Jenaro Villamil

La graciosa cesión presidencial

La contrademocratización de los medios

La agenda pendiente

DESPUES DE MAS de 15 meses de negociaciones y diálogo con representantes sociales, académicos, legisladores, partidos políticos y concesionarios en el seno de la Secretaría de Gobernación para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), de haber incluido como punto sustancial de la reforma del Estado la democratización de los medios electrónicos y de presumir en cuanta oportunidad tiene la aprobación de una nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presidente Vicente Fox ratificó hoy dónde están los verdaderos intereses y acuerdos del "gobierno del cambio".

UNA GRAN MASCARADA de consulta y reforma acabó en lo que hoy fue la confirmación de la plutocracia mediática: el gobierno federal cedió en todo ante las demandas de los concesionarios, especialmente en la desaparición del 12.5 por ciento de tiempo fiscal, que ahora será manejado como si fuera una graciosa concesión de "tiempo presidencial" en las grandes cadenas televisivas; confirmó que la televisión y la radio privadas son vistas desde el poder presidencial como un negocio con el que hay que pactar y no como un servicio público concesionado, es decir, como un bien nacional en el que deben participar distintos actores sociales involucrados en el proceso educativo, informativo y cultural del país; pasó por alto al Poder Legislativo al emitir vía decreto la reforma al reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, con lo cual inauguró una nueva etapa de "presidencialazos" mediáticos; eludió la responsabilidad de crear una ley específica para los medios públicos, los cuales quedarán subordinados a los intereses de la gran industria privada; lejos de aplicar la transparencia tan cacareada, se confirman los acuerdos discrecionales, en la cúpula del poder del rating, para mantener a los mismos intereses sin operar una apertura real en el otorgamiento de concesiones. En otras palabras, se anunció la contrademocratización.

EL DISCURSO PRONUNCIADO por Vicente Fox ante la convención de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) constituyó una penosa entrega del poder presidencial a los capitanes que controlan los medios concesionados. Ahora resulta que también ellos son "víctimas" de la represión de 1968, según las palabras de Bernardo Gómez, dirigente de la agrupación.

SIN EMITIR UNA SOLA crítica a los contenidos televisivos, Fox consideró que gracias a la actual industria se han mejorado los niveles educativos y se ha impulsado la democratización del país. ¿Realmente creerá el primer mandatario que con programas como Big Bro-ther, La Academia u Operación Triunfo se alfabetiza y se instruye a la nación? ¿Será que los talk shows y su intrusión en el lenguaje de la clase política, que los imita constantemente, son lo más preciado de nuestra transición a la vedetocracia? Y menciono estos programas y "géneros" de la telebasura porque son los que tienen más alto nivel de audiencia y se han constituido en la punta de lanza de la competencia televisiva.

NO SOLO ESO. Halagó a los concesionarios por ejercer una "crítica responsable" y por encabezar la apertura informativa. Sin venir al caso, agradeció también el papel que ha jugado la televisión en el conflicto con el sindicato de Pemex y, de pronto, convirtió a esta industria y su filantropía en los héroes de la tragedia que devastó a las comunidades mayas de Yucatán y Campeche. La filantropía, tan necesaria en situaciones como esta, mientras más presuntuosa se vuelve más chocante resulta. La apertura informativa ha sido real, pero no consistente. Televisa y Tv Azteca se enfrentaron a una severa crisis de credibilidad que los forzó a pluralizarse, sobre todo en el primer caso, pero esto no excluye que la llamada "infobasura" sea el pan de cada día de sus emisiones.

NO ES PARA MENOS la indignación de muchos actores involucrados desde años atrás en la democratización de los medios y en las negociaciones recientes. La profesora Beatriz Solís, reconocida entre los especialistas más importantes en la materia, calificó el reciente anuncio presidencial como una "burla y una traición" al diálogo. "Es lo peor que ha ocurrido en todos los anteproyectos de ley que se habían hecho", consideró la profesora. No pocos legisladores, empezando por el senador Javier Corral, correligionario del mandatario, consideran como "una afrenta" al Poder Legislativo que el Presidente haya decidido reformar el reglamento de la LFRT sin pasar por el Congreso.

