Llegaron a reforzar las bases militares en la región, denuncia concejo autónomo
Rechazan autoridades de Flores Magón versión oficial sobre despliegue de tropas
El gobierno quiere aprovechar la confusión causada por paramilitares, acusan
HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO
san cristobal de las casas, chis., 29 de agosto. El consejo del municipio autónomo Ricardo Flores Magón desmintió hoy las versiones oficiales de que el reciente despliegue del Ejército en la selva Lacandona fue sólo un cambio de tropas. Señaló los efectos de este despliegue en el ambiente de confusión reinante, ahora que avanza la ofensiva paramilitar en la región. Según el concejo autónomo, la mayor parte de las tropas que ingresaron al municipio Flores Magón este lunes llegaron a reforzar las bases militares existentes.
''El gobierno federal, aprovechando la situación de confusión y desinformación que los medios de comunicación han creado con los ataques paramilitares, ha incrementado la presencia del Ejército en todo el territorio de Ricardo Flores Magón, y se han reactivado los vuelos rasantes de helicópteros sobre comunidades en resistencia''.
El municipio en rebeldía afirma que el día 26 ''entraron a este territorio autónomo 45 vehículos militares con aproximadamente mil 500 soldados federales, explosivos y pertrechos militares. El Ejército informó en los medios de comunicación que se trataba de un relevo de tropas, lo que es totalmente falso, porque solamente salieron 500 efectivos de este territorio quedando mil más reforzando los cuarteles militares de Ocotalito, Monte Líbano, Taniperlas, San Caralampio y Calvario".
Este incremento de soldados y de movimientos del Ejército ''en medio de los ataques paramilitares han causado mayor confusión y la población tiene miedo de un ataque paramilitar o de un operativo militar en contra de las comunidades en resistencia" dicen los autónomos.
Y mientras el general Mario Pedro Juárez Navarrete (máximo jefe militar en Chiapas), el procurador Mariano Herrán Salvatti y el secretario de Gobierno Emilio Zebadúa, en declaraciones por separado, coincidían ayer en negar la existencia de paramilitares en Chiapas, el cuerpo mutilado de Antonio Mejía era inhumado en el municipio autónomo Olga Isabel. Presentaba varios impactos de bala en el cuerpo, tenía el rostro desfigurado a causa de golpes y le faltaban las dos orejas; "no sabemos dónde las dejaron", expresaron sus familiares.
Los asesinos, identificados por la esposa de Antonio, quien lo acompañaba cuando lo mataron, son Sebastián, Nicolás, Oscar y Efraín Aguilar, miembros de la banda criminal conocida como Los Aguilares, que debía vidas y es acusado de muchos otros crímenes, sólo interrumpidos por una breve estancia de ocho meses en la cárcel, por aquello de no te entumas.
A su vez, el municipio Ricardo Flores Magón acusó hoy a Seguridad Pública estatal de haber cubierto la retirada de los asesinos de Lorenzo Martínez Espinosa y Jacinto Hernández Gutiérrez en Amaytik el domingo pasado, después del ataque contra bases zapatistas perpetrado en dicha ranchería. Agrega que los paramilitares "organizados y asesorados por la OPDIC con el apoyo y protección del Ejército y la Seguridad Pública, se sienten fuertes y ahora están planeando un ataque de mayores dimensiones en contra del municipio autónomo y sus autoridades.
"Los paramilitares han estado realizando reuniones clandestinas en las últimas semanas reuniendo a la gente de varios ejidos y han estado lanzando constantes amenazas para las autoridades autónomas zapatistas".
En la región de Ocosingo se asegura que el diputado príista Pedro Chulín Jiménez ha convocado a una reunión de priístas en Monte Líbano, donde se localiza una importante base militar. El temor a un ataque mayor es tan grande, que mujeres embarazadas, tanto priístas como de organizaciones independientes, han empezado a abandonar la zona. Empezó como rumor. La Jornada confirmó hoy que dicha reunión, que se teme sea de paramilitares, se realizará la mañana de este sábado 31.
El municipio Flores Magón denuncia que la seguridad pública "ha acompañado y protegido a estos grupos paramilitares en sus distintas acciones, como lo demuestra el ataque en la ranchería Amaytic, donde la seguridad pública cubrió la retirada de los paramilitares. Con este pretexto la seguridad pública ha incrementado sus patrullajes y el hostigamiento sobre las bases de apoyo".
Además, informan los autónomos, "estos ataques paramilitares, el movimiento de militares y policías han causado el desplazamiento de muchas familias bases de apoyo zapatistas que hoy están refugiadas y han perdido todas sus pertenencias. No sabemos hasta el momento cuál es la gravedad de este desplazamiento.
"El gobierno federal no ha hecho nada para detener estos ataques y hacer justicia. Por el contrario estos grupos siguen beneficiándose de la impunidad que les da el gobierno y de los apoyos que reciben a través de distintos programas".
