La cadena de homicidios se extendió a Oaxaca, Puebla, Guerrero y otros estados

El asesinato de Misael, punto de partida de una oleada de muerte y represión contra disidentes

KARINA AVILES /II Y ULTIMA

Después del asesinato de Misael Núñez Acosta, la muerte de disidentes magisteriales (hay registro de cuando menos 152 asesinatos o desapariciones) se extendió a siete entidades más: Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Morelos, Chiapas y Michoacán, justamente las que apoyaron con mayor fuerza el paro-plantón organizado en 1981 por el entonces Consejo Central de Lucha del Magisterio del valle de México (CCL), del que el maestro victimado fue pieza clave, según consta en las acusaciones ministeriales que levantaron los fundadores del consejo contra Elba Esther Gordillo, Carlos Jonguitud y otros dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Luego del asesinato de Núñez Acosta, "en ese mismo año (1981) continúa la guerra sucia con el homicidio del maestro Pedro Palma, en Pachuca, Hidalgo, realizado en una emboscada preparada por Vanguardia Revolucionaria que dirigió en ese entonces Refugio Araujo, secretario particular de Carlos Jonguitud Barrios. La represión continúa con otros crímenes más en los siguientes años en Oaxaca, Puebla, Guerrero, Morelos, Michoacán y otros estados, donde también hubo desapariciones", establece uno de los denunciantes en su comparecencia.

Del plantón a la represión

Los maestros José González Figueroa, Germán Aguilar Olvera, Teodoro Palomino Gutiérrez, Ramón Couoh Cutz y Juan José Altamirano Gómez presentaron por separado sus denuncias ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado para acusar a Gordillo, Jonguitud, Ramón Martínez Martín y Leonardo González Valera del homicidio de Núñez Acosta. El próximo 12 de septiembre continuarán sus denuncias ante ese organismo, pero ahora sobre los asesinatos de profesores ocurridos en diversos estados. Entre ellos, los de Pedro Palma, en Hidalgo; Modesto Patolsin, en Oaxaca, y Celso Wenceslao, en Chiapas.

En sus acusaciones ya presentadas ante la fiscalía reconstruyen los hechos que sobrevinieron después de la muerte de Núñez Acosta, ocurrida la tarde del 30 de enero de 1981, en vísperas de un gran paro-plantón organizado por la disidencia. Uno de los protagonistas rememora: el 2 de febrero de aquel año "se realizó una gran movilización de maestros de todo el país, estableciéndonos en plantón en las calles de Belisario Domínguez, Argentina, Brasil y Venezuela, alrededor de la Secretaría de Educación Pública y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

"Exigíamos el descongelamiento de sobresueldos, aumento de salarios, democracia sindical, realización de congresos seccionales, entre otras demandas, a las cuales se sumó el esclarecimiento del asesinato de Misael Núñez Acosta y de otros homicidios de maestros perpetrados en Oaxaca y Michoacán, todos de tinte político".

El 3 de febrero, como a las tres de la mañana, el plantón "fue atacado por granaderos y la policía montada de la ciudad de México, que utilizaron gases lacrimógenos. Con violencia fuimos subidos a cientos de camiones de la Ruta-100 y vigilados por patrullas policiacas. Fuimos trasladados por distintos rumbos a las afueras de la ciudad de México. Eramos aproximadamente 40 mil maestros los que manifestábamos nuestra inconformidad".

El paro-plantón, al que se habían sumado "masivamente" compañeros de Hidalgo, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Distrito Federal, "fue levantado" por la fuerza "a petición del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, encabezado por Ramón Martínez Martín". Después de ser conducidos con violencia hacia los autobuses, los disidentes fueron abandonados en las carreteras de Texcoco, Pachuca y Morelos, establece uno de los maestros en su acusación.

