Desde 1996 proporcionaban datos confidenciales a las bandas más importantes del país

Desmantelan red de servidores públicos vinculada con el narco

Estaban vinculados también con cárteles colombianos Trabajaban para El Mayo Zambada, Vicente Carrillo Fuentes, El Chapo Guzmán y Juan Diego Espinosa, El Tigre

JOSE ANTONIO ROMAN

Una amplia y sofisticada red de servidores públicos y ex funcionarios encargados de la seguridad, dedicada a proporcionar desde 1996 información confidencial a las bandas más importantes del narcotráfico y delincuencia organizada que operan en México, incluso vinculadas a cárteles colombianos, fue desmantelada luego de investigaciones conjuntas entre la Procuraduría General de la República (PGR) y las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública federal.

En conferencia de prensa, el procurador Rafael Macedo de la Concha, acompañado por los secretarios de la Defensa, Ricardo Clemente Vega García, y de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, informó que este grupo ''infiltrado'' en las instituciones de seguridad pública trabajaba para los cárteles de Ismael El Mayo Zambada, Vicente Carrillo Fuentes, Joaquín El Chapo Guzmán y de Juan Diego Espinosa, El Tigre, organización de origen colombiano.

Hay 22 detenidos

Con esta información, que incluía los operativos que pla-neaba la PGR, los capos podían evitar ser aprehendidos en distintas ocasiones, además de que estos datos eran usados por los cárteles para corromper o presionar a mayor número de funcionarios. La red operaba desde 1996, pero fue el 19 de octubre de 2001 cuando se inició la investigación que ayer dio sus primeros resultados.

Hasta el momento se ha detenido a 22 miembros de la organización criminal; hay tres arraigados, 230 inmuebles asegurados, 12 armas de fuego de alto poder, 16 vehículos ?algunos de ellos blindados? y 2.3 millones de dólares. Las investigaciones judiciales continúan.

Macedo informó que fueron diversas las instituciones que se vieron ''infiltradas'' en las áreas de planeación y de operación por estos individuos, que desde sus muy variadas funciones o con su experiencia en cargos públicos causaron daños a la función de combatir el narcotráfico, impidiendo que las acciones policiacas fueran exitosas.

La entrega previa de esta información a las organizaciones delictivas acerca de acciones y operativos impedía la captura, detención y procesamiento de líderes y miembros de su estructura, frustrando los esfuerzos y disminuyendo la capacidad de operación de los diferentes cuerpos de seguridad, señaló el procurador Macedo.

Entre las personas detenidas y arraigadas se encuentran varios ex agentes judiciales, ex militares y miembros de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, mientras que algunos de los ''infiltrados'' en las corporaciones policiacas estaban, uno en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, dos en la PGR, uno en la Policía Federal Preventiva (PFP) y dos en la Sedena.

Durante la conferencia, realizada en la sede de la PGR en Paseo de la Reforma, Macedo informó que las investigaciones en contra de esta red de informantes se iniciaron el 19 de octubre de 2001, luego de que en el poblado de Mimbres, Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano encontraron dos camionetas de un grupo de narcotraficantes.

En los vehículos se hallaron documentos y sofisticados equipos de comunicación, lo que permitió descubrir las redes de corrupción de los cárteles de drogas en dependencias federales y estatales. ''El contubernio entre servidores y ex servidores públicos deshonestos y miembros de diferentes organizaciones delictivas ha permitido que éstos continúen envenenando a nuestra juventud y manteniendo como rehén a la sociedad.''

Como resultado de las investigaciones generadas con este primer hallazgo, se logró posteriormente la aprehensión de Javier Torres Felix, lugarteniente de El Mayo Zambada, y del responsable de las comunicaciones del capo, Domingo Silva Monter. Asimismo, se realizaron cateos en varios municipios de Sinaloa, en donde se detectó que uno de ellos era frecuentado por la esposa de El Chapo Guzmán.

