Luis Javier Garrido
El rescoldo
El nuevo escándalo sobre las elecciones de 2000 que acaba de estallar abre serias interrogantes en torno al futuro del régimen mexicano y la legitimidad de Vicente Fox para ocupar la silla presidencial, aunque los medios no le hayan dado la importancia que merece.
1. La denuncia hecha por Pablo Gómez (representante del PRD ante el IFE), luego de publicarse diversas notas periodísticas sobre los precios irrisorios que, ahora se sabe, cobran tanto al PAN como al PRI las dos grandes empresas televisoras mexicanas -Televisa y Tv Azteca- en relación con sus tarifas oficiales y a lo cobrado a otros partidos, evidencia gravísimas violaciones a la legislación electoral y turbio tráfico de influencias.
2. La respuesta al nuevo escándalo que dan el PRI y el foxismo panista, las dos fuerzas políticas que una vez más aparecen recibiendo las mismas acusaciones por haber llevado a cabo prácticas similares de fraude electoral, no se hizo esperar por una razón: para los dirigentes políticos del país los medios de comunicación en 2003 y en 2006 serán de nuevo instrumento clave en su pretensión de manipular a la ciudadanía, y por ello buscan a cualquier precio que no se enturbie su papel. El IFE, por un lado, con celeridad inaudita y sin más base que cálculos hechos sobre cifras imaginarias, buscó limpiar su imagen (y la de los partidos), pretendiendo que la diferencia de precios cobrados por las televisoras no es tan grande, en tanto que diversos comentarios han ido mucho más lejos, pues argumentan que todo parte de una falsa percepción, ya que los detractores de estas alianzas turbias de los grandes consorcios de radio y televisión, tanto con el foxismo como con el PRI, magnifican el papel de los medios, ya que la televisión no lo puede todo (Milenio Diario, 6/11/02).
3. La cuestión no se zanja desde luego a) al dictaminar las autoridades electorales que las grandes cadenas cobraron sólo 30 por ciento menos a Fox y al PRI que a los demás partidos en 2000 -y no 10 veces menos como se dice-, o b) presentando los interesados "opiniones" asegurando que la televisión no influye en el sentido del voto, que es irrisorio y que se está magnificando el papel de los medios, o c) argumentándose que las grandes cadenas tienen derecho a votar y a regalarle su tiempo a los candidatos de sus preferencias, lo que obviamente es ilegal, sino haciéndose todo lo contrario: es decir, aplicándose la ley. Y si ésta es permisiva y establece sanciones irrisorias para quienes violando las reglas de financiamiento de las campañas tuvieron esa descomunal propaganda en los medios la sanción no puede ser más que una: la anulación de la elección.
4. En el "antiguo régimen", las elecciones presidenciales no podían ser anuladas porque la ley no preveía tal sanción y en el "nuevo régimen" la situación es la misma.
5. La sanción es la que ya todo mundo ha entendido y es una sanción moral de la sociedad, que sabe que Fox, quien preconiza todos los días con un discurso seudodemocrático que está llevando a México a otros estadios de vida republicana, en realidad ha cometido -y comete- un sinnúmero de delitos electorales que le quitan toda autoridad moral, pues está siendo instrumento central en la instauración de un nuevo sistema político mucho más antidemocrático que el anterior, ya que pretende que sus nuevas autoridades son "legítimas" y "democráticas", y las mismas están surgiendo de elecciones en las que los ciudadanos siguen relegados a escoger entre opciones que no lo son y, sobre todo, como ahora se confirma, sometidos a una propaganda perversa, urdida en complicidad con esos grandes consorcios dueños de los medios, sin paralelo en la historia, y que apuntala un sistema electoral con los mismos rasgos de siempre: profundamente inequitativo.
6. En el centro del debate está el papel de las televisoras y de los dos principales consorcios a nivel nacional -Televisa y Tv Azteca-, aunque los casos de las pequeñas funjan o no como empresas de Estado -Canal 11, Canal 40-, o de las regionales, no sean muy diferenteS, pues al erigirse en guardianes del nuevo supremo poder conservador atentan seriamente contra los derechos fundamentales de los mexicanos. Ese debate debería ir mucho más adelante y cuestionar los nuevos mecanismos de control que se ejercen sobre el pueblo mexicano para mantener un sistema de privilegios.
7. Las elecciones federales de 2000, que el gobierno saliente de Ernesto Zedillo -con el IFE por delante- y desde luego el nuevo gobierno de Fox quisieron presentar como parteaguas de una transición "a la democracia", no fueron tales: constituyeron comicios marcados por gravísimas irregularidades que no sólo las hicieron inequitativas, sino abiertamente fraudulentas. La cuestión más inmediata es que el gobierno surgido de las mismas utiliza todos los recursos a su alcance para imponer a los candidatos del nuevo oficialismo en las elecciones intermedias de 2003.
8. El modelo de "democracia política" que se pretende imponer en México y en los países latinoamericanos en los años de neoliberalismo es claramente el del sistema estadunidense, caracterizado por el dominio impune del dinero sobre la vida electoral y política, y no es de extrañar que esto se enmascare en el discurso seudodemocrático que Fox reitera hasta la saciedad.
9. En las recientes elecciones intermedias de Estados Unidos, George W. Bush utilizó ilícitamente todo el peso del gobierno federal, en particular usando de manera ilegal recursos federales para inversiones en Florida y apadrinando recaudaciones de dudosa honestidad, para imponer a su hermano Jeb otros cuatro años como gobernador y de lavar el fraude de 2000, y aquí Fox pretende hacer lo mismo para ganar en 2003. No sólo usar los medios y utilizar donaciones de empresas privadas y extranjeras para imponer a sus candidatos sino, como se ha visto, sino utilizar también el presupuesto que ha escamoteado a estados y municipios.
10. El debate de los partidos y candidatos es en este escenario cada vez más ajeno a los intereses populares, pero los integrantes de la "clase política" no parecen darse cuenta.
