En tiendas de teléfonos y lotes de autos lavaban dinero del narcotráfico, dice la AFI

Vinculada con plagios y robo de vehículos, la banda de Ma Baker: procuraduría mexiquense

ISRAEL DAVILA Y RENE RAMON ALVARADO CORRESPONSALES

La banda de Ma Baker, principal distribuidora de estupefacientes en Nezahualcóyotl, estado de México, y Tepito, Distrito Federal, que presuntamente fue la que ordenó las ejecuciones de los tres jefes policiacos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la policía capitalina, también tiene cuentas pendientes con la procuraduría mexiquense, afirmó el titular de esta última dependencia, Alfonso Navarrete Prida, al asegurar que existen líneas de investigación sobre los miembros de la organización criminal por robo de automóviles y secuestros en el oriente de la entidad.

En tanto, en el penal de máxima seguridad de La Palma y en el estatal de Santiaguito, municipio de Almoloya de Juárez, donde se encuentran recluidos desde el lunes pasado Delia Patricia Buendía Gutiérrez, conocida como Ma Baker, y sus cómplices, se negaron a rendir declaración preparatoria ante el juez segundo B de distrito en materia penal federal, por los delitos de violación a las leyes federales contra la delincuencia organizada y contra la salud que les imputa la PGR.

Miguel Velásquez y Roberto Rivera, abogados de los presuntos delincuentes, aseguraron que sus clientes se acogieron a su derecho de no declarar ante el juez que conoce de la causa, y aseguraron que "todo se trata de un malentendido y una arbitrariedad de la PGR", ya que esta familia tiene una forma honesta de ganarse la vida, por lo que son inocentes de todo lo que se les acusa.

Entrevistado en Toluca, Navarrete Prida aclaró que existen averiguaciones previas contra estos sujetos en las que se les involucra en la comisión de delitos del fuero común.

La banda, integrada por Buendía Gutiérrez, sus hijas Nadia Isabel y Gabriela Bustos, así como por Fernando Morales Castro, Agustín Guardado Vázquez y Mario Solís Araiza, fue detenida por elementos de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Salud (FEADS) de la PGR, quienes los identifican como los presuntos responsables de los homicidios del comandante de la policía capitalina Guillermo Robles Liceaga; del ex fiscal de asuntos relevantes de la fiscalía de delitos contra la salud, Mario Roldán Quirino, y de Nicolás Humberto del Aguila Jiménez, agente del Ministerio Público Federal.

Estos sujetos, informó la PGR, tenían una red de protección de más de 20 servidores públicos, incluidos un magistrado federal, una juez de distrito y elementos de las policías ministerial del estado de México y municipal de Nezahualcóyotl.

Al respecto, Navarrete Prida mencionó que hasta el momento no conoce la identidad de los policías judiciales mexiquenses que les brindaban protección, por lo que solicitó a la PGR un informe al respecto.

Indicó que Buendía Gutiérrez y sus cómplices eran investigados por la dependencia, al estar acusados de robo de automóviles y secuestros, ilícitos en los que también "gozaban de protección de servidores públicos de los tres niveles de gobierno".

También señaló que la escolta que proporcionó al alcalde de Nezahualcóyotl, Héctor Bautista López, continuará brindándole protección indefinidamente, "ya que aún no están capturados todos los integrantes de la banda".

Lavaban dinero en arena de lucha libre

La Arena de Luchas Nezahualcóyotl no era el único negocio en el que presuntamente la banda de Ma Baker lavaba dinero proveniente del narcotráfico. También la Agencia Federal de Investigación (AFI) indaga una cadena promotora de telefonía celular y varias tiendas de venta y alquiler de trajes, así como la venta de autos usados en el Bordo de Xochiaca.

El jueves pasado un comando especial de la Agencia Federal de Investigación (AFI) ingresó al centro deportivo para detener al cabecilla de la banda, Carlos Morales, El Aguila, quien hasta 1999 se desempeñó como policía judicial del estado de México en un grupo de combate a la delincuencia; sin embargo, el operativo no dio resultado, pues se dio a la fuga.

Para el diputado federal perredista Emilio Ulloa Pérez, hay más de 100 negocios que operan con dinero ilícito y ganan mensualmente alrededor de dos millones de dólares.

"Lo que no se vale es que la PGR haya decidido actuar hasta que la autoridad municipal hizo pública la denuncia, cuando un año antes se le había pedido su intervención de manera formal", añadió.

Sostuvo que para los habitantes de Nezahualcóyotl "es muy importante que la PFP pudiera hacer presencia, porque ante los desmantelamientos de bandas los espacios vacíos no existen, pues los ocupan otros. La presencia de la PFP es fundamental para contener cualquier ambiente de guerra entre estos grupos que buscan posicionarse en el espacio que ha sido desocupado y que a otros interesa llenar. Esto nos preocupa mucho y por eso es importante la presencia de la policía federal."

Desde hace tres años Delia Patricia Buendía Gutiérrez adquirió la Arena de Luchas Nezahualcóyotl, de casi mil metros cuadrados; sólo el predio tiene un valor catastral superior a los dos millones de pesos. Según la Dirección de Seguridad Pública de esta localidad, desde hace ocho meses agentes encubiertos empezaron a indagar sobre el inmueble, donde se supone que durante las funciones de lucha la banda de Ma Backer realizaba sus operaciones.

Sin embargo, Sandra Granados Soto, vocera de la empresa de lucha libre que renta el inmueble (al igual que las arenas México y Coliseo), aclaró que las actividades a las que se dedicaba Delia Patricia Buendía no tienen nada que ver con los eventos deportivos y de espectáculos que se presentan en la propiedad ubicada en la avenida Carmelo Pérez número 368, colonia Ampliación Vicente Villada.

"Ellos, los dueños, no tenían injerencia en nuestra organización. Todo nuestro personal, luchadores, taquilleras, acomodadores, anunciadores, comerciantes y administrativos provienen de lugares ajenos a este municipio." Comentó que el próximo 26 de agosto se vencerá su contrato de arrendamiento.

Relató que vivió el operativo especial que el pasado jueves implementó la AFI. "Acababa de terminar nuestra función, en la que se presentaron los luchadores Shocker, el Gigante Silva y Los Temerarios, y comandos armados y encapuchados ingresaron por la fuerza a la arena, sin argumentar a quién buscaban o cuál era el objeto, lo cual generó temor e incertidumbre entre los aficionados."

El Licenciado, abogado de La Loba

Agustín Guardado Vázquez, a quien la PGR involucra como parte de la banda, tenía sus oficinas a escasos 50 metros del centro de justicia La Perla. Abogado de profesión, llevó el caso de Guadalupe Buendía Torres, La Loba, presa en el penal de Santiaguito por la matanza de Chimalhuacán, según las investigaciones policiacas. El Licenciado optó por defender a personas involucradas en la venta y distribución de drogas. Ahora, según se estableció, Guardado, es defendido por Manuel Baca Godoy, quien llevó el caso del ex gobernador Mario Villanueva.