BERNARDO GOMEZ Y Vicente Fox presumen como un adelanto que se incorporará ahora el "derecho de réplica" en los medios electrónicos. Hasta el momento, nadie sabe cómo va a operar ese derecho cuando no está garantizado por una ley en la materia y cuando todo se reduce al criterio de la "autorregulación". ¿Es creíble este compromiso cuando una y otra vez comprobamos que los medios masivos son utilizados para linchamientos interesados, sin sustento informativo, o para generar escándalos vendibles de acuerdo con los intereses dictados por el rating? ¿No se aprendieron las lecciones del excesivo manejo unilateral de empresas como Tv Azteca en el asesinato del conductor Francisco Stanley?

NINGUN PODER SE LIMITA por sí solo, a menos que existan poderosas instancias reguladoras y normadoras de su actividad. Sin obligaciones de derecho no hay democracia de hecho. Así ha sucedido con los bancos, así sucedió con el presidencialismo mexicano y así está ocurriendo con el poder de los medios, que no encuentran límites reales, más que el que se marca por los dictados de la "guerra de televisoras", que en muchos sentidos ha representado una baja en la calidad de los contenidos.

LA FALTA DE UN ORGANO regulador también ha provocado litigios en la industria, que no han conducido a la democratización. Basta recordar los recientes casos de pleitos legales entre Tv Azteca y CNI-Canal 40; de Televisa contra Multivisión; del grupo Imagen, entre Monitor y Radio Centro. Al no existir una instancia reguladora, prevalecen la "ley del más fuerte" y los arreglos discrecionales.

Los reclamos olvidados

ENTRE LOS PRINCIPALES derechos ciudadanos expuestos en las siete mesas de negociación de la LFRT que hoy quedan en el vacío están los siguientes:

A) LA CREACION DE un órgano regulador con la participación de instancias académicas, legislativas, ciudadanas y los propios concesionarios, que vigile y transparente el mecanismo para otorgar concesiones, que determine el uso de los tiempos fiscales y de los tiempos del Estado, que intervenga en el monitoreo y en la medición de la calidad de la programación y de la publicidad.

B) CREAR CERTEZA JURIDICA para los permisionarios -figura legal distinta a la de los concesionarios- para fines educativos, culturales y comunitarios. Actualmente, 84 por ciento de los títulos de concesión y de permiso de las frecuencias radiofónicas está en manos privadas y sólo 16 por ciento pertenece a medios con fines sociales, de los cuales sólo 0.01 por ciento pertenece a señales de la sociedad civil, de acuerdo con los datos publicados en el libro No más medios a medias. Esto viola cualquier principio de equidad y de promoción de la participación social.

C) ELIMINAR EL "PAGO en especie" del 12.5 por ciento del tiempo fiscal de los concesionarios para que éste se realice de la siguiente forma: 6.25 por ciento será pagado en efectivo por los concesionarios; 6.25 por ciento se destinará a un fondo para la producción audiovisual, administrado por un consejo ciudadano, designado por la Cámara de Diputados.

D) CUMPLIR CON LO QUE se establece en materia de porcentaje de publicidad. Según el reglamento actual, "el tiempo destinado a propaganda comercial, dentro de programas y en cortes de estación, no excederá del 18 por ciento del tiempo total de transmisión". En las estaciones radiofónicas, no deberá exceder del 40 por ciento. Es claro que este porcentaje no se cumple, más ahora que existen los infomerciales y las gacetillas comerciales insertadas como parte del contenido de la programación.

E) GARANTIZAR EL DERECHO de réplica a través de una nueva ley de medios electrónicos. Las organizaciones ciudadanas consideran éste como el "derecho a rectificar la información equivocada plasmada sobre una persona física o moral en un medio y a dar nuestro punto de vista en ese mismo medio, y en las mismas condiciones de la transmisión original, con el mismo horario, espacio y duración".

F) TRANSFORMAR LOS MEDIOS administrados por el Estado en auténticos medios públicos, con recursos suficientes y con participación social real. Hasta el momento, los medios públicos han funcionado como medios gubernamentales. La ciudadanización de los medios públicos implica la participación de la producción independiente en la programación.

G) LA LIBERTAD DE expresión entraña la pluralidad informativa. En los medios privados, esta libertad se ha subordinado a la comercialización y a la unilateralidad. En la medida que esta libertad se confunda con impunidad mediática, en esa medida también se alteran los propios derechos humanos básicos.

POR SUPUESTO, ESTOS son algunos puntos. La discusión no ha culminado. Lo que ahora queda más claro es que el "gobierno del cambio" simplemente clausuró su compromiso por la democratización de los medios.