PEMEXGATE
Carlos Almada y otros tres priístas, en la
lista presentada por el juez decimotercero
Ordenes de aprehensión contra ex funcionarios
de Pemex y PRI
La PGR, en espera del desafuero de los líderes
petroleros México recurrirá a tratados con el gobierno
de EU para la extradición de Rogelio Montemayor y algunos de sus
ex colaboradores
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
El juez decimotercero de distrito en materia penal, José
Luis Moya Flores, con sede en el Reclusorio Sur, libró ayer por
la mañana las órdenes de aprehensión solicitadas por
la Procuraduría General de la República (PGR) contra Rogelio
Montemayor Seguy, Carlos Juaristi Septién, Juan José Domene
Berlanga y Julio Pindter González, ex funcionarios de Petróleos
Mexicanos (Pemex), y contra los priístas Jorge Cárdenas Elizondo,
Alonso Bretón, Carlos Almada y Joel Hortiales, como presuntos responsables
de peculado, por haber participado en el supuesto desvío de 640
millones de pesos de Pemex a la campaña presidencial de Francisco
Labastida Ochoa.
Como informó La Jornada el pasado jueves,
el juez José Luis Moya estaba próximo a resolver en torno
al expediente que la Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales (Fepade) le consignó.
Por el lado de Pemex, los mandamientos judiciales son
contra Rogelio Montemayor, ex director general; Juan José Domene
y Carlos Juaristi, ex directores corporativos de finanzas, y Julio Pindter,
ex subdirector de relaciones laborales. Por el PRI, ordenó capturar
a Jorge Cárdenas y Alonso Bretón, ex secretario y ex subsecretario
de finanzas, respectivamente; Carlos Almada, ex secretario de elecciones
y ex vocero del ex presidente Ernesto Zedillo, y Joel Hortiales, empleado
de la secretaría de finanzas del tricolor.
Ningún líder petrolero en la lista
En el mayor de los sigilos, la PGR había consignado
el expediente desde hace varias semanas, pero como se adelantó también
en este diario, en la solicitud de órdenes de captura no se incluyó
a ninguno de los colaboradores más cercanos de Francisco Labastida,
ex candidato presidencial del PRI; tampoco, por el fuero del que gozan,
a los líderes petroleros Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana
Prieto, quienes presuntamente participaron en la transferencia de recursos
entre Pemex y el PRI.
Con el libramiento de esas ocho órdenes de aprehensión
también se confirmó lo dicho por el representante del tricolor
ante el Instituto Federal Electoral (IFE), Rafael Ortiz Ruiz, quien el
miércoles 2 de octubre aseguró que el gobierno federal se
quedaría "con sardinitas", porque no iría tras los peces
gordos de que habló el 18 de enero pasado el secretario de la
Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), Francisco Barrio.
Por cierto, las declaraciones del titular de Secodam se
realizaron un día antes de que La Jornada publicara la información
que ahora se conoce como el Pemexgate, y que se ha ido confirmando
en las acusaciones penales que el Ministerio Público ha formulado
en los últimos meses.
Nuevas órdenes
La decisión judicial de ordenar la detención
de cuatro ex funcionarios de Pemex y cuatro priístas trascendió
luego de que, durante varias semanas, el juez Moya Flores estudió
el expediente que elaboró la Fepade.
En agosto pasado, Moya Flores libró seis mandamientos
judiciales contra igual número de personas por su presunta responsabilidad
en la comisión de los delitos de peculado y ejercicio indebido del
servicio público.
En esa ocasión, el juez consideró que Rogelio
Montemayor, ex director de Pemex, y cinco de sus más cercanos colaboradores
incurrieron en actos ilícitos al celebrar distintos convenios administrativos
con los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana (STPRM), ya que por esa vía se distrajeron fondos públicos
de manera irregular.
La PGR ha detectado que Montemayor Seguy, Domene Berlanga,
Juaristi Septién y Julio Pindter se encuentran escondidos en Estados
Unidos, por lo que solicitará su detención por medio de los
acuerdos jurídicos que existen entre el gobierno mexicano y su homólogo
estadunidense, además de Interpol.
