Congruencia con la ley, le pide la CDH de la entidad

Exigen a Loyola Vera seguridad para Querétaro

Presentan iniciativa para sancionar y prevenir la tortura

MARIANA CHAVEZ CORRESPONSAL

Queretaro, Qro., 24 de octubre. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, el priísta Juan José Flores Solórzano, exigió al gobernador Ignacio Loyola Vera y al procurador de Justicia del estado, Juan Martín Granados Torres, que sean congruentes y cumplan con su obligación de darle a la sociedad queretana la seguridad que la ley consigna, pues el mandatario, dijo, "ha demostrado lo contrario".

La alusión, hecha en tribuna, se refería al comentario que hizo en días pasados el gobernador, quien desestimó una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) cuando dijo que al ciudadano Jorge Ignacio Guerra González no se le había torturado, únicamente "lo madrearon".

Se debe recordar que el 26 de julio, dos días antes del quinto informe de Loyola Vera, Guerra González se mojaba en una fuente ubicada frente al palacio de gobierno, en protesta porque desde hacía tres semanas no había agua en su colonia.

Molestos, agentes de Seguridad Pública lo detuvieron y entregaron a los escoltas del gobernador, quienes lo golpearon, amenazaron y fueron a tirar en una fosa de San Miguel Allende, Guanajuato.

El 17 de octubre, la CEDH emitió una recomendación al titular del Poder Ejecutivo estatal por privación de la libertad, tortura y amenazas de las que fue objeto Guerra González.

Loyola Vera rechazó que se haya tratado de tortura, únicamente lo "madrearon", dijo.

Por otra parte, Flores Solórzano presentó una iniciativa de ley para prevenir y sancionar la tortura en el estado.

La propuesta prevé castigo de tres a 12 años de prisión a quien cometa ese delito, así como sanciones económicas que van de 200 a 500 días de salario mínimo, e inhabilitar en el desempeño de cualquier cargo y empleo "hasta por dos tantos más del lapso de privación de la libertad impuesto" a la persona que incurra en esta práctica.

De acuerdo con el documento, quedará tipificado como delito de tortura cuando un servidor público "infrinja a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o síquicos", con la finalidad de obtener de ella o de un tercero información, "castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido", y obligarla a que realice o deje de realizar una conducta determinada.

La iniciativa también prevé obligar a las personas que cometieron este delito a cubrir los gastos de asesoría legal, médicos, funerarios y de rehabilitación que requiera el ofendido a consecuencia de la tortura.

Asimismo estará obligado a reparar el daño y a indemnizar a "la víctima o a sus dependientes económicos" en los casos de pérdida de vida, alteración de la salud, pérdida de la libertad, pérdida de ingresos económicos, incapacidad laboral y pérdida o daño a la propiedad.

De igual forma, establece que todo servidor público que conozca sobre algún caso de tortura estará obligado a "denunciarlo de inmediato", de lo contrario se hará acreedor de tres meses a tres años de prisión y de 15 a 60 días de multa.