Reprochan al representante de la ONU la cancelación de su visita a poblado de Salto de Agua

El gobierno de Chiapas se declara incompetente para dar solución a desplazados por conflictos

ANGELES MARISCAL, JUAN BALBOA Y ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSALES

Luego de considerar como positivo y de "gran valor" para fortalecer la labor de reconciliación y de promoción de la cultura de la paz la visita que realizó a Chiapas el representante de la ONU para asuntos de desplazados internos, Francis Mading Deng, el gobierno del estado propuso a legisladores locales y federales trabajar en el reconocimiento de la personalidad jurídica de los grupos expulsados de sus comunidades, tanto en las leyes de población y desarrollo social como en los procedimientos ministeriales y judiciales.

En cambio, desplazados de la zona norte dieron a conocer en San Cristóbal de las Casas una carta de protesta que enviaron a Mading Deng, a quien le reprochan que, "sin ningún respeto" suspendió la visita que haría para reunirse con ellos en San Marcos, municipio de Salto de Agua.

Al difundirse ayer el informe del gobierno del estado, entregado a Mading Deng, se reconoce que el sistema constitucional mexicano, en sus leyes e instituciones, no reconoce aún la personalidad jurídica de las personas o grupos internamente desplazados. Por ello, para la atención, protección y resolución de problemas de este sector de la población, el gobierno estatal tomó como marco de referencia los principios rectores de los desplazamientos internos, asumidos por la ONU desde 1998.

Titulado Desplazados internos desde 1994 por violencia en territorio chiapaneco, el informe detalla el censo que el gobierno tiene sobre las personas que se encuentran en esta situación, y reconoce además que está fuera de su capacidad el dar una solución de largo plazo a esta problemática.

Sostiene el análisis que "la mejor voluntad política del gobierno estatal no es suficiente para dar solución de largo plazo a los desplazamientos ya producidos y para prevenir nuevos acontecimientos". En este sentido, "para resolver íntegramente estos problemas en Chiapas es necesario que Naciones Unidas no excluya a nuestro país al considerar apoyos y asistencias humanitarias internacionales.

"Es propósito de este gobierno -se planteó a legisladores federales y estatales- trabajar en la agenda parlamentaria el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas y grupos internamente desplazados, tanto en las leyes de población y desarrollo social, como en los procedimientos ministeriales y judiciales".

Sugieren revisar el sistema constitucional

Añade que considerando que todos los grupos desplazados por los acontecimientos de 1994 se constituyen de población indígena, "asumimos necesariamente una nueva revisión del sistema constitucional para lograr el pleno reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indios, en los términos de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo".

Aceptó que, en estos dos años de gobierno, 271 familias han sido transferidas, integradas en 16 grupos de 10 municipios, de los cuales 140 han retornado a sus lugares de origen. Según el censo del gobierno del estado, mil 261 familias fueron desplazadas en el periodo 1994-2000; de ellas, unas 265 han regresado a sus lugares de origen, integradas en 66 grupos de 16 municipios.

El gobierno reconoce que no existe un recuento exhaustivo de los grupos que están en esta situación, o que no han resuelto los conflictos que dieron origen a su desplazamiento, aún retornados o reubicados.

Incluso en todos estos grupos no se han resuelto asuntos derivados de la desaparición, muerte o lesiones de personas, durante los procesos en que tuvieron que abandonar sus comunidades de origen, señala el informe.

Por otra parte, en una carta dirigida al diplomático y divulgada en San Cristóbal de las Casas la noche del sábado, desplazados de Tila y Salto de Agua indican que "nos sentimos indignados e indignadas de que (el representante de la ONU) no haya cumpliido su palabra y se haya dejado llevar por intereses de los gobiernos federal y estatal para no visitarnos".

El enviado de la ONU tenía programada una visita a una comunidad de Tila la tarde del viernes y otra el sábado a San Marcos, pero a ambos sitios no llegó, y los desarraigados se quedaron esperando, porque "ni siquiera nos avisaron que no llegaría".

En el primer caso debió volar en helicóptero desde la comunidad de Los Chorros (Chenalhó), pero aparentemente por las condiciones climáticas no fue posible, y en cuanto a la visita que haría ayer no se informó oficialmente las causas de su cancelación.

"No hay motivos para su ausencia, porque el cielo está despejado y puede volar perfectamente el helicóptero, pero vemos que aunque usted busca entender la situación de los desplazados, pensamos que por las declaraciones que ha hecho solamente podrá tener una parte de la visión de lo que realmente estamos sufriendo", le dicen en la misiva.

"Nos sentimos atropellados en nuestros derechos, ya que ni siquiera envió un papel para disculparse con nosotros, los desplazados, y tampoco valoró nuestro tiempo, trabajo y gusto que realizamos para esperarlo en el lugar indicado", agregan en la carta firmada por seis representantes de los desarraigados.

Dicen que en San Marcos lo estaban esperando 109 representantes de desplazados de Tila y Salto de Agua para "presentarte nuestra situación, y para ello estuvimos desde la madrugada de hoy para recibirte al llegar".