Los asesores tendrían que pedir permiso al Legislativo

Propone AN regular la participación de extranjeros en seguridad pública

ANDREA BECERRIL

Con dedicatoria especial al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su decisión de contratar como asesor al ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, el PAN presentó ayer ante el pleno del Senado una iniciativa de reforma constitucional para prohibir a extranjeros servir en los cuerpos policiacos y de seguridad pública.

En el caso de asesores extranjeros en materia de seguridad pública se requerirá el permiso del Senado, si se trata de la Federación, y de la legislatura local en el caso de una entidad o el Distrito Federal. El Poder Legislativo deberá establecer las salvaguardas necesarias para evitar el uso indebido de información delicada a la que puedan tener acceso quienes realicen labores de asesoría.

La propuesta para reformar el artículo 32 constitucional fue argumentada en tribuna por el senador Jesús Galván, quien hizo notar que con el afán de "aminorar la alarmante criminalidad que es causa de la inseguridad en el Distrito Federal", López Obrador "ha pasado por alto la norma que la Constitución establece en materia de seguridad pública, al contratar los servicios de diversas policías extranjeras, como la chilena, la española y la japonesa. Recientemente, aunque se dice pagado por la iniciativa privada, un grupo de extranjeros ha sido contratado para prestar sus servicios de asesoría en la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno capitalino".

Galván hizo notar asimismo que el artículo 32 constitucional establece que en tiempos de paz la misión de garantizar el orden y tranquilidad del país, tarea encomendada al Ejército y a las fuerzas de policía y de seguridad pública, es de la exclusiva competencia de los mexicanos.

Sin embargo, agregó el senador, es necesario precisar de manera clara que para que extranjeros puedan asesorar a los gobierno federal, estatales o del Distrito Federal se requerirá el permiso del Senado y de las legislaturas locales, respectivamente.

Esa es la modificación propuesta al artículo 32 constitucional y la intención, precisó Galván, es que el Poder Legislativo valore cuidadosamente que los asesores extranjeros no hagan uso indebido o divulguen de información confidencial sobre seguridad pública

Aunado a ello precisa que la prestación de servicios de asesoría no confiere el mando, ni de todo ni de parte, de los cuerpos de seguridad pública.

Agregó que la propuesta de reforma constitucional va encaminada a que las autoridades administrativas cuenten "con todos los instrumentos que les permitan enfrentar con apego a la legalidad y de manera eficaz el mal endémico de la inseguridad pública". La iniciativa fue turnada a comisiones.