Señalan expertos vacíos en la nueva legislación; persiste la discrecionalidad

Insuficiente, la ley de acceso a información

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Pese a que existe una ley de acceso a la información, México sigue siendo un país "discrecional y autoritario", en el que los poderes públicos aún no transparentan su ejercicio, afirmó el experto Javier Esteinou Madrid.

La académica de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, María Esther Navarro, consideró a su vez que no obstante este avance legal, ha habido retrocesos en el gobierno foxista, y se refirió al "decretazo" del 10 de octubre que disminuyó el monto del impuesto en especie que pagaban las televisoras.

Durante un foro sobre comunicación y reforma del Estado, en la Casa Universitaria del Libro, Esteinou también criticó el hecho de que el Presidente de la República nombre a los integrantes del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y no la sociedad civil mediante algún órgano de representación. En este punto coincidió el académico Porfirio Toledo, quien insistió en que los integrantes de dicho instituto "poco tienen que ver" con el tema en cuestión.

Esteinou, comunicólogo y maestro en sociología, señaló que la nueva legislación puede servir para pasar del Estado autoritario, discrecional, cerrado y basado en el manejo presidencialista, al Estado "de cristal", que sea transparente, democrático, abierto y que promueva la cultura democrática.

Sin embargo, advirtió que para promover esos cambios es necesario que la sociedad vigile que se cumpla la legislación y exija al gobierno la rendición de cuentas. Para que haya efectividad, dijo, será necesario modificar el marco legal, con el objetivo de que el instituto sea autónomo y los medios de comunicación privados sean incorporados y abran su información.

Refirió que también es urgente reglamentar las responsabilidades de los consejeros del instituto y que se legisle en el ámbito local y municipal sobre esta materia. Además, se requiere promover una "nueva mentalidad" de los servidores públicos, así como crear una ley de archivos y hacer que las oficinas de comunicación social, en vez de dedicarse a "manejar la imagen del jefe en turno", sean instituciones eficientes que puedan entregar la información que se les solicita.

Navarro consideró que todavía falta mucho por avanzar en el tema del derecho a la información, por ejemplo, en dar una real participación a la sociedad civil en los procesos de comunicación y reglamentación de empresas mercantiles relativas al tema.

Señaló que el gobierno foxista defendió abiertamente los intereses de los empresarios de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión con el decreto del 10 de octubre, lo que significó un "franco retroceso" en la materia.

Consideró que también es preocupante la intención del gobierno de hacer cambios en la Ley de Radio y Televisión para permitir que las Iglesias obtengan concesiones de medios de comunicación, lo que "representaría retroceder al siglo XVIII".

Para la profesora Navarro, la ley de acceso a la información no agota el tema del derecho a ésta. Quedaron pendientes temas como reglamentar derechos de los comunicólogos, tales como el secreto profesional y la cláusula de conciencia.

Toledo explicó que la ley de acceso en la materia se debe complementar con un paquete de reformas que aseguren que los mexicanos reciban información veraz, objetiva y completa. Adicionalmente, debe haber una nueva ley de radio y televisión, pero que sea consensada por diversos actores y no producto de un nuevo decreto presidencial.