Además, en otro cateo realizado en la ciudad de Guadalajara se encontraron documentos que vinculan al cartel de El Mayo con la organización criminal internacional de Juan Diego Espinosa, El Tigre, de origen colombiano.

También se logró detectar la red de informantes e infiltrados que tenían las organizaciones criminales de El Mayo Zambada, El Tigre Espinosa, El Chapo Guzmán y Vicente Carrillo Fuentes.

Así, fueron detenidos Francisco Tornés Castro, El Capitán Tornés, quien participó en diversas corporaciones policiacas realizando labores de inteligencia y era el responsable de la información generada por las células infiltradas, señala el documento.

También fue aprehendido Salvador Ortega Barrera, quien laboraba en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud y obtenía para El Mayo información de los operativos en Sinaloa. Otro de los detenidos es Germán Pérez Quiroz, El Comandante, quien tenía la misión de reclutar a agentes del Ministerio Público Federal para obtener copias de los expedientes de las consignaciones de miembros de las organizaciones criminales.

Pérez Quiroz se desempeñó en algún momento como subdelegado de la Policía Judicial Federal en Durango y Morelos. A otro de los detenidos, Iván Castro Sánchez, se le encontró una lista de servidores públicos federales que le proporcionaban ayuda.

La última de las personas detenidas es Elvia Ramírez García, funcionaria de la PGR en Iztapalapa, quien proporcionaba copias de expedientes de personas vinculadas con la banda del narcotraficante Germán Pérez Quiroz, acción por la cual cobraba 30 mil pesos por cada expediente.

Los narcotraficantes mantenían la operación de infiltración y corrupción con el pago de miles de dólares mensuales a cada uno de los servidores y ex servidores públicos que formaban parte de la organización, como es el caso de Rubén Escalante, quien al momento de su detención desempeñaba el cargo de subdirector de la Unidad de Apoyo Táctico de las Fuerzas de Apoyo de la Policía Federal Preventiva.

Tanto en la lectura de su informe como en la sesión de preguntas y respuestas, el procurador Macedo advirtió que ''en este nuevo gobierno no hay cabida para los corruptos y deshonestos. Que sepan los delincuentes, los abogados que tuercen su función obteniendo información y recursos ilícitos, así como los malos servidores públicos, que tenemos la capacidad y la decisión para utilizar a su máxima expresión las herramientas judiciales que establece la ley contra la delincuencia organizada''.

El secretario de la Defensa Nacional, quien habló poco durante la conferencia, destacó que hoy como nunca las tres entidades involucradas realizan la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada de manera conjunta y organizada, con el fin de que estos actos no vuelvan a ocurrir.

''Estamos empeñados en acabar con ello, sin diferenciaciones de ninguna especie'', dijo el titular de la Sedena, Ricardo Clemente Vega García.

A su vez, el secretario de Seguridad Pública federal, Alejandro Gertz Manero, defendió la posición de denunciar y hacer público este tipo de corruptelas y no tratar de esconderlas para crear una falsa imagen de que todo está bien. En el país esa cultura es la que nos ha hecho un enorme daño que es irreparable. El gobierno federal está demostrando con esto que quiere hacer frente a los problemas y no tratar de esconderlos, dijo.

''No vamos a tapar ninguna acción de esta naturaleza; la vamos a dar a conocer, y el precio que tengamos que pagar por esto siempre será poco comparado con lo que gana la sociedad cuando se abren estos sectores de corrupción'', concluyó.

Han sido consignados 4 de los 48 elementos del 65 Batallón de Infantería, informa

Ningún regimiento está a las órdenes del narcotráfico, asegura Vega García

Acciones aisladas no empañarán la labor que llevan a cabo las fuerzas armadas, dice

JOSE ANTONIO ROMAN; IRENE SANCHEZ Y JAVIER VALDEZ REPORTERO Y CORRESPONSALES

Con la encomienda del presidente Vicente Fox de ''limpiar la casa'', el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Clemente Vega García, informó que hasta el momento han sido consignados ante las autoridades militares cuatro de los 48 elementos del 65 Batallón de Infantería, que tenía su sede en Guamúchil, Sinaloa, acusados de delitos contra la salud en su modalidad de fomento al cultivo de enervantes.