El comandante de la Séptima Región Militar, Mario Pedro Juárez Navarrete, fue categórico al decir ayer: "Los grupos paramilitares no existen". Además negó que la dependencia a su cargo tenga ''vínculos con organizaciones civiles armadas, bandas delictivas o grupos dedicados a cometer ilícitos".
Olga Isabel en vilo
"Hermanos y hermanas de las comunidades de K'an Akil y Reforma K'an Akil, y de todas las comunidades pertenecientes a la cabecera oficial de Chilón, Chiapas. Representantes de las comunidades de los municipios autónomos Primero de Enero, Olga Isabel, Che Guevara, 17 de Noviembre, Vicente Guerrero, Lucio Cabañas y Miguel Hidalgo hemos llegado aquí en la comunidad de Kƀan Akil porque aquí se ha cometido un asesinato. Han matado a un compañero nuestro que participaba en el proceso de la autonomía".
Así inicia el mensaje de los municipios autónomos mencionados durante el entierro de Antonio Mejía Sánchez.
"Venimos a decirles que no permitan que entre ustedes y en sus comunidades vivan gentes asesinas, no se hagan cómplices de ellos", agregaron, dirigiéndose a todos los pobladores, tanto priístas como zapatistas, y de otras organizaciones.
"De estos asesinatos responsabilizamos a los gobiernos municipal, estatal y federal, a los paramilitares, a la seguridad pública, las policías y al Ejército federal.
"No vamos a permitir que nuestros compañeros sigan cayendo y que su muerte siga quedando en el olvido. Nosotros, los municipios autónomos hemos denunciado muchas veces las amenazas y los hostigamientos de estos grupos paramilitares, pero el gobierno no ha hecho nada en contra de ellos", dijeron los siete municipios autónomos de la región donde se ubica Olga Isabel.
En tanto, habitantes de la ranchería San Ramón, de ese municipio autónomo, denunciaron ante la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, que desde 1994 este grupo paramilitar asesinó a 10 personas. "Algunos cadáveres han sido desaparecidos".
Debido al clima de terror desatado por Los Aguilares, "las mujeres no pueden salir de sus casas porque tienen miedo de que en cualquier lugar de la comunidad sufran algún ataque, muchos niños se quedaron sin estudiar por el mismo motivo".
Han sido señalados como los principales cabecillas del grupo paramilitar delictivo las siguientes personas: Sebastián Aguilar Mejía, Nicolás Aguilar Mejía, Oscar Aguilar Mejía, Efraín Aguilar Mejía y Mariano Guzmán, entre otros. Hace dos años, este grupo asesinó a dos jóvenes de Chilón, Julio César López y Rafael Indalecio, cuyos cadáveres nunca aparecieron".
Según el informe de la red, desde hace tiempo, este grupo prohibió la circulación por caminos y carreteras a partir de las cinco de la tarde. "Las amenazas siguen presentes. Los habitantes del municipio Olga Isabel insisten en la necesidad de la presencia de observadores nacionales e internacionales que les acompañen para evitar un ataque paramilitar mayor".
Violencia paramilitar, impotencia gubernamental
En un boletín de prensa divulgado esta noche por una decena organismos civiles y centros de derechos humanos que han seguido los acontecimientos recientes en los municipios autónomos Olga Isabel y Flores Magón, se hacen importantes revelaciones en el caso del asesinato de Antonio Mejía en Kan'Akil.
Allí se señala que la banda asesina está formada por antiguos miembros del Ejército y la Seguridad Pública. Los pobladores de Kan'Akil afirman: ''miembros del Ejército han entrado en la comunidad en los últimos meses, manteniendo una presencia constante en el domicilio de Los Aguilares''.
Según la informó la Comisión de Honor y Justicia del municipio autónomo Olga Isabel, el cuerpo de Antonio Mejía Vázquez presentaba tres impactos de bala, al menos. Uno en la cabeza, atrás de la oreja, producido por escopeta. En el pecho y la espalda tenía dos impactos de R-15, a corta distancia. Le mutilaron las dos orejas y la parte izquierda de la cara.
Ayer, una brigada de observadores civiles y periodistas encontró 14 casquillos de R-15 y uno de escopeta .16 en el lugar del crimen, así como un croquis.
Más tarde se presentó en el lugar una comitiva del gobierno estatal, encabezada por Porfirio Encino, secretario de Pueblos Indios; el comisionado para la reconciliación del gobierno, Juan González Esponda, y el señor Alberto Pérez, quien se presentó como ''operador político'' del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía.
Los funcionarios se comprometieron a detener a los asesinos, mediante un operativo de la Policía Sectorial, el cual se realizó de inmediato pero fue, según los organismos civiles, ''un simulacro''. Los policías realizaron un rondín cerca la casa donde se reúnen Los Aguilares, sin atreverse a actuar.
Este simulacro pone en evidencia el papel que, en el menos malo de los casos, juega el gobierno estatal ante la creciente ofensiva contra las comunidades zapatistas de los grupos contrainsurgentes, que oficialmente ''no existen'': sencillamente, con los paramilitares no puede.