el gobierno no recibe lo que por ley le corresponde, pues no están actualizados los pagos por el usufructo de esos espacios", sostuvo el mandatario.

Sin embargo, aseguró que las autoridades serán muy cuidadosas para no afectar a quienes cumplen con sus obligaciones. Pero de lo contrario, advirtió, procederemos, aunque se negó a mencionar la razón social de las empresas que tienen concesiones de manera irregular, para evitar que recurran al amparo.

Una empresa en la mira

En estos momentos, informó por su parte Javier González Garza, director del Sistema de Transporte Colectivo (STC)-Metro, la Oficialía Mayor analiza la posibilidad de iniciar un procedimiento de revocación del permiso que posee el grupo Sare para el uso, aprovechamiento y explotación de 879 locales comerciales y mil 547 espacios en las instalaciones del Metro, por los cuales entrega 25 millones de pesos anuales, mientras sus ganancias ascienden a 200 millones.

Entre las causas consideradas por la Oficialía Mayor está el incurrir en situaciones contrarias al interés público y no representar beneficio para el STC, pues en 2001 le entregó 24.3 millones de pesos, equivalentes a la venta de boletos en taquilla durante cuatro días, suma insuficiente para las obras de mantenimiento a que están destinados esos recursos.

Advirtió que las condiciones en que fue firmado el PATR, hace siete años y medio, fueron desventajosas para el Metro, pues la empresa se queda con 45 por ciento de los ingresos obtenidos por la renta de 792 locales comerciales y no entrega "ni un centavo" por los 87 que permanecen vacíos, ni por la vigilancia, la limpieza y las labores de mejoramiento de la imagen de esa red de transporte masivo.

Una situación similar, recordó, ocurrió con las firmas Interticket y Enterprise, cuyos convenios para la comercialización de espacios publicitarios en el interior y exterior del STC fueron muy desventajosos: el año pasado sólo entregaron un millón y 8.8 millones de pesos, respectivamente.

Actualmente, destacó el funcionario, el área jurídica del STC analiza todos los contratos firmados con los prestadores de servicios para determinar su aceptación o rescisión, aunque la última palabra corresponde a la Oficialía Mayor, pues "debemos ser muy cuidadosos, dado que, por ejemplo, Sare ha cumplido con las especificaciones del PART, aunque éstas resultan desventajosas para nosotros".