PEMEXGATE

Inauguró la asamblea de entidades fiscalizadoras de América Latina y el Caribe

El combate a la corrupción no es venganza, sino acto de justicia, sostiene el Presidente

En materia de equidad, justicia y distribución de la riqueza, los países de la región enfrenta una verdadera encrucijada, aseveró el auditor Arturo González de Aragón

CIRO PEREZ SILVA

El combate a la corrupción no es un asunto de propaganda o venganza, sino de justicia y de legalidad, advirtió el presidente de la República, Vicente Fox Quesada, en alusión al caso Pemexgate, al tiempo que reconoció que "no es fácil acabar de tajo con vicios y prácticas arraigadas por mucho tiempo".

Durante la inauguración de los trabajos de la 12 asamblea general de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), Fox Quesada sostuvo que como nación, México se ha decidido por el cambio, y el reto es claro y bien definido.

"Muchos reductos de poder en el área de la corrupción quedan aún en nuestro país, pero los cambios están en marcha. El combate a la corrupción no se negocia. Reitero lo dicho en mi segundo Informe de Gobierno, para nosotros ésta es una obligación legal y ética, y la estamos cumpliendo con escrupulosa neutralidad política. Este no es un asunto de propaganda o venganza, es un asunto de justicia, de legalidad", aseveró.

Al tiempo que en la Cámara de Diputados se informó que la semana próxima se instalará la Sección Instructora -órgano que debe determinar si en las demandas de procedencia contra el diputado federal Carlos Romero Deschamps, el senador Ricardo Aldana y el diputado local en Tamaulipas Jesús Olvera Méndez hay elementos para proponer su desafuero-, el Presidente afirmó que "en todos y cada uno de los casos seguiremos actuando con estricta pulcritud jurídica y las investigaciones que se deriven se pondrán siempre en manos de los jueces".

La justicia y la política, dijo, son esferas separadas y no deben mezclarse. Cada institución tiene sus atribuciones, sus reglas y sus procedimientos, y es obligación del gobierno federal dejar que realicen sus funciones.

Previamente, ante representantes de la Olacefs, el jefe del Ejecutivo federal señaló que el combate a la corrupción es elemento fundamental e importante para fortalecer las democracias, para que crezcan las economías.

"No hay costo más alto que la impunidad y la corrupción. Todo esfuerzo de rendición de cuentas, de transparencia, paga y paga ampliamente para nuestros procesos de desarrollo. Siempre es un placer, entonces, participar en la construcción de este círculo virtuoso de combate a la pobreza, la corrupción y a subsidios en las naciones desarrolladas", insistió.

Fox Quesada reconoció que por su trascendencia, la función pública debe someterse a evaluaciones abiertas, periódicas y profundas, ya que supervisar los actos de la administración y el uso de los recursos públicos debe ser una tarea permanente, ajena al juego público y político, y conducida por expertos de reconocido prestigio, seriedad, honorabilidad y calidad.

"Un gobierno auditable y efectivamente auditado es requisito fundamental para el desarrollo. Sólo con estructuras de gobierno transparentes y eficientes es posible avanzar hacia sociedades justas, democráticas y prósperas", apuntó.

Consideró que los órganos superiores de fiscalización deben tener las facultades legales y administrativas, los recursos humanos y materiales y la independencia suficiente para desempeñar sus labores con eficacia y objetividad, por lo que en México se ha perfeccionado cada vez más la Auditoria Superior de la Federación.

Explicó que en el México de hoy, las cuentas del gobierno son auditadas de manera profesional e independiente. Todo el presupuesto y su utilización están bajo la evaluación de este órgano, con la intención "de ir cerrando cualquier riesgo de daño o desvío del patrimonio de la nación. Al dinero público corresponde siempre una aplicación para intereses públicos".

Sin embargo, reconoció que para poner a México al día y a la vanguardia se necesita también de una administración pública que tenga una verdadera voluntad de rendición de cuentas y que sea una auténtica palanca de desarrollo. "Un gobierno que entregue resultados y rinda cuentas, que cueste menos y haga más. En mi gobierno estamos conscientes de que esta tarea implica una labor de enormes proporciones, la estamos cumpliendo con responsabilidad, sin precipitaciones, pero también sin pausas, sabemos qué terreno pisamos, tenemos un mapa bien definido de las áreas críticas, actuamos con conocimiento, decisión y responsabilidad", dijo.

A su vez, Arturo González de Aragón, auditor superior de la Federación, estableció que el valor fundamental del patrimonio institucional de cualquier órgano de fiscalización es también su "reputabilidad", reflejo de la neutralidad que debe imprimir en su actuación, que lo legitima como autoridad superior en la materia.

Subrayó que en las entidades de fiscalización superior, la neutralidad define su imparcialidad, otorgándole verticalidad y objetividad en su actuar, así como concordancia entre el dicho y la evidencia, sin ceder jamás a ninguna presión de carácter político. "Los órganos de fiscalización superior no deben tener ni colores ni partidos, pues su único compromiso es con la verdad".

Respecto de la realidad de los países de la región, enfatizó que en materia de equidad, justicia y redistribución de la riqueza, Latinoamérica "enfrenta una verdadera encrucijada". A manera de ejemplo, mencionó que si pudiéramos reducir la población de la Tierra a una comunidad de cien personas, 80 de ellas vivirían en condiciones infrahumanas, 70 serían incapaces de leer, 50 estarían mal nutridas, sólo una tendría educación universitaria y también una, probablemente la misma, sería propietaria de una computadora. Finalmente, seis personas serían poseedoras de 59 por ciento de la riqueza total de la aldea.

"Estos datos reflejan una lacerante realidad", subrayó el funcionario de la Cámara de Diputados, y preguntó: "Ƒcuánta pobreza pueden tolerar los ciudadanos para no caer en la desesperanza?" Y respondió él mimso: "si los gobiernos surgidos de la voluntad ciudadana no producen beneficios tangibles derivados de los resultados económicos, se corre el peligro de no consolidar la democracia de nuestros países con el consecuente deterioro en la calidad de vida de nuestra sociedad. No podemos permitirlo, no debemos aceptarlo".