Otro de los elementos que destacan es que fueron obligados "por la Secretaría de Gobernación, en aquel entonces presidida por Enrique Olivares Santana, a aceptar por la fuerza una comisión de cinco miembros del CCL para que se incorporaran al comité ejecutivo de la sección 36 del valle de México, llamándolo 'comité ampliado', sin resolver ninguna de las demandas (del movimiento) y con la amenaza de que de no aceptar la propuesta serían cesados miles de maestros".

A algunos de los líderes del movimiento opositor se les impuso ocupar esos "cargos inventados" que tenían el fin de desprestigiar al movimiento haciendo parecer que los miembros del CCL "iban por puestos sindicales y no por las demandas del magisterio", establece otro de los denunciantes.

Pero la táctica gubernamental no sólo tuvo como blanco el valle de México, sino otras entidades en donde el movimiento disidente había tomado fuerza. De esa manera, a varios maestros los obligaron a ocupar puestos -"so pena de continuar con la represión"- en los comités seccionales de Guerrero, Hidalgo y Morelos.

Sin embargo, la presión social y las movilizaciones magisteriales "exigiendo castigo" para Elba Esther Gordillo, Carlos Jonguitud, Ramón Martínez Martín y Leonardo González Valera, y para el gobierno del entonces presidente, José López Portillo, "que los protegía", hizo que detuvieran a los homicidas materiales, manifiesta otro de los maestros.

En 1982 fueron aprehendidos los asesinos materiales de Núñez Acosta, de nombres Rufino Vences Peña, Joel Vences Hernández y Jorge Mejía Pizaña, "todos originarios del estado de México y ex agentes judiciales" de la entidad.

Los asesinos declararon ante el Ministerio Público de Tlalnepantla que fueron contratados por Clemente Villegas Villegas, el secretario auxiliar del entonces secretario general del SNTE, Ramón Martínez Martín. La sentencia que recibieron fue de 30 años de prisión.

Después de "poco más de medio año" de estar en el penal de Barrientos -lugar "donde los asesinos amenazan a Carlos Jonguitud, Elba Esther Gordillo, Ramón Martínez Martín y Leonardo González Valera de dar a conocer los nombres de los autores intelectuales del crimen de Núñez Acosta si no son liberados de inmediato"- son trasladados a la cárcel de La Perla, en Nezahualcóyotl, por influencia de "Gordillo y González Valera".

Al respecto, otro de los denunciantes señala en su declaración que miembros de la dirección del CCL se presentaban a las audiencias del juicio de los homicidas, en Tlalnepantla porque el profesor Daniel Campos, quien acompañaba a Núñez Acosta cuando lo asesinaron, tenía que presentar sus testimonios.

"En dichas ocasiones nos percatamos de la presencia de ayudantes de Elba Es-ther y del Comité Nacional del SNTE. A la actitud agresiva de la Policía Judicial permanentemente éramos intimidados e incluso en dos ocasiones fuimos sacados de los recintos. Algunos de los asistentes fueron sacados de la plaza de Tlalnepantla con chorros de agua por la Policía Municipal".

Al poco tiempo de estar en el penal de La Perla los homicidas escaparon, aunque en una de las declaraciones se precisa que uno de ellos, Jorge Mejía Pizaña, fue trasladado días antes a la prisión de Texcoco, de donde también se fugó, sin que hasta el momento se sepa nada de ellos.

Desde entonces, "la dirección política del CCL en el valle de México señaló a Gordillo y Jonguitud como autores intelectuales de la muerte de Núñez Acosta, y también como autores tanto intelectuales como materiales de la represión generalizada contra el magisterio opositor.

"En aquel momento llegaron a estar cesados más de 2 mil maestros. Esto, porque la estructura administrativa de la SEP en el valle de México desde entonces ha estado copada por la misma gente que primero es dirigente de la sección 36 del SNTE y después pasa a ocupar los cargos administrativos de todos los niveles de la Secretaría de Educación, situación que hasta la fecha permanece".