Pablo Gómez solicita que el tribunal electoral revoque multas contra el partido

Impugna el PRD sanciones impuestas por el IFE debido a irregularidades administrativas

RENATO DAVALOS

El representante perredista ante el Instituto Federal Electoral (IFE), Pablo Gómez Alvarez, solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la revocación de la multa que el instituto impuso a su partido por presuntas irregularidades administrativas en los reportes de gastos correspondientes a 2001.

La Comisión de Fiscalización del instituto no hizo un "análisis exhaustivo" de los documentos presentados, dijo. No se valoraron con suficiencia las pruebas aportadas a solicitud del instituto para elaborar el dictamen que se aprobó el pasado 9 de agosto en el consejo general y que incluyó también sanciones para otros partidos.

En la pasada sesión del IFE se aprobó imponer 20 sanciones por diversas causas, que sobrepasan 9 millones de pesos. Ante ello, Gómez Alvarez presentó el recurso de apelación ante el tribunal, en el que se desglosan los detalles de los "errores y omisiones" de la comisión fiscalizadora.

El PRD, añade Gómez en los resolutivos finales, no actuó con dolo ni tampoco ocultó información. Hemos precisado las "confusiones" de la comisión y se ha remitido al tribunal toda la información respectiva sobre las cuentas financieras.

Entre los argumentos figura el hecho de que la comisión incumplió el reglamento que establece los lineamientos para que los partidos presenten sus balances anuales. Omitió el levantamiento del acta y conclusión de los trabajos de revisión, subrayó.

Además, las conclusiones contenidas en el dictamen fueron entregadas hasta el 7 de agosto. Un día después, víspera de la sesión de Consejo General del IFE, se entregó una "fe de erratas". En consecuencia, se violó la normatividad, porque no fue presentada con oportunidad la información completa.

Incluso, indica, integrantes de la Comisión de Fiscalización no conocieron el dictamen que previamente había sido elaborado el 5 de agosto. La mayoría de los consejeros no tuvieron información suficiente. Jacqueline Peschard, José Barragán y Gastón Luken, según las versiones estenográficas, no tuvieron el proyecto de resolución sobre el PRD.

Gómez Alvarez señala en el documento que no es cierto que el PRD haya negado entregar los balances de comprobación y las auxiliares contables. Lo que sucedió en este punto, se explica, es que no se solicitaron las aclaraciones respectivas y, consecuentemente, "no se otorgó el derecho de audiencia".

Además señala que la Comisión de Fiscalización requirió al PRD aclaraciones sobre una serie de depósitos que "no fueron registrados en los informes definitivos". Las aclaraciones, según el partido, fueron presentadas pero sin que se tomaran en cuenta.

En forma arbitraria, se elevó el porcentaje de las sanciones pecuniarias de 4.10 por ciento de las ministraciones mensuales a la misma proporción aunque cuatrimestral, "sin que se refiriera razonamiento jurídico alguno".

Gómez refuta el señalamiento del IFE en el sentido de que el PRD no estableció el manejo mancomunado de las cuentas. Aunque no se dio el derecho de audiencia, estatutariamente el precepto señalado en el código electoral fue salvado con un manejo único de los recursos por parte del oficial mayor, argumenta el perredista.

No es cierto, continúa Gómez, que se omitiera la presentación de 30 conciliaciones bancarias en ocho cuentas. Se hicieron los requerimientos y se proporcionó la información, incluso con detalle, de aquellas cuentas bancarias que fueron canceladas.

En el mismo caso se encuentra la comprobación de gastos o la retención del impuesto sobre la renta, las transferencias de recursos a estados y la justificación de gastos de campaña. Toda la documentación, resume, ha sido remitida al tribunal electoral para que revoque la resolución del instituto.