Son 90 los procesos iniciados: Movimiento por la Defensa de los Derechos Ciudadanos

Usuarios tramitan amparos contra el incremento a tarifas eléctricas

La base es la controversia constitucional por la eliminación ilegal del subsidio, argumentan

SUSANA GONZALEZ G.

Durante los recientes dos meses, unos 90 vecinos de colonias y unidades habitacionales han iniciado amparos contra el incremento de las tarifas eléctricas, a raíz de la eliminación del subsidio decretado en febrero pasado por el gobierno federal, informaron Jorge Bastida, del Movimiento por la Defensa de los Derechos Ciudadanos, y el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva.

Los usuarios tomaron la decisión luego de más de cien jornadas informativas que el Movimiento Democrático de Electricistas (MDE) -integrado por trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza- ha realizado junto con diversas organizaciones sociales, vecinales y partidos políticos, "con excepción de Acción Nacional", que se oponen a la privatización del sector eléctrico, manifestó Víctor San Juan González, del MDE. Aseguró que habitantes de Aguascalientes y Baja California ya ganaron los amparos que interpusieron en el mismo sentido contra las secretarías de Energía y Hacienda.

En un acto en la unidad habitacional Legaria, en la delegación Miguel Hidalgo, Velasco Oliva señaló que el argumento jurídico con el que se ha asesorado a los vecinos para interponer sus amparos es similar a los términos utilizados en Aguscalientes y Baja California. "Se trata de una controversia constitucional, porque impugnamos la forma en que se redujeron los subsidios, ya que ello es facultad del Congreso de la Unión". Además, dijo que existe inequidad en la medida aprobada en febrero pasado, "porque no se respetan las garantías mínimas de carácter social".

Precisó que de junio a la fecha suman ya 90 amparos que se tramitan, y "tenemos una lista de 200 personas más que han presentado su inconformidad" contra la eliminación del subsidio al servicio eléctrico residencial y la aplicación de la llamada tarifa DAC (servicio doméstico de alto impacto), que en algunos casos ha incrementado en más de ciento por ciento el costo del servicio.

Por su parte, Jorge Bastida mencionó que dentro de 20 días esperan tener la resolución del primer amparo que interpusieron. Por lo pronto, los trabajadores electricistas se encargaron ayer de presentar ante los habitantes de la unidad Legaria, como lo han hecho en otros núcleos poblacionales del país, los argumentos por los que consideran que no debe ser vendida la industria eléctrica.

Expusieron que las autoridades federales responsabilizan al sindicato de la situación de la industria eléctrica, como pretexto para pugnar por la privatización, cuando en realidad no cumplen con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y "saquean" los servicios, como es el caso del sistema de compensación decretado en 1992, mediante el cual 259 entidades públicas e incluso empresas privadas están exentas de pagar la luz, aun cuando cada año el Congreso les autorice un presupuesto para ello, expuso San Juan González.

"A cualquiera de nosotros que no pague su recibo a tiempo nos cortan el servicio, porque así lo marca la ley, pero no ocurre así con esas 259 dependencias y empresas, ni tampoco con bancos, periódicos y embajadas; ahí se ha perdido dinero que nadie sabe qué hacen con él", concluyó.