No a contrato a prueba, aumento de jornada y diferimiento de huelga a petición patronal

Condicionará el CT su apoyo a la reforma laboral

FABIOLA MARTINEZ

El Congreso del Trabajo (CT) condicionará su apoyo al proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) a la eliminación de por lo menos tres puntos del documento base: contrato a prueba, jornada laboral sujeta a las necesidades productivas de la empresa y la facultad del patrón para diferir un emplazamiento a huelga.

En días pasados, el presidente del CT, Leonardo Rodríguez Alcaine, se refirió a un supuesto "consenso" entre las 36 organizaciones que integran esta central obrera respecto al contenido del documento de trabajo, sustento de la iniciativa del Ejecutivo.

Sin embargo, algunos sindicatos -como el minero- rompieron la costumbre de obediencia hacia su cúpula, al citar los temas del proyecto de reforma que "perjudican a la clase trabajadora y que podrían significar un retroceso en los logros obtenidos por medio de la lucha social".

El secretario del Trabajo, Carlos Abascal, reiteró el pasado lunes, en su comparecencia en la Cámara de Diputados, que en breve estará lista la iniciativa, aunque el presidente de la comisión de Trabajo, el cetemista José Ramírez Gamero, aseguró que hasta el momento "no está calendarizada la reforma laboral... aquí no ha llegado nada".

Tras una discusión sobre el particular -informó una fuente del CT involucrada directamente en la mesa de negociación-, se llegó al acuerdo que "al menos tres factores" impedirían la aprobación de la iniciativa que se redacta en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), motivo por el cual ha sido calificada por sus críticos como la ley Abascal.

De acuerdo con el documento de trabajo, elaborado por los asesores jurídicos del CT y del sector empresarial, en el artículo 926 se propone que a petición de las partes, o de la autoridad laboral, se podrá diferir la fecha de estallamiento de la huelga.

Al respecto, el Sindicato de Trabajadores Mineros expone en un amplio análisis, próximo a publicarse, que con ello se modificaría una conquista y un derecho fundamental de la clase trabajadora, "porque sólo compete a ella la decisión sobre el diferimiento del periodo de prehuelga y todo lo relativo a huelga".

De la ampliación de la jornada diaria de acuerdo con las necesidades de producción de la empresa, los opositores a la reforma a la LFT afirman que con ello se demuestra la intención de establecer jornadas diarias de 10 y 12 horas, "lo que traería como consecuencia la reducción de personal, la no generación de tiempo extra y problemas de salud para los trabajadores".

Respecto a los contratos a prueba, las organizaciones del CT que se oponen a dar "un visto bueno" a la iniciativa que está a punto de enviar la STPS al Congreso de la Unión señalan que éstos restarían derechos, como indemnización a aquellos trabajadores que no alcancen, tras el periodo de prueba, la contratación definitiva.