La nueva acusación de la PGR se derivó de
una investigación de varios meses que realizó la Fepade,
en la cual, supuestamente, se demuestra que existió connivencia
entre funcionarios de Pemex y del PRI para que, con la intermediación
del STPRM, se transfirieran 640 millones de pesos a la campaña presidencial
de Francisco Labastida Ochoa.
Hasta el momento las acusaciones penales que formuló
la PGR no han incluido a ningún dirigente petrolero, pero la dependencia
que dirige el general Rafael Macedo de la Concha está a la espera
de que tanto Carlos Romero Deschamps, secretario general del STPRM, como
Ricardo Aldana, tesorero, y Jesús Olvera, integrante de la comisión
de vigilancia, sean desaforados por el Congreso de la Unión para
fincarles cargos de tipo penal.
Los prófugos
Montemayor Seguy, Juaristi Septién, Juan José
Domene y Julio Pindter fungieron como operadores en la entrega de recursos
de Pemex al STPRM durante 2000, y por ello ya tienen dos órdenes
de aprehensión en su contra, la primera de ellas por peculado por
más de 2 mil millones de pesos
Esta segunda acusación penal tiene que ver con
un convenio firmado el 8 de junio del 2000 entre Pemex y el sindicato petrolero,
mediante el cual Montemayor Seguy aprobó la entrega de un préstamo
por 640 millones.
Este dinero fue depositado en la cuenta que posee en Banorte
el sindicato de Pemex, con el número 559020699, y de ahí,
mediante 10 cheques, Joel Hortiales, ex funcionario de la Secretaría
de Finanzas del PRI, y Melitón Cázares, Andrés Heredia
y Alonso Veraza, tres ex empleados del tricolor que posteriormente
se convirtieron en informantes de la PGR, cobraron en efectivo 500 millones
de pesos que posteriormente se entregaron al partido.
En las declaraciones ministeriales de los tres testigos
de la PGR se menciona que el dinero fue entregado y recibido por el entonces
secretario de Finanzas del tricolor, Jorge Cárdenas Elizondo,
y por el subsecretario Alonso Bretón.
Las investigaciones de la Fepade, supuestamente, encontraron
elementos para probar que los priístas sabían de la ilegal
procedencia del dinero, además de que también aplicaron esos
recursos -sin informar al Instituto Federal Electoral- en la campaña
del entonces candidato a la Presidencia, Francisco Labastida, y para ocultar
su origen simularon que eran ingresos del llamado Sorteo del Milenio y
que se gastaban en la entrega de premios.
Sin embargo, presuntamente, se estableció una
lista de supuestos ganadores, que eran esposas de miembros de la directiva
priísta, a las cuales al momento de cobrar los premios se les decía
que los recursos debían ser devueltos a las arcas del partido.
Jorge Cárdenas, Alonso Bretón, Joel Hortiales
y Carlos Almada están en calidad de prófugos de la justicia,
y a excepción de Montemayor Seguy, quien está ubicado en
Houston, Texas, y bajo un proceso jurídico de extradición,
los demás ex directivos de Pemex no han sido detenidos ni localizados.
Contradicciones y confianza
"Pese a que los jueces han resuelto de manera diferente
solicitudes de amparo elaboradas en los mismos términos, mantenemos
nuestra confianza en el Poder Judicial Federal", aseguró a este
diario el senador Ricardo Aldana Prieto.
En entrevista vía telefónica, el legislador
priísta, tesorero del STPRM y uno de los señalados como responsables
del desvío de más de mil 500 millones de pesos de Pemex,
dijo que tanto él como Carlos Romero Deschamps, quien es diputado
federal -a quien le fue negado un amparo contra la realización del
juicio de desafuero-, consideran que sus demandas de protección
de la justicia federal tienen razón jurídica para impedir
que se violen sus garantías individuales y sus derechos políticos.
Además, indicó Aldana, existe jurisprudencia
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que
un amparo debe otorgarse para evitar actos que después no puedan
reparar el daño causado, como sería el desafuero, con lo
cual ya no podrían recuperar su sitio en el Congreso de la Unión,
si demuestran (él y Romero Deschamps) que no tienen responsabilidad
en lo que se les imputa.
