Marco Rascón

El lamento de los torturadores

Entre los viejos torturadores de la guerra sucia priva el desconcierto: deberían ser condecorados y no estar frente a un tribunal; merecían medallas, no la cárcel. Y es que los generales Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, quienes alucinaban actos subversivos por doquier, fueron condenados por narcotráfico, no porque hayan lanzado guerrilleros al mar desde helicópteros y sepultado campesinos en fosas comunes ni porque dieran el tiro de gracia a estudiantes haciendo el trabajo sucio que las instituciones del Estado necesitaban hacer clandestinamente. Fueron condenados por el mismo Ejército al cual sirvieron con lealtad y sacrificio.

No obstante, tanto jueces del consejo de guerra como acusados mantienen una oscura complicidad, ya que el juicio desplegó una cortina de humo en torno a los crímenes cometidos en nombre del Ejército y del Estado. De esta manera se mantiene la impunidad y la violencia, ya que no se respeta ninguna legalidad: ni la civil ni las leyes de la guerra.

El Ejército ha preferido enjuiciar blandamente a los generales antes que entregarlos a la justicia civil, pues los crímenes de Acosta Chaparro y de Quirós no son personales, sino de la institución a la que representaron.

Los torturadores de la gran época de la impunidad están consternados frente a las acusaciones y sobre todo de verse convertidos en villanos, cuando se reclaman protectores de la estabilidad, soldados de la paz, purificadores de la República. Habían decidido dejar su gloria en el anonimato, pues toda guerra tiene capítulos inconfesables, pero nunca imaginaron que serían vistos como apestados en el marco de las luchas políticas.

Los torturadores reclaman que ningún político fue capaz de defenderlos, pero sí de acusarles de narcotraficantes, a pesar de que alguna vez requirió sus servicios. De muchas maneras el caso es un reajuste de cuentas entre grupos de poder dentro del Ejército y una advertencia para los viejos generales, sus jefes en la cadena de mandos.

En el Ejército como en los cuerpos de seguridad del Estado existe un tiempo de reajustes: Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo estaban en el lugar y el tiempo incorrectos, pero su juicio, aunque sea por narcotráfico, ha servido para exonerar a hombres e instituciones de los crímenes de tortura y asesinato.

Guerra sucia y narcotráfico terminaron de la mano, aunque ahora el consejo de guerra y el fiscal especial hagan todo lo posible por separarlos y eluden toda investigación que los lleve hasta ahí.

El lamento de los torturadores refleja un sentido ideológico que ni la investigación de la fiscalía especial ni el consejo de guerra tomarán. Los torturadores defienden que hicieron el bien, que la estabilidad del país existe gracias a ellos y que hicieron una labor de limpieza ideológica que eliminó a cientos de mexicanos envenenados por las ideas comunistas. Fueron fieles soldados de la guerra fría, trabajaron para Washington y por la libertad de América; detuvieron las conjuras de Moscú y La Habana y ahora, cuando la política exterior mexicana les dio la razón, šson condenados! ƑPor qué manchar el honor que ganaron por sus servicios? ƑPor qué juzgarlos como narcotraficantes y no por la impunidad de que gozaron y que les facilitó llegar al narcotráfico? Y una pregunta más: si dicen que torturaron, asesinaron y desaparecieron en nombre de la patria, Ƒcómo justifican envenenar, traficar y obtener beneficios de la droga?

Para enjuiciar "el pasado" se requiere una visión ética e ideológica que no parece tener la fiscalía, pues esos crímenes fueron ejecutados bajo la inspiración de la razón de Estado; los torturadores directos no fueron sino piezas de una cadena de decisiones que determinó la moral de la república. Es demasiado asunto para un recolector de testimonios de las víctimas.

Los alegatos de los torturadores y sus lamentaciones definen muy bien el contexto ideológico en el que actúa el Estado mexicano, que a la fecha no puede otorgar una sola acta de defunción de un desaparecido, pues tendría que establecer las causas de muerte, que fue una: la razón de Estado y la violación de la legalidad por los mismos encargados de cumplirla.

Los militares defienden la impunidad, pues no respetaron ni la legalidad de los civiles ni las leyes de la guerra. Las masacres, desapariciones y asesinatos de guerrilleros constituyen un oprobio para la institución militar, más aún cuando no está dispuesta a juzgar a sus integrantes por esos actos.

Del 2 de octubre de 1968 a nuestros días México sigue podrido en sus propias mentiras. La verdad está lejos, pues como dijo Baltasar Gracián: "la verdad no se oye, se la ve".

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