Durante la conferencia de prensa donde se informó del desmantelamiento de una red de servidores públicos y ex funcionarios que se había infiltrado en diversas instituciones de seguridad pública -para proteger desde ahí a los narcotraficantes-, el secretario rechazó que esa práctica sea común en las filas armadas.

''No hay ningún regimiento completo a las órdenes del narcotráfico'', puntualizó Vega García, quien comentó que ese batallón fue desintegrado y sus integrantes cambiados a otras zonas militares.

Aclaró que estas acciones aisladas no empañarán la labor que llevan a cabo las fuerzas armadas, y aseguró que el Ejército Mexicano seguirá cumpliendo con las órdenes del presidente Fox de combatir el narcotráfico.

Por otra parte, en Mazatlán se informó que el sargento Inocente Santana y el subteniente Fidencio Hernández fueron dos de los oficiales que recibieron el auto de formal prisión por parte del juez militar Enrique Palacios García.

Según el abogado Rafael Sánchez Tirado, defensor del sargento Santana, el término legal había vencido el domingo a las doce de la noche, tras extenderse el plazo en cinco días más a petición de la defensa, pero ésta no pudo aportar las pruebas suficientes para evitar los cargos en contra de los militares acusados de tener vínculos con el narcotráfico.

El Ministerio Público del fuero militar basa los elementos para determinar el auto de formal prisión en las declaraciones de los efectivos del 65 Batallón, que además fue disuelto, según consta en la causa penal 2984-2002.

Aparentemente la formal prisión está basada en los artículos 194 y 198 del Código Penal, que detallan la forma en que se constituye el delito imputado.

En el caso del teniente Gerardo Monjaraz (acusado de acopio de armas), el abogado señaló que aún no se le dicta el auto de formal prisión, pues solicitó la ampliación del plazo para proporcionar pruebas.

En otro orden, se ejercitó acción penal en contra de un comandante de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), adscrito a la PGR, y otro de la Policía Ministerial del estado; el primero por permitir la evasión de un agente de dicha corporación policiaca que custodiaba un camión que transportaba 511 kilos de mariguana, y el otro por la huida de cuatro elementos de esta corporación.

Pedro Antonio Nava Aguilera, de la PME, y el comandante de la AFI, Juan Manuel Madrigal Villalpando, fueron remitidos al Centro de Readaptación Social (Cereso) luego de que la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa inició la averiguación previa 12/2002, para investigar a los cuatro elementos de la Policía Ministerial activos de la base 38, con sede en este puerto, por su presunta participación en la transportación y cuidado de 511 kilos de mariguana.

La detención se logró cuando los agentes de la Ministerial estatal, Alfonso Angel Leyva y Pedro Antonio Nava Aguilera conducían un camión de redilas sin autorización, donde transportaban mariguana a la altura de la carretera internacional en el tramo Rosario-Nogales, y a su vez eran escoltados por otros cuatro elementos de esta corporación: Jaime Prestado López, Natividad Sánchez Flores, Jorge Abraham Dautt Montoya y José Raymundo Ochoa Alvarez, adscritos a la base 38.

La Procuraduría General de la República, a través de la agencia del Ministerio Público federal, inició la averiguación 401/02 del decomiso que presuntamente habían realizado los agentes de la PME, y cuando se pretendía detenerlos Alfonso Angel Leyva no se presentó a las instalaciones y los otros cuatro tampoco, por lo que fue detenido el comandante en turno de la plaza, Juan Manuel Villalpando, acusado de evasión.