PEMEXGATE

Pide a una corte que se decomisen 43 mdd depositados en el Chase Manhattan Bank

Formaliza EU petición para adjudicarse dinero desviado

La PGR se equivocó al solicitar el aseguramiento de esos bienes: fuentes gubernamentales

GUSTAVO CASTILLO Y ENRIQUE MENDEZ

El gobierno estadunidense, por conducto de su fiscal Alan Vinegrand, requirió a la corte del distrito este de Nueva York para que los 43 millones de dólares que el sindicato petrolero depositó en el Chase Manhattan Bank se consideren "objeto de decomiso en favor de Estados Unidos, por provenir de actividades ilícitas específicas" que sancionan las leyes de ese país.

Desde antes del 16 de agosto -fecha en que el gobierno mexicano recibió la respuesta del Departamento de Justicia estadunidense a su petición de asistencia jurídica-, la PGR ya había informado a la administración de George W. Bush que "en un futuro cercano" solicitaría al Congreso de la Unión el retiro "de la inmunidad constitucional" que protege a Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto contra cualquier acción de la justicia.

En los documentos que recibió Agustín de Pavia Irrutalde, director general de Asuntos Legales Internacionales de la PGR, se precisa que, en caso de ser probados "los cargos en contra de los servidores públicos de Pemex, con la evidencia que ha requerido Estados Unidos, constituiría un delito que daría origen al decomiso civil, con base en la legislación (nacional) de los fondos localizados" en el Chase Manhattan Bank.

Aún más, señala, quienes tienen poder de firma sobre las cuentas son precisamente identificados en la acusación y orden de aprehensión como "copartícipes de peculado, pero no son sujetos de una acusación formal hasta en tanto se levante su inmunidad legislativa respecto de la persecución de delitos. El gobierno de México ha manifestado que espera solicitar el levantamiento de la inmunidad legislativa en breve".

Fuentes gubernamentales afirmaron que Estados Unidos se quedaría con ese dinero porque la PGR se equivocó al solicitar el aseguramiento de los bienes, pues inicialmente lo requirió por supuestas acusaciones de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y enriquecimiento ilícito.

El presunto error

Después, en su ampliación, la PGR argumentó a las autoridades estadunidenses que también investigaba a los involucrados en el llamado Pemexgate por "delitos contra la salud", como informó La Jornada el pasado domingo 22. Las contradicciones de la procuraduría le permiten al fiscal Vinegrand solicitar el decomiso en favor de su gobierno, en apego a su legislación, y según las fuentes consultadas la única participación de la justicia mexicana será como "coadyuvante".

Este diario obtuvo copia del acuerdo de aseguramiento dictado por la PGR el 11 de enero de 2002, donde señala que la petición a Estados Unidos "es procedente".

Argumentó que las pruebas circunstanciales obtenidas por la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) permitían determinar que en la comisión de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita participaron "más de tres personas, quienes en forma permanente y reiterada desde el año 2000 han realizado conductas aprovechando los cargos públicos que ocupan para hacerse de diversas cantidades de dinero (Rogelio Montemayor Seguy, Juan José Domene Berlanga, Carlos Juaristi Septién, Julio Pindter y Alberto Gheno), al beneficiar a otras personas (Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto), ya que así se aprecia indiciariamente (sic) de las constancias que obran en la indagatoria".

Y agrega: "Se desprende indiciariamente que después servidores públicos de Pemex, en contubernio con miembros del sindicato petrolero, distrajeron la cantidad de mil 100 millones de pesos, de los cuales 390 millones de pesos mexicanos fueron transferidos a la cuenta 930-1-032992 a nombre de Donaldson Lufkin & Jenrette, en el Chase Manhattan Bank de Nueva York".

Según la información que envió a la PGR el gobierno estadunidense, "al emitir su resolución el juez federal mexicano (el 3 de mayo, cuando libró las órdenes de aprehensión contra Montemayor, Juaristi, Domene y otros ex funcionarios de Pemex) estableció también que las siguientes personas participaron en una conspiración para cometer el delito de peculado: Carlos Romero Deschamps, secretario general del sindicato, y en este momento legislador federal, y Luis Ricardo Aldana Prieto, secretario tesorero del sindicato".

La misma información refiere que el "producto de esta conspiración fue depositado en una cuenta de Banorte y, posteriormente, transferido al Chase Manhattan como producto de peculado. Estos fondos se cree constituyen propiedad robada y obtenida a través del fraude e ilegalmente transportada hacia dentro de Estados Unidos, en violación al título 18 del USC, secciones 2314 y 2315. DICHA PROPIEDAD ESTA SUJETA AL DECOMISO POR PARTE DE ESTADOS UNIDOS (sic) bajo el título 18 del USC".

Asimismo, de acuerdo con el informe justificado que rindió la UEDO ante el juzgado quinto de distrito en materia de amparo, el fiscal especial Ricardo Martínez Chávez explicó que el congelamiento de la cuenta en la que están depositados los recursos del gremio petrolero se basó en "un procedimiento nacido de un acto unilateral del gobierno de ese país, quien puede iniciar un juicio civil, en donde el gobierno de Estados Unidos, a través del fiscal Richard Weber, busca el decomiso de los bienes que son producto de un delito en otro país de acuerdo a su legislación y, de ganarse el juicio, el dinero decomisado pasaría a ser parte de Estados Unidos, que de acuerdo con su legislación puede devolver una parte al gobierno mexicano.

"Pero se aclara que es un juicio de ellos, donde el gobierno mexicano auxilia a Estados Unidos para integrar la causa probable que exige este juicio y para que puedan ganar su juicio civil, siendo que las órdenes de restricción (congelamiento) de 30, 60 y 45 días sirven para que en ese lapso el gobierno estadunidense recabe las pruebas necesarias y presente su demanda civil".

Esos mismos argumentos fueron esgrimidos ante el juzgado quinto de distrito para que negara un amparo promovido por Leocadio Mendoza Olivares en contra del aseguramiento de la cuenta 6MH215309, a nombre del sindicato petrolero.

Por otra parte, el ex jefe de seguridad de Francisco Labastida Ochoa, Gilberto Rafael Limón Félix, declaró ante la UEDO -según fuentes de la PGR- que en una camioneta Gran Cherokee propiedad del ex candidato presidencial priísta se trasladó parte de los recursos que se desviaron de Pemex vía el sindicato petrolero hacia el tricolor.

Limón Félix coordinó el equipo de seguridad de Labastida Ochoa desde que éste fue gobernador de Sinaloa, y posteriormente ejerció el mismo cargo cuando el ex candidato presidencial fue secretario de Gobernación. Fue ascendido de coronel de caballería a general el 20 de noviembre de 2000.

Actualmente el general Gilberto Limón Félix funge como segundo en el mando de la base aérea de Santa Lucía -de acuerdo con personas cercanas a él- y, según las versiones obtenidas en la procuraduría, él y otro de los elementos de seguridad de Labastida, de apellido Cervantes, escoltaron a Alonso Veraza, Melitón Cázarez y Andrés Heredia para recoger los paquetes de dinero en la empresa de custodia de valores Cometra, de donde los llevaron a la sede nacional del PRI.