Luis Hernández Navarro

De la sociedad civil a la anónima

El 19 de septiembre de 1985 nació un mito: la sociedad que se organiza y se representa sin mediaciones partidarias o gubernamentales. Con esta idea-fuerza como horizonte surgieron en el país centenares de organizaciones civiles. Su actividad fue clave para crear una cultura de los derechos humanos (DH), articular intereses de los sectores populares, crear redes de educación popular y salud alternativa, promover la equidad de género y la diversidad sexual. En suma, para construir ciudadanía.

Hoy ese mito está en crisis. En lo esencial, los partidos políticos dominan la arena pública. La definición de la agenda nacional no pasa por actores no gubernamentales y los más reconocidos se han vuelto prácticamente invisibles. No son pocos los integrantes de ONG que se han incorporado a la administración pública o a la representación parlamentaria. Con la coartada de la filantropía, la fundación cuasigubernamental Vamos México ocupó, en menos de dos años, el discurso, el espacio y muchos de los recursos que las organizaciones civiles habían conquistado durante los últimos 15 años.

Uno de los indicadores para calibrar el tamaño de la debilidad de éstas es que el primer plebiscito con base jurídica realizado en la ciudad de México resultó un fracaso. Participaron apenas 473 mil ciudadanos, o sea 7.16 por ciento del padrón electoral. La práctica de la democracia participativa, reivindicación histórica de muchas, naufragó.

Entre las causas que explican esta crisis se encuentra que una parte de la sociedad civil progresista se subió al carro del voto útil foxista. El tamaño de su desencanto es proporcional al calibre de sus expectativas. Ciertamente, con el nuevo gobierno algunas personalidades consiguieron chamba. Incluso buen número de intelectuales se incorporaron al Servicio Exterior. Pero quienes esperaban convertirse en interlocutores privilegiados del nuevo régimen en la perspectiva de la reforma del Estado, sin abandonar su pertenencia institucional, se quedaron "vestidos y alborotados".

Algunas ONG se han metido de lleno tanto a la búsqueda de un marco legal específico como de recursos públicos para financiar sus actividades, mientras que varios de sus integrantes promueven nuevos proyectos partidarios. La ruta de la institucionalización y del reconocimiento en la esfera gubernamental ha provocado que surjan fuertes discrepancias dentro de las redes que las agrupan. La disputa por la interlocución, el protagonismo y los roles se ha acrecentado. El abordaje de lo público desde la visión ciudadana de las organizaciones de promoción del desarrollo se desnaturalizó y agotó. El deslinde con respecto a quienes usaron lo civil como su espacio de acción política, con el objetivo de ocupar puestos en instituciones gubernamentales, está a la orden del día.

El afán de algunas organizaciones civiles por ser protagónicas y actuar con base en una agenda propia ha provocado distanciamiento y tensión con los movimientos sociales. Sin embargo, esa profesión de autonomía está cuestionada en la práctica por las crecientes presiones que muchas fundaciones de distinto signo ideológico ejercen para fijar su propios intereses. La debilidad económica de muchas ONG las ha llevado a aceptar condicionamientos y políticas de sus financiadores.

Al abandonar su ventaja comparativa como promotoras de proyectos específicos y presentarse como diseñadoras de políticas públicas y cabilderos profesionales, muchas asociaciones se han metido en aventuras retóricas, así como en desgastantes y maratónicas reuniones que culminan con mucha frecuencia en la elaboración de proclamas y documentos de autoconsumo.

Otra es la historia de las ONG que se mantienen vinculadas a causas y procesos sociales. Caso aparte es el de los organismos civiles de DH. Su acercamiento con el gobierno es resultado de una necesidad propia de su función, no de un afán de acumular poder. La participación de 18 de ellas en la segunda fase del Acuerdo de Asistencia Técnica en materia de DH, firmado entre el gobierno mexicano y la alta comisionada para los DH de la ONU, proviene no de la aspiración de tener más protagonismo, sino de la misma lógica de su acción práctica defendiendo razones y casos.

Parte del espacio político que en el paso ocupaba la sociedad civil progresista hoy ha sido llenada por una franja "gris" de organizaciones sociales de corte corporativo. Nuevas movilizaciones de tipo gremial y reivindicativo se han producido en todo el país, en ocasiones en defensa de los intereses particulares de sus líderes o del PRI.

Las protestas sindicales y del transporte han crecido. Los conflictos en la ciudad de México entre el SUTGDF y el sindicato del Metro, y ahora, por causas distintas, los protagonizados por petroleros y -con una dirección gremial de otra naturaleza- electricistas y maestros, son ejemplo de ello.

En el agro la división de la CNC y el malestar de los campesinos medios han propiciado el surgimiento de una inquietud rural de dimensiones nacionales, pero con expresión regional. Esta ha sido promovida o acompañada en parte por los dirigentes locales cenecistas, que han adquirido una vitalidad y capacidad de convocatoria inusitada.

Ante estas movilizaciones, pero también ante luchas como las de los ejidatarios de Atenco, el tejido asociativo progresista nacido del 19 de septiembre de 1985 ha quedado desbordado y desfasado. La sociedad civil parece haberse convertido en una sociedad anónima.