Gabriela Rodríguez
Día por la Despenalización del Aborto
En relación con el Día por la Despenalización del Aborto (27 de septiembre), habremos de recordarle a nuestros legisladores y legisladoras la importancia de respetar los derechos humanos, el Estado laico y nuestra Constitución. Concretamente quiero dedicar este artículo a quienes desde el Partido Acción Nacional han estado presentando iniciativas con base en convicciones religiosas que quieren colocar por encima de los derechos humanos de las mujeres y dar pasos atrás en la ya tan accidentada y lenta democratización del país.
"Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión...", dice a la letra el documento que cuenta con el mayor peso político y moral en la historia moderna de Occidente: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, producto de importantísimos movimientos mundiales, de las revoluciones francesa, mexicana y rusa, así como de las guerras mundiales. Construido por la humanidad en 1948, el acuerdo dio las bases para garantizar la libertad de pensar, expresar y difundir las propias ideas, tengan o no sustento religioso, así como la libertad de actuar de acuerdo con la conciencia individual y contra la imposición de códigos religiosos por parte del Estado; libertades todas que son producto de la laicidad, de la fundación del Estado laico, del poder que se separa de las Iglesias que dominaban en el antiguo régimen para legitimarse en la soberanía del pueblo y no en la voluntad de Dios.
Sin duda el Estado laico ha sido y sigue siendo cimiento de las democracias y de los derechos humanos. Democracia y derechos humanos son términos ampliamente valorados en el siglo XXI, baluartes cuyo ejercicio está más cerca del discurso que de los hechos que se viven. El derecho al aborto, a interrumpir un embarazo cuando no se tiene el deseo o las condiciones para dar a luz, criar, alimentar y formar a un hijo hasta que alcance su autonomía, encuentra obstáculos legales en algunos países que se dicen laicos y democráticos, pero que no establecen leyes con base en la voluntad popular, sino en ciertas interpretaciones de la teología católica y en las actuales regulaciones que dicta la curia romana.
Los pueblos europeos, responsables de la extensión del cristianismo en Occidente, han superado sus reglamentaciones religiosas hasta marcar la vanguardia en la despenalización del aborto. Con excepción de Irlanda y Polonia, que tienen algunas restricciones, actualmente todas las mujeres de los países de Europa tienen derecho a un aborto seguro y legal. Esta situación contrasta con nuestra conservadora y revangelizada región de América, donde sólo cuatro países autorizan el aborto sin restricción: Canadá, Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico. En el resto se ha logrado despenalizar ante ciertas circunstancias: en casos de violación, para salvar la vida de la mujer o por salud física y salud mental. Hay que decir también que ocho gobiernos de la región han dado pasos atrás al acceder a la iniciativa vaticana para organizar el Día del No Nacido, instituido en Argentina, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Venezuela. Se contradicen así las plataformas de acción de conferencias internacionales de Naciones Unidas tan importantes como la de El Cairo de 1994 y la de Pekín de 1995, en las cuales más de 180 países reconocieron que la práctica del aborto inseguro es una cuestión de salud pública relacionada con las leyes punitivas que existen aún en el llamado "mundo en desarrollo". Actualmente mueren 6 mil mujeres cada año en América Latina al tener que recurrir a abortos inseguros.
Pese a las iniciativas panistas para alinearnos a las normas del Vaticano, en México no han logrado cambiar las leyes (a excepción de Chihuahua) y, por el contrario, se ha alcanzado un avance muy importante apenas el año pasado en el Distrito Federal, donde su Secretaría de Salud y su Procuraduría General de Justicia han desarrollado procedimientos para hacer efectiva la práctica de los abortos legales en la ciudad de México.
En este país contamos con una larga historia de laicidad que se refleja en nuestra Constitución, en la firma de tratados internacionales vinculatorios y en diferentes reglamentaciones nacionales que reconocen los derechos reproductivos. Lejos de retrocesos, necesitamos liberalizar las restricciones al aborto, promover una cultura de derecho y desarrollar mecanismos para que el derecho al aborto seguro y legal pueda ser ejercido y para que todas las mujeres, incluyendo a las más pobres que viven en comunidades suburbanas y rurales, actúen de acuerdo a su libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
