Magdalena Gómez

Gatopardismo legislativo en el Senado

Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia que declara improcedentes las controversias indígenas terminó un ciclo de virtual suspensión en la aplicación y desarrollo legislativo de la llamada reforma indígena de 2001. El pasado 19 de septiembre el Senado aprobó las primeras iniciativas de una serie que busca consolidar el golpe al proceso de paz y a los acuerdos de San Andrés, diseñado y liderado desde ese espacio.

Desde el punto de vista formal es impecable reglamentar una reforma, pero políticamente es imperdonable que se continúe cerrando la posibilidad de rectificar cuando ha sido evidente la carencia de legitimidad. Obtuvieron casi unanimidad de los presentes para la reforma al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales: 77 votos a favor y una abstención.

Cual si fuera novedad, el Senado da cuenta de la injusticia que viven los indígenas ante la administración de justicia y borda sobre un asunto que se reguló desde 1991, cuando en materia penal se estableció el derecho al traductor y la posibilidad de presentar dictámenes periciales sobre las prácticas y características de cada pueblo, entre otros elementos, lo que además ya está incluido en el convenio 169 de la OIT. Por cierto, el Estado ha sido incapaz de garantizar su cumplimiento salvo los esfuerzos aislados realizados desde el Instituto Nacional Indigenista con la formación de algunos traductores, quienes, dicho sea de paso, no tienen garantía de remuneración. Sorprende por todo ello que el senador panista Francisco Frayle afirmara que "es la primera vez en la historia moderna de México que se reconoce que hay otros mexicanos que ven la realidad de forma diferente".

Además de la que comentamos, la comisión de Asuntos Indígenas del Senado tiene todo un paquete de iniciativas, la mayoría referidas al apartado B del nuevo texto del artículo segundo constitucional, que contiene programas más que derechos. Por ende, lo que establecen en sus proyectos no tiene tal rango ni guarda relación alguna con la supuesta autonomía y libre determinación "reconocida" a los pueblos indígenas de la que tanto alardean en las reuniones de la ONU en Ginebra.

Tras reiterar derechos ya adquiridos se aborda la cuestión de los defensores que tengan conocimiento de la cultura indígena y se establece la suplencia de la queja en materia indígena. ƑConocerán en el Senado que los agentes de Ministerio Público y los jueces no sólo ignoran la cultura indígena, sino que son activos portadores del racismo y la discriminación?

Hace 18 años muchos de nosotros empezamos a defender presos indígenas y pronto percibimos la abierta contradicción entre el gobierno y la justicia que practican los pueblos en contraste con la parafernalia que implica someterse a la ley nacional. Por ello los pueblos indígenas han planteado el reconocimiento a sus sistemas normativos y en San Andrés se incluyó entre los compromisos firmados.

Esta problemática no es menor, pero justamente lo que importa resaltar es que la actividad legislativa de la llamada cámara alta se enfoca a situaciones de derechos individuales. Sería muy positivo que se garantizara el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado porque en este caso ha habido, más que una laguna de la ley, ineficacia en su ejercicio, por lo que sólo podemos ver estas reformas como una evidencia más del rechazo a asumir en serio la autonomía y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Toca ahora a la Cámara de Diputados aprobar o no el dictamen del Senado. Los 168 diputados que presentaron de nueva cuenta la iniciativa Cocopa en febrero de este año Ƒmantendrán esa postura y votarán en contra de que se consolide el golpe jurídico y político a los pueblos indígenas?

Parecería claro que la reglamentación de la llamada reforma indígena de 2001 manda el mensaje a los pueblos indígenas de que ésa es la ruta y no retomar los acuerdos de San Andrés. Todo indica que continuaremos sin avance el resto del sexenio. Las dos fuerzas que tienen esa vigencia, el Senado y el Poder Ejecutivo, no parecen dispuestas a un cambio de fondo. El Presidente de la República declaró recientemente que la reforma de 2001 es "perfectible", todas lo son, pero también dijo que habría que aprovechar sus avances, Ƒen qué quedamos entonces? Son abiertas las contradicciones en las posturas políticas que se pronuncian como simples frases de ocasión en escenarios con presencia y reclamo indígena.

Desde los espacios oficiales de la política indigenista encontramos el mismo discurso: se "reconoce" que la reforma no fue aceptada y a la vez se impulsa en los hechos la reglamentación del apartado B de dicha reforma con la llamada reforma institucional que ha sido ampliamente cuestionada. Ante este panorama no faltan los llamados a que el EZLN "rompa el silencio" y "dialogue". Uno pensaría, a juzgar por los resultados de la "algarabía oficial", que sería mejor demandar a la clase política el silencio absoluto.