Tesis de Burgoa considera improcedente el amparo sobre el caso: López Obrador
Acataría el GDF fallo judicial sobre obra vial
Vecinos opositores al distribuidor impidieron el acceso a sus viviendas para verificar daños
BERTHA TERESA RAMIREZ Y RICARDO OLAYO
En respuesta a agrupaciones vecinales que han hecho público su deseo de solicitar el asesoramiento del jurista Ignacio Burgoa Orihuela para ampararse contra las obras del distribuidor vial en San Antonio, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, dijo que un texto en materia de amparo en obras públicas del citado abogado sostiene que la suspensión provisional no puede aplicarse en el caso de este tipo de construcciones, porque se afecta el interés general.
En el documento, agregó López Obrador, Burgoa sostiene que no se pueden detener las obras públicas, "de modo que aunque se presentara el amparo no procedería la suspensión"; no obstante, el gobierno actuaría en forma respetuosa y acataría cualquier decisión del Poder Judicial en caso de que procedieran los amparos, añadió.
Sobre el texto de Burgoa Orihuela, dijo que aun cuando fue escrito hace tiempo, el abogado sostiene que cuando se trata de una obra pública no se puede otorgar la suspensión provisional porque se afecta el interés general.
Parar una obra pública significa dañar el erario y el interés público; estaríamos hablando de costos muy elevados en lo económico por detener una obra, y en este sentido hay todo un razonamiento de Burgoa, además de que hay tesis sobre este asunto, añadió López Obrador.
El jefe del Ejecutivo local consideró probable que el jurista va a sustentar su solicitud de amparo sobre la base de "daños posibles", incluso se han vertido comentarios en el sentido de que podría sustentarse por "daños emocionales", lo cual tendría que fundamentarse.
En tanto, Servimet, empresa inmobiliaria del GDF, en una carta dio a conocer a los vecinos opositores a la obra que algunos no permitieron el acceso a las viviendas, por lo que no fue posible establecer el estado que guardan ni prevenir daños, por lo que "se efectuará nuevamente el recorrido" para hacer el censo.
Los vecinos pidieron una póliza de seguro, la cual existe para salvaguardar las propiedades, se indica. Asimismo, en respuesta a los vecinos se dan a conocer los nombres de los responsables de la obra y del operativo de vigilancia de la SSP.
La carta establece que hay por lo menos 20 empresas contratadas -de las que proporciona datos concretos- y la participación de la UNAM; todo ello a partir de instrucciones de López Obrador para informar a los vecinos.
El gobierno capitalino realizó un estudio de impacto ambiental y tiene el estudio de estructuras, fundamentalmente sobre los efectos que pueden tener, o los daños que podrían provocarse en la construcciones o viviendas que están alrededor. No hay ningún problema porque se están haciendo los cimientos en la calle, a distancia de donde están las construcciones, apuntó.
López Obrador dijo que en el caso del segundo nivel en Periférico y Viaducto "se piensa que será una estructura muy pesada, pero no será así, pues no se requiere de una cimentación muy profunda".
En ese sentido, el jefe de Gobierno confió en que por lo general los jueces se ajustan a lo que establecen las leyes y se apoyan en la jurisprudencia, "por lo que no hay motivos para hacer interpretaciones extravagantes".