El gobierno capitalino se opone a que sean ratificados

Divide a diputados situación legal de dos magistrados del Tribunal de lo Contencioso

RAUL LLANOS Y GABRIELA ROMERO

Los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa se enfrascaron ayer en un debate sobre la ratificación de dos magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCA).

Uno de los puntos centrales de la discusión fue que diputados de PRI y PAN se quejaban de que el jefe de Gobierno en la capital, Andrés Manuel López Obrador, les había enviado una "carta" en la que les pedía que no ratificaran a los magistrados Francisco Ponce Gómez y José Luis Moctezuma Orozco.

Sin embargo, el perredista Gilberto Ensástiga, vicepresidente de dicha comisión, les aclaró que la postura del mandatario capitalino era dejar en manos de los legisladores tal decisión. De hecho, un oficio firmado por el secretario de Gobierno, José Agustín Ortiz Pinchetti, establece: "se somete a la aprobación de esa H. Asamblea Legislativa las resoluciones fundadas y motivadas emitidas por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, que determinan la no ratificación" de los dos magistrados del TCADF.

Incluso en la sesión de ayer de dicha comisión se presentaron ambos magistrados, quienes expusieron sus argumentos acerca de por qué deben seguir en el Tribunal de lo Contencioso en su carácter de inamovibles.

De entrada, el priísta Arturo Barajas y el panista Francisco Solís dijeron que votarían a favor de que se les ratifique; en tanto que otros, como Juan José Castillo Mota y Rafael Luna Alviso, del PRI, así como el perredista Gilberto Ensástiga, pidieron tiempo para conocer más a fondo el asunto y tomar una resolución definitiva.

En el oficio, para sustentar la determinación del mandatario capitalino, Ortiz Pinchetti remitió a los diputados una copia del comunicado mediante el cual la presidenta del TCADF comunica el dictamen valuatorio emitido por la sala superior de dicho órgano jurisdiccional, en el que, en términos de ley, se emite opinión sobre su actuación como magistrados.

Ante los legisladores, Francisco Ponce Gómez argumentó que en su caso fue designado como magistrado del TCADF para el periodo 1992-1998, y que al terminar este encargo nunca se les dijo que serían removidos o ratificados; no obstante, vencida esa fecha se les trató de sustituir, razón por la cual se ampararon y el juzgado quinto de circuito ordenó que se definiera su situación de acuerdo con la ley, por lo que se inició este proceso legal.