Sin mencionarlos, se refieren a los Amigos de Fox; piden celeridad al Poder Judicial

Consejeros del IFE lamentan que los amparos obstaculicen pesquisas sobre gastos de campaña

ALONSO URRUTIA

Mediante un documento inusual, los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) lamentaron que la interposición de recursos de amparo haya obstaculizado las investigaciones del organismo sobre los manejos financieros -presuntamente irregulares- de los Amigos de Fox, y censuraron que ello vaya directamente contra la impartición de justicia y pudiera retrasar, incluso años, el esclarecimiento del uso de recursos en las campañas electorales.

Por lo anterior, los consejeros pidieron que el Poder Judicial resuelva con la mayor celeridad dichos recursos. Consideraron necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación utilice la posibilidad legal que tiene de atracción "para conocer directamente, en su calidad de máximo órgano jurisdiccional del país, la disyuntiva en que actualmente nos encontramos (sobre los diversos criterios usados por los jueces para otorgar amparos en materia electoral). El IFE espera que, dada la centralidad política del asunto, sea la Suprema Corte la que conozca y resuelva de manera definitiva".

En el comunicado -en el que paradójicamente jamás se menciona por su nombre a los Amigos de Fox- destacan la importancia que ha cobrado en la actualidad la fiscalización de los recursos manejados por los partidos políticos, ya que "es una tarea fundamental que nos conviene a todos". Sin embargo, a pesar de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) del 7 de mayo, en la cual confiere facultades hacendarias al IFE en materia de fiscalización, el organismo ha tenido que enfrentar numerosos obstáculos.

Criterios encontrados

El instituto -dicen los consejeros- ha utilizado todos los medios jurídicos a su alcance para resolver los impedimentos que a lo largo de las investigaciones ha enfrentado. Se ha presentado en todos los juicios de amparo, solicitando ser considerado tercero perjudicado, y en los casos en que ello le fue negado ha apelado del otorgamiento de suspensiones por los jueces a los presuntamente involucrados.

Expresan su extrañamiento por las condiciones inéditas en que se han desenvuelto las investigaciones y los recursos jurídicos interpuestos, pues se han aplicado diversos puntos de vista. Así, dicen, por un lado varios jueces de distrito han admitido a trámite diez juicios de amparo y, "por lo visto, estudiarán el fondo del asunto". Por otro lado, la sala superior del TEPJF se ha declarado convencida "de la falta de idoneidad jurídica de las actuaciones realizadas".

Los consejeros externan su preocupación por que "procedimientos judiciales como los mencionados puedan llegar a tardar meses, e inclusive años, antes de resolverse en definitiva".

Aunque reconocen que el juicio de amparo es un recurso para defenderse de eventuales arbitrariedades, "el IFE también está convencido de que el acceso a la justicia, en ningún caso, puede servir como instrumento para dilatar la impartición de la misma", además de que el organismo ha planteado reiteradamente que en materia electoral no procede el amparo.

Más adelante, el documento señala que la solicitud de información a instituciones bancarias por parte del IFE tiene justificación como parte de las indagatorias de presuntos movimientos financieros irregulares, estipulando las causas concretas.

Los consejeros concluyen que, "desde el punto de vista democrático, el esclarecimiento de las denuncias que versan sobre las finanzas de los partidos políticos es un elemento fundamental no sólo para la impartición de justicia, sino también para el elector, quien debe contar con la información necesaria sobre la actuación de los partidos políticos para poder decidir de manera consciente e informada el sentido de su voto".

En otro orden de ideas, los consejeros electorales se reunieron con Arturo González Aragón, responsable de la Auditoría Superior de la Federación, quien entregó el informe de las auditorías practicadas al organismo, las cuales, según el comunicado del IFE, arrojaron "resultados satisfactorios para la institución".

En ese contexto, la Auditoría Superior de la Federación fijó un plazo de 45 días al organismo electoral para que explique los hechos que se desprendieron en 23 recomendaciones y 11 solicitudes de intervención para la contraloría interna y que pudieran haber representado un quebranto patrimonial de 14.6 millones de pesos durante el ejercicio fiscal